Proceso contra la senadora Piedad Córdoba por “farcpolítica” sigue en firme

Un nuevo capítulo se abre en el proceso que enfrenta la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, por su participación en la llamada “farcpolítica”. La congresista, quien a través de su abogada Ximena Castilla, presentó una solicitud para anular su proceso judicial, seguirá siendo investigada por el alto tribunal. La investigación de la Corte, que busca establecer si la congresista tuvo nexos ilegales con la extinta guerrilla de las Farc, seguirá en firme.

La magistrada del caso, Cristina Lombana, fue recusada por la defensa de Córdoba en días pasados, alegando que no contaba con las garantías de imparcialidad, pues tenía una “mentalidad militar así se haya quitado el uniforme”, por lo cual las decisiones no serían objetivas teniendo en cuenta que se estaba “juzgando a una senadora de izquierda”. La Corte, sin embargo, rechazó en febrero pasado los argumentos de Ximena Castilla, abogada de la congresista, y señaló que la magistrada sí cuenta con las facultades para seguir adelante con las investigaciones.

Lea aquí: Las pruebas sobre Piedad Córdoba y la farcpolítica

Entre el paquete de pruebas contra la senadora, que reposan en la Corte, está el testimonio de Andrés Vásquez, uno de los exasesores de Córdoba, quien ha señalado que la hoy congresista utilizó la mediación y liberación de secuestrados con fines políticos, incluido el caso de Ingrid Betancourt, quien fue liberada en 2008 por medio de la Operación Jaque. La investigación, además, se ha centrado en hechos que rodearon los acuerdos humanitarios que Córdoba hizo con las Farc, con apoyo del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, para la entrega de secuestrados. Otro de los testimonios de Vásquez apunta a que Córdoba era identificada como alias Teodora, nombre que es mencionado en repetidas ocasiones en correos y documentos extraídos del computador de Raúl Reyes.

“Es cierto que se estableció, desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes, una comunicación con él directa o de manera indirecta entre ella y él. Y yo escuché a Piedad no solo decírmelo a mí, sino decírselo en ese momento al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro”, le dijo Vásquez a Noticias Caracol en febrero del año pasado. Cuando estalló el escándalo por el contenido de los computadores de Raúl Reyes, ella negó cualquier vínculo con las Farc, más allá de los acuerdos humanitarios que negociaba.

Las investigaciones por parte de Lombana han llegado hasta las finanzas de la congresista. Desde diciembre de 2020, la Corte pidió a bancos información de las cuentas de Piedad Córdoba, su exmarido, su hija, sus hijos, así como de sus hermanas y hermanos. En todos los casos, la magistrada pidió información hasta 2016, lo que llevó a la abogada de Córdoba a preguntar en la tutela: “¿Qué investiga realmente esta funcionaria?, ¿Por qué involucra a los familiares de Piedad Córdoba en sus indagaciones financieras y tributarias, y por qué hasta el año 2016, seis años después de la salida del Congreso de Piedad (Córdoba)?”. No obstante, la solicitud de los documentos financieros se hizo 10 meses antes de escuchar el testimonio de Vásquez.

Sumado a la extradición de su hermano hacia Estados Unidos en enero de este año y las negativas en este caso por parte del alto tribunal, esta es una nueva derrota para la congresista del Pacto Histórico, quien ha tenido varias batallas judiciales en los últimos meses de las cuales no ha salido bien librada y por las cuales, en este escenario, seguirá siendo investigada.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Un nuevo capítulo se abre en el proceso que enfrenta la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, por su participación en la llamada “farcpolítica”. La congresista, quien a través de su abogada Ximena Castilla, presentó una solicitud para anular su proceso judicial, seguirá siendo investigada por el alto tribunal. La investigación de la Corte, que busca establecer si la congresista tuvo nexos ilegales con la extinta guerrilla de las Farc, seguirá en firme.

La magistrada del caso, Cristina Lombana, fue recusada por la defensa de Córdoba en días pasados, alegando que no contaba con las garantías de imparcialidad, pues tenía una “mentalidad militar así se haya quitado el uniforme”, por lo cual las decisiones no serían objetivas teniendo en cuenta que se estaba “juzgando a una senadora de izquierda”. La Corte, sin embargo, rechazó en febrero pasado los argumentos de Ximena Castilla, abogada de la congresista, y señaló que la magistrada sí cuenta con las facultades para seguir adelante con las investigaciones.

Lea aquí: Las pruebas sobre Piedad Córdoba y la farcpolítica

Entre el paquete de pruebas contra la senadora, que reposan en la Corte, está el testimonio de Andrés Vásquez, uno de los exasesores de Córdoba, quien ha señalado que la hoy congresista utilizó la mediación y liberación de secuestrados con fines políticos, incluido el caso de Ingrid Betancourt, quien fue liberada en 2008 por medio de la Operación Jaque. La investigación, además, se ha centrado en hechos que rodearon los acuerdos humanitarios que Córdoba hizo con las Farc, con apoyo del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, para la entrega de secuestrados. Otro de los testimonios de Vásquez apunta a que Córdoba era identificada como alias Teodora, nombre que es mencionado en repetidas ocasiones en correos y documentos extraídos del computador de Raúl Reyes.

“Es cierto que se estableció, desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes, una comunicación con él directa o de manera indirecta entre ella y él. Y yo escuché a Piedad no solo decírmelo a mí, sino decírselo en ese momento al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro”, le dijo Vásquez a Noticias Caracol en febrero del año pasado. Cuando estalló el escándalo por el contenido de los computadores de Raúl Reyes, ella negó cualquier vínculo con las Farc, más allá de los acuerdos humanitarios que negociaba.

Las investigaciones por parte de Lombana han llegado hasta las finanzas de la congresista. Desde diciembre de 2020, la Corte pidió a bancos información de las cuentas de Piedad Córdoba, su exmarido, su hija, sus hijos, así como de sus hermanas y hermanos. En todos los casos, la magistrada pidió información hasta 2016, lo que llevó a la abogada de Córdoba a preguntar en la tutela: “¿Qué investiga realmente esta funcionaria?, ¿Por qué involucra a los familiares de Piedad Córdoba en sus indagaciones financieras y tributarias, y por qué hasta el año 2016, seis años después de la salida del Congreso de Piedad (Córdoba)?”. No obstante, la solicitud de los documentos financieros se hizo 10 meses antes de escuchar el testimonio de Vásquez.

Sumado a la extradición de su hermano hacia Estados Unidos en enero de este año y las negativas en este caso por parte del alto tribunal, esta es una nueva derrota para la congresista del Pacto Histórico, quien ha tenido varias batallas judiciales en los últimos meses de las cuales no ha salido bien librada y por las cuales, en este escenario, seguirá siendo investigada.

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