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Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, falleció en la mañana de este sábado en la Clínica Conquistadores de Medellín, Antioquia. Una de las principales caras del petrismo, liberal durante décadas, se vio envuelta en distintos líos judiciales a lo largo de su carrera política que llevaron a que la Corte Suprema de Justicia la investigara desde hace más de una década por delitos relacionados con su cercanía al gobierno venezolano, las FARC y el supuesto enriquecimiento ilícito de su familia.
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En la Corte Suprema de Justicia, hay todavía expedientes en contra de Piedad Córdoba: uno en el que la investigan por rebelión, y otro por enriquecimiento ilícito. En julio del año pasado, El Espectador tuvo acceso todo el expediente que está en la Sala de Instrucción del alto tribunal en contra de la fallecida política antioqueña. En ese momento, este diario reveló informes inéditos de inteligencia, análisis de las finanzas de la congresista y de 16 miembros de su familia, e interceptaciones de comunicaciones que están en el despacho de la magistrada Cristina Lombana.
El supuesto enriquecimiento ilícito de Piedad Córdoba y su familia
Uno de los testimonios más valiosos que tiene la Corte Suprema en contra de Piedad Córdoba es el de su exasesor Andrés Vásquez. El hombre, que por años fue la mano derecha de la política, fue también testigo y protagonista de las movidas de la fallecida senadora. Según él, todo inició con la cercanía de ella con las FARC y el gobierno chavista de Venezuela durante la década del 2000. “Piedad llega a Venezuela sin tener un propósito de enriquecimiento. Su propósito era la Presidencia y lograr el acuerdo humanitario como un trampolín a ser presidenta. Con el tiempo, y lo relata muy bien Gerardo Reyes en el libro, los mismos hijos le empiezan a decir a Piedad: ‘Sin plata no hay política’”, dijo Vásquez a la Corte.
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Vásquez se refería al libro “Álex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, publicado en 2021 por Editorial Planeta. En el texto, el periodista Gerardo Reyes construye la historia del empresario colombiano recientemente liberado por Estados Unidos, que lo mantenían privado de la libertad por, supuestamente, lavarle millones de dólares al régimen venezolano.
Vásquez le explicó a la Corte que: “Piedad sí ejerció un papel importante en la creación de una estructura financiera en Venezuela, que permitió a muchos empresarios hacer negocios en Venezuela, de los cuales Piedad se beneficiaba o alguno de su círculo cercano de manera económica, con porcentajes o con sociedades”. Ese tipo de negocios está prohibido para cualquier congresista. Entre los empresarios que supuestamente ayudó Piedad Córdoba está Carlos Balilla Battistini, un empresario colombo-venezolano.
En 2010, la Fiscalía analizó más de 10.000 correos de la senadora y de asesores suyos como Andrés Vásquez y otras personas. Según el informe del ente investigador, el equipo de la senadora y la empresa Led Media intercambiaban cuentas por pagar, incluso de actividades publicitarias para su campaña. Aunque el ente investigador hizo ese trabajo, la Corte revisó los resultados y encontró que el caso había sido archivado y el expediente estaba refundido.
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Finalmente, las carpetas con las evidencias que logró recopilar la Fiscalía fueron halladas en las instalaciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). De hecho, el DAS también tiene que ver con la investigación en contra de la fallecida senadora, pues otra de las declaraciones que la enreda es la de una exfuncionaria de esa agencia: Marta Inés Leal Llanos, subdirectora de inteligencia condenada por el escándalo de las chuzadas. En 2007, la división de Leal inició una investigación sobre la supuesta financiación del Gobierno de Venezuela a la entonces senadora del Partido Liberal. Los dineros, al parecer, llegaban a las arcas de Córdoba a través de la empresa de fertilizantes Monómeros.
Para corroborar la información, la magistrada Cristina Lombana les pidió a varias entidades revisar las finanzas de la senadora y fue así que la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) —organismo de inteligencia económica y financiera adscrito al Ministerio de Hacienda— entregó un informe en noviembre de 2021. En el documento, se pusieron de presente varias actividades sospechosas, como las consignaciones que le hizo César Ruiz Sandoval a Piedad Córdoba y varios de sus familiares, que suman casi $900 millones, luego de que él mismo recibiera transferencias de empresas de Álex Saab. Ruiz Sandoval fue asesinado en 2022 en Barranquilla tras un aparente ataque sicarial.
El mismo informe señala que en 2013 fue comprado el apartamento en el que vivía la senadora Córdoba, en el centro de Bogotá, con un área de 545 metros cuadrados. En su análisis, la UIAF determinó que, de acuerdo con el precio del metro cuadrado para ese entonces, el inmueble valía realmente $4.400 millones, pero Córdoba reportó haber pagado $978 millones. Además de no entender la gran diferencia entre el valor real y lo pagado por la congresista, la UIAF señaló que “hay un origen desconocido de los recursos propios (de Piedad Córdoba) por $226 millones que fueron utilizados para la compra del inmueble”, porque ese año solo reportó ingresos por $215 millones.
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Por estas diferencias, la magistrada Lombana había ordenado que también fueran revisadas las finanzas de los miembros de su familia. Las averiguaciones sobre los integrantes de la familia arrojaron que los tres hijos de Piedad Córdoba, el exsenador Juan Luis Castro Córdoba y sus hermanos Natalia y Camilo, son socios de una empresa llamada Papalma Inversiones, hoy Golden Palms Investments. Según Andrés Vásquez, utilizaron esa sociedad “para que los dineros provenientes de Venezuela o de los negocios en Venezuela ingresaran a Colombia”.
La investigación contra Piedad Córdoba inició por su cercanía con las FARC
Hacia el final del segundo período presidencial de Álvaro Uribe, la Corte Suprema de Justicia comenzó a indagar si Córdoba abusó de la designación que le dio ese gobierno del 15 de agosto al 21 de noviembre de 2007 para mediar en un intercambio humanitario de secuestrados en poder de la extinta guerrilla de las FARC. En ese proceso, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ofreció a colaborar para que se firmara el acuerdo de liberación y, según testimonios que reposan en el alto tribunal, desde ahí se gestó la cercanía de la fallecida senador con el chavismo. La Corte también encontró que el permiso que le dio el gobierno de Uribe a Córdoba para negociar fue de solo tres meses, y que después de terminado ese tiempo, ella siguió relacionándose con altos mandos de las FARC, a los que, supuestamente, asesoraba para acercarse al gobierno de Chávez.
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Dentro de otras pruebas que ha recolectado la magistrada Lombana sobre la relación de Córdoba con las FARC, hay testimonios como el de Víctor Tomnyuk, ciudadano ucraniano que se infiltró en la guerrilla haciéndose pasar por un miembro del Partido Comunista ruso. Según su relato, conoció a la senadora en una reunión política y que altos mandos de la otrora guerrilla le habían dicho que la estaban “preparando” para que fuera presidenta de Colombia. Asimismo, testimonios como el de Íngrid Betancourt, quien le dio su testimonio a Lombana en febrero de 2022, aseguró en la Corte Suprema que en la década de los 90, cuando coincidieron en el Congreso, “todos sabíamos que Piedad tenía relación directa con los comandantes de las FARC. Ella lo decía también”.
Desde que el expediente llegó a manos de la magistrada Lombana, Piedad Córdoba y su abogada, Ximena Castilla, trataron de separarla de la investigación. Su principal argumentando es que, como se lo dijo la defensora de la fallecida congresista a este diario en julio del año pasado, por el pasado militar de la togada, no ha sido imparcial durante el proceso, ya que, según expresó, “las Fuerzas Militares declararon a Piedad Córdoba como su enemiga”. Actualmente, el proceso está en pausa, debido a que hay una recusación en contra Lombana que aún no ha sido resuelta.
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