Piden que masacre de Alto Remanso no pase a la justicia militar: HRW
La solicitud la hizo esta organización a la Corte Constitucional, que estudia si el proceso penal contra 25 militares que habría asesinado a civiles en medio de un operación militar contra las disidencias de las FARC, tienen que ser procesados por la justicia militar o la ordinaria.
Desde julio de 2023, la Corte Constitucional estudia un grave expediente es adelantado por la Justicia Penal Militar o la ordinaria. Se trata de la masacre de Alto Remanso en Putumayo, ejecutada el 28 de marzo de 2022. En el hecho violento murieron 11 personas, entre ellas, al menos cinco civiles y otras cuatro quedaron heridas. Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio fueron hasta el lugar de la zona cinco días después del operativo y revelaron detalles sobre las inconsistencias, como la posible manipulación de los cuerpos.
Lea: Lea la investigación completa: Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles
Uno de los pronunciamientos que ha escrito la Corte para determinar qué justicia se encargará juzgar el hecho está Human Rights Watch, lo organización que hace veeduría de derechos humanos en todo el mundo. “Las autoridades colombianas deberían transferir el caso al sistema de justicia ordinario y garantizar justicia para las personas en Alto Remanso (…) La Fiscalía General también debería investigar si algún funcionario intentó deliberadamente obstaculizar la investigación sobre estos asesinatos del ejército”, explica en el escrito Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América.
En julio pasado, El Espectador reveló que el fiscal del caso, Luis Alfonso Cabezas Guzmán, en el que considera que no existe conflicto de intereses. De hecho, advierte que sería un “exabrupto” enviar el caso a la Corte Constitucional, porque se corre el riesgo de que se venzan los términos. Sin embargo, el juzgado remitió el caso para que la Corte emita una decisión de fondo. La audiencia de imputación, que estaba programada para realizarse entre el 1 y el 4 de agosto de manera virtual, quedó suspendida hasta que no haya decisión del alto tribunal.
La solicitud para que el caso llegara a la Justicia Penal Militar la elevaron los abogados de los militares en el mes de junio. El caso que investigan es el operativo militar ocurrido el 28 de marzo de 2022, en el que murieron 11 personas, entre ellas, al menos cinco civiles y otras cuatro quedaron heridas. Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio fueron hasta el lugar de la zona cinco días después del operativo y revelaron detalles sobre las inconsistencias, como la posible manipulación de los cuerpos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Desde julio de 2023, la Corte Constitucional estudia un grave expediente es adelantado por la Justicia Penal Militar o la ordinaria. Se trata de la masacre de Alto Remanso en Putumayo, ejecutada el 28 de marzo de 2022. En el hecho violento murieron 11 personas, entre ellas, al menos cinco civiles y otras cuatro quedaron heridas. Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio fueron hasta el lugar de la zona cinco días después del operativo y revelaron detalles sobre las inconsistencias, como la posible manipulación de los cuerpos.
Lea: Lea la investigación completa: Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles
Uno de los pronunciamientos que ha escrito la Corte para determinar qué justicia se encargará juzgar el hecho está Human Rights Watch, lo organización que hace veeduría de derechos humanos en todo el mundo. “Las autoridades colombianas deberían transferir el caso al sistema de justicia ordinario y garantizar justicia para las personas en Alto Remanso (…) La Fiscalía General también debería investigar si algún funcionario intentó deliberadamente obstaculizar la investigación sobre estos asesinatos del ejército”, explica en el escrito Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América.
En julio pasado, El Espectador reveló que el fiscal del caso, Luis Alfonso Cabezas Guzmán, en el que considera que no existe conflicto de intereses. De hecho, advierte que sería un “exabrupto” enviar el caso a la Corte Constitucional, porque se corre el riesgo de que se venzan los términos. Sin embargo, el juzgado remitió el caso para que la Corte emita una decisión de fondo. La audiencia de imputación, que estaba programada para realizarse entre el 1 y el 4 de agosto de manera virtual, quedó suspendida hasta que no haya decisión del alto tribunal.
La solicitud para que el caso llegara a la Justicia Penal Militar la elevaron los abogados de los militares en el mes de junio. El caso que investigan es el operativo militar ocurrido el 28 de marzo de 2022, en el que murieron 11 personas, entre ellas, al menos cinco civiles y otras cuatro quedaron heridas. Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio fueron hasta el lugar de la zona cinco días después del operativo y revelaron detalles sobre las inconsistencias, como la posible manipulación de los cuerpos.
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