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Con dos maletas en sus manos y en compañía de su abogado defensor, el reconocido ganadero y representante legal de la Agropecuaria Achury Viejo, Felipe Rocha, se entregó a las autoridades en el Búnker de la Fiscalía. Lo hizo un día después de que un juez lo enviara a la cárcel por ser el presunto responsable de crear un negocio que en realidad era una pirámide que se derrumbó. Según las investigaciones, habría ofrecido inversiones para levantar ganado, respaldado en el reconocimiento que tiene su familia en el sector, sin embargo, la compra de este nunca se habría realizado y el dinero habría sido utilizado para otro tipo de inversiones y gastos.
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#ATENCIÓN | El empresario Felipe Rocha se entrega voluntariamente a las autoridades luego de que la jueza de su caso aceptara la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento intramural dentro del proceso que enfrenta por estafa agravada.
— Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) March 12, 2024
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El negocio era muy simple. Rocha ofrecía a personas cercanas a él una inversión de dinero para el engorde de ganado por 12 meses, en el que garantizaba una utilidad del 30% a favor de los inversionistas. El negocio brindaba toda la confianza, porque, además del retorno prometido, ofrecía la experiencia y los terrenos de la empresa de la cual es representante legal, y porque Rocha les enviaba soportes cuando los inversionistas le consignaban el dinero para realizar la compra. Pero, todo era una fachada, pues el negocio jamás existió.
Según la Fiscalía, Rocha habría recibido cerca de $4.984 millones entre el 27 de mayo de 2015 y el 19 de febrero de 2023, por cuenta de las negociaciones con los afectados. Estos acuerdos se habrían realizado de forma individual y a cada uno de los interesados los habría abordado de forma diferente, a algunos de ellos incluso les habría solicitado pagar en dólares. Por estos hechos, fue imputado por los delitos de estafa y falsedad en documento privado.
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En agosto del año pasado, la Superintendencia reveló el nombre de las 67 personas que resultaron afectadas en esta pirámide. Las solicitudes recopiladas por la Superintendencia tendrían un valor superior a los 24 mil millones de pesos. Entre los afectados se encuentran Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el columnista Yohir Akerman, el excongresista Alberto Montoya Puyana; la modelo y relacionista pública Carolina Castro de Bergerot y los empresarios Pedro Dávila y Augusto Zárate Gutiérrez.
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