Pistas para un proceso que es imprescriptible

El 2 de julio de 2010, la Fiscalía declaró que el homicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano, fue un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, la investigación es imprescriptible. Pero al margen de algunos testimonios y diligencias, cuatro años después no hay decisiones que apunten a esclarecer lo sucedido. Esta semana, a raíz del debate entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe en el Congreso, salió a relucir el caso y, por lo que se supo, la justicia aún tiene cómo impedir que la impunidad siga siendo el norte de este expediente.

Aunque desde el miércoles 17 de diciembre, día en que fue asesinado Guillermo Cano, toda Colombia entendió que fue un magnicidio ordenado por Pablo Escobar y su organización criminal, sólo un individuo purgó escasos seis años de prisión por el hecho. Luis Carlos Molina Yepes, un prestamista de dinero de cuya cuenta bancaria salió el cheque con que se pagó el asesinato. El pasado miércoles, en desarrollo del citado debate, quedó más claro que nunca que Molina fue mucho más que un simple cómplice del crimen.

Sus movimientos económicos entre 1981 y 1989 a través de la sociedad Comfirmesa, dados a conocer por el senador Iván Cepeda, constituyen una muestra del nivel de relaciones que tenía Luis Carlos Molina con empresarios, políticos y, por supuesto, con integrantes de la mafia. Lo había advertido el confeso narcoterrorista Popeye: “La mayoría de los miembros de la organización y las familias cambiábamos los cheques donde Molina”. Era el banquero del cartel de Medellín que la justicia no supo dimensionar en su momento.

Hace 26 años, antes de evadirse del DAS como Pedro por su casa, Luis Carlos Molina Yepes dejó entrever su poder: “Tengo una fábrica, Comestibles Dan, Comlicores, Comfirmesa, tengo sucursales en Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cali, vehículos, apartamentos, acciones en Fabricato y terrenos en Antioquia. Hace cuatro meses yo era el principal accionista del Banco Ganadero”. Sin embargo, cuando la justicia le fue citando nombres de los destinatarios de su dinero, su respuesta genérica fue: “No sé quién es”.

Hoy está claro que sí sabía y le mintió a la justicia. Cuando fue recapturado, en febrero de 1997, ya estaba sentenciado a 25 años de prisión. Sólo pagó seis y las autoridades ni siquiera se interesaron en promover una extinción de dominio de sus bienes. Revisando el expediente por el crimen de Guillermo Cano para confrontarlo con la documentación que aportó el senador Cepeda sobre la sociedad Comfirmesa, caben dos conclusiones: hace un cuarto de siglo la justicia se quedó a mitad de camino, pero ahora lo puede enderezar.

Son 32 los nombres que aparecen en las escrituras, actas y demás documentos del historial de la sociedad Comfirmesa. Eso sin tener en cuenta los otros negocios de Molina Yepes, de los que poco se sabe. Un ligero rastreo a esta lista va dejando sorpresas. No quiere decir que todos sean culpables o que puedan estar relacionados con el magnicidio de Guillermo Cano, pero tratándose de un caso imprescriptible, sus declaraciones podrían ayudar a desentrañar la telaraña política, económica y judicial del cartel de Medellín.

Cuando la sociedad de Molina inició operaciones como Firme S. A., según consta en los documentos, su representante legal fue Iván Felipe Palacio Restrepo. Hace 26 años, cuando le preguntaron a Molina por él, contestó que lo conocía, que hicieron negocios de construcción y que era un abogado prestante de Medellín. Tan importante que en 1992, como lo dice una publicación de El Tiempo, fue designado secretario de gobierno de Antioquia, como cuota del dirigente Álvaro Uribe. En 1998 repitió, pero en Medellín. En ambos casos su jefe fue Juan Gómez Martínez.

En el acta de la junta directiva de Firme S. A., aprobada en diciembre de 1981, además de Iván Felipe Palacio y algunos familiares de Molina Yepes, aparecen Carlos Alberto Gaviria Vélez, Diego Aristizábal Mejía e Isaías Vayda Shulmann. De Gaviria se sabe que es primo hermano de Pablo Escobar y hermano del hoy senador José Obdulio Gaviria. Cuando Molina huyó del DAS, en marzo de 1988, la justicia quería saber qué clase de negocios tenía con Carlos Alberto Gaviria y constató sus transacciones en el Banco Ganadero.

Gaviria nunca explicó esos negocios, como tampoco por qué referenció al mismo banco a Héctor Barrientos, gerente administrativo de la Hacienda Nápoles, fortín de Pablo Escobar. En 2007, cuando El Espectador le preguntó por ellos dijo que había tenido negocios con Molina y Barrientos, pero que no recordaba los detalles, pues se había desligado de ellos hace muchos años. Los documentos prueban que cuando Firme S. A. se volvió Comfirmesa en febrero de 1982, Gaviria presidió la asamblea del cambio.

Otro de los directivos de la empresa de Molina Yepes, desde Firme S. A. hasta Comfirmesa, fue Diego Aristizábal Mejía. En 2010, una sociedad agrícola dirigida por él y Luis Bernardo Mejía Molina fue incluida en la Lista Clinton. En el organigrama de las autoridades judiciales se reseñó a Aristizábal como parte de la organización del extraditado narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, conocido como el Arquitecto.

El otro miembro de la junta directiva de la sociedad de Molina era Isaías Vayda Shulmann. En el expediente por el magnicidio de Guillermo Cano, tanto él como Gabriel Londoño White —constructor del famoso edificio Mónaco de Pablo Escobar Gaviria— aparecen autorizados para girar cheques a partir de la misma cuenta corriente que hizo parte de las inspeccionadas por la justicia por sus nexos con Luis Carlos Molina Yepes. Isaías Vayda llegó a ser gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano del Valle de Aburrá.

En marzo de 1983 hubo cambios en Comfirmesa S. A. En ese momento quedó registrado el nombre de Álvaro Uribe Vélez como miembro principal de la junta. En el debate del miércoles y a través de documentos enviados a este diario, Uribe aclaró que no aceptó dicha designación y así lo reconocieron los entonces directivos Gabriel Jaime Acevedo e Iván Felipe Palacio. Lo cierto es que en noviembre de 1983 su nombre volvió a quedar incluido en certificación expedida por la Cámara de Comercio de Medellín.

En diciembre de 1987, cuando Luis Carlos Molina ya estaba en la mira de la justicia, gestionó la cesión de sus acciones en Comfirmesa. Se las entregó a Mario Cuartas Múnera, quien lo acompañó en los negocios desde 1981. Para cerrar el negocio, su abogado de cabecera fue Álvaro Montoya Flórez. El nombre de este abogado figura desde el frágil expediente por el magnicidio de Guillermo Cano. En uno de los memoriales del defensor de Molina, el abogado Guillermo Angulo lo cita como testigo de un hecho insólito.

Según el documento, Montoya Flórez constató la animadversión que la jueza 89 de Instrucción Criminal, Consuelo Sánchez Durán, quien tenía por su cliente a Luis Carlos Molina Yepes. Además, dijo que se encontraban en las instalaciones del DAS. Días después, Molina se dio a la fuga. Con el paso de los años se vino a saber que Álvaro Montoya fue el primer defensor de la congresista Yidis Medina, cuando ésta apenas empezaba a enfrentar un proceso penal y aún no había roto relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe.

Álvaro Montoya es hermano de Raúl Montoya Flórez, quien en abril de 2006 tuvo que renunciar a la coordinación de la campaña reeleccionista del entonces presidente Uribe, en el departamento del Magdalena. Lo hizo después de que este diario constatara, también rastreando el expediente por el crimen de Guillermo Cano, que recibió cinco cheques de Luis Carlos Molina Yepes. Como todas sus declaraciones, en su momento Molina lo presentó como un amigo a quien seguramente le había comprado unos dólares.

Tan sólo la documentación del caso Comfirmesa tiene 32 nombres. Si la Fiscalía se toma el trabajo de indagar los movimientos accionarios del resto del imperio económico de Luis Carlos Molina podrá encontrar muchos más. No porque sean cómplices o coautores de delitos o incluso del crimen de Guillermo Cano, sino porque su información podría ser útil. Al menos eso fue lo que solicitó el exdirector de este diario Juan Guillermo Cano a la Fiscalía: que cite a declarar a Álvaro Uribe, ya que él debe recordar bien cómo eran los temas políticos en Antioquia.

El 2 de julio de 2010, la Fiscalía declaró que el homicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano, fue un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, la investigación es imprescriptible. Pero al margen de algunos testimonios y diligencias, cuatro años después no hay decisiones que apunten a esclarecer lo sucedido. Esta semana, a raíz del debate entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe en el Congreso, salió a relucir el caso y, por lo que se supo, la justicia aún tiene cómo impedir que la impunidad siga siendo el norte de este expediente.

Aunque desde el miércoles 17 de diciembre, día en que fue asesinado Guillermo Cano, toda Colombia entendió que fue un magnicidio ordenado por Pablo Escobar y su organización criminal, sólo un individuo purgó escasos seis años de prisión por el hecho. Luis Carlos Molina Yepes, un prestamista de dinero de cuya cuenta bancaria salió el cheque con que se pagó el asesinato. El pasado miércoles, en desarrollo del citado debate, quedó más claro que nunca que Molina fue mucho más que un simple cómplice del crimen.

Sus movimientos económicos entre 1981 y 1989 a través de la sociedad Comfirmesa, dados a conocer por el senador Iván Cepeda, constituyen una muestra del nivel de relaciones que tenía Luis Carlos Molina con empresarios, políticos y, por supuesto, con integrantes de la mafia. Lo había advertido el confeso narcoterrorista Popeye: “La mayoría de los miembros de la organización y las familias cambiábamos los cheques donde Molina”. Era el banquero del cartel de Medellín que la justicia no supo dimensionar en su momento.

Hace 26 años, antes de evadirse del DAS como Pedro por su casa, Luis Carlos Molina Yepes dejó entrever su poder: “Tengo una fábrica, Comestibles Dan, Comlicores, Comfirmesa, tengo sucursales en Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cali, vehículos, apartamentos, acciones en Fabricato y terrenos en Antioquia. Hace cuatro meses yo era el principal accionista del Banco Ganadero”. Sin embargo, cuando la justicia le fue citando nombres de los destinatarios de su dinero, su respuesta genérica fue: “No sé quién es”.

Hoy está claro que sí sabía y le mintió a la justicia. Cuando fue recapturado, en febrero de 1997, ya estaba sentenciado a 25 años de prisión. Sólo pagó seis y las autoridades ni siquiera se interesaron en promover una extinción de dominio de sus bienes. Revisando el expediente por el crimen de Guillermo Cano para confrontarlo con la documentación que aportó el senador Cepeda sobre la sociedad Comfirmesa, caben dos conclusiones: hace un cuarto de siglo la justicia se quedó a mitad de camino, pero ahora lo puede enderezar.

Son 32 los nombres que aparecen en las escrituras, actas y demás documentos del historial de la sociedad Comfirmesa. Eso sin tener en cuenta los otros negocios de Molina Yepes, de los que poco se sabe. Un ligero rastreo a esta lista va dejando sorpresas. No quiere decir que todos sean culpables o que puedan estar relacionados con el magnicidio de Guillermo Cano, pero tratándose de un caso imprescriptible, sus declaraciones podrían ayudar a desentrañar la telaraña política, económica y judicial del cartel de Medellín.

Cuando la sociedad de Molina inició operaciones como Firme S. A., según consta en los documentos, su representante legal fue Iván Felipe Palacio Restrepo. Hace 26 años, cuando le preguntaron a Molina por él, contestó que lo conocía, que hicieron negocios de construcción y que era un abogado prestante de Medellín. Tan importante que en 1992, como lo dice una publicación de El Tiempo, fue designado secretario de gobierno de Antioquia, como cuota del dirigente Álvaro Uribe. En 1998 repitió, pero en Medellín. En ambos casos su jefe fue Juan Gómez Martínez.

En el acta de la junta directiva de Firme S. A., aprobada en diciembre de 1981, además de Iván Felipe Palacio y algunos familiares de Molina Yepes, aparecen Carlos Alberto Gaviria Vélez, Diego Aristizábal Mejía e Isaías Vayda Shulmann. De Gaviria se sabe que es primo hermano de Pablo Escobar y hermano del hoy senador José Obdulio Gaviria. Cuando Molina huyó del DAS, en marzo de 1988, la justicia quería saber qué clase de negocios tenía con Carlos Alberto Gaviria y constató sus transacciones en el Banco Ganadero.

Gaviria nunca explicó esos negocios, como tampoco por qué referenció al mismo banco a Héctor Barrientos, gerente administrativo de la Hacienda Nápoles, fortín de Pablo Escobar. En 2007, cuando El Espectador le preguntó por ellos dijo que había tenido negocios con Molina y Barrientos, pero que no recordaba los detalles, pues se había desligado de ellos hace muchos años. Los documentos prueban que cuando Firme S. A. se volvió Comfirmesa en febrero de 1982, Gaviria presidió la asamblea del cambio.

Otro de los directivos de la empresa de Molina Yepes, desde Firme S. A. hasta Comfirmesa, fue Diego Aristizábal Mejía. En 2010, una sociedad agrícola dirigida por él y Luis Bernardo Mejía Molina fue incluida en la Lista Clinton. En el organigrama de las autoridades judiciales se reseñó a Aristizábal como parte de la organización del extraditado narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, conocido como el Arquitecto.

El otro miembro de la junta directiva de la sociedad de Molina era Isaías Vayda Shulmann. En el expediente por el magnicidio de Guillermo Cano, tanto él como Gabriel Londoño White —constructor del famoso edificio Mónaco de Pablo Escobar Gaviria— aparecen autorizados para girar cheques a partir de la misma cuenta corriente que hizo parte de las inspeccionadas por la justicia por sus nexos con Luis Carlos Molina Yepes. Isaías Vayda llegó a ser gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano del Valle de Aburrá.

En marzo de 1983 hubo cambios en Comfirmesa S. A. En ese momento quedó registrado el nombre de Álvaro Uribe Vélez como miembro principal de la junta. En el debate del miércoles y a través de documentos enviados a este diario, Uribe aclaró que no aceptó dicha designación y así lo reconocieron los entonces directivos Gabriel Jaime Acevedo e Iván Felipe Palacio. Lo cierto es que en noviembre de 1983 su nombre volvió a quedar incluido en certificación expedida por la Cámara de Comercio de Medellín.

En diciembre de 1987, cuando Luis Carlos Molina ya estaba en la mira de la justicia, gestionó la cesión de sus acciones en Comfirmesa. Se las entregó a Mario Cuartas Múnera, quien lo acompañó en los negocios desde 1981. Para cerrar el negocio, su abogado de cabecera fue Álvaro Montoya Flórez. El nombre de este abogado figura desde el frágil expediente por el magnicidio de Guillermo Cano. En uno de los memoriales del defensor de Molina, el abogado Guillermo Angulo lo cita como testigo de un hecho insólito.

Según el documento, Montoya Flórez constató la animadversión que la jueza 89 de Instrucción Criminal, Consuelo Sánchez Durán, quien tenía por su cliente a Luis Carlos Molina Yepes. Además, dijo que se encontraban en las instalaciones del DAS. Días después, Molina se dio a la fuga. Con el paso de los años se vino a saber que Álvaro Montoya fue el primer defensor de la congresista Yidis Medina, cuando ésta apenas empezaba a enfrentar un proceso penal y aún no había roto relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe.

Álvaro Montoya es hermano de Raúl Montoya Flórez, quien en abril de 2006 tuvo que renunciar a la coordinación de la campaña reeleccionista del entonces presidente Uribe, en el departamento del Magdalena. Lo hizo después de que este diario constatara, también rastreando el expediente por el crimen de Guillermo Cano, que recibió cinco cheques de Luis Carlos Molina Yepes. Como todas sus declaraciones, en su momento Molina lo presentó como un amigo a quien seguramente le había comprado unos dólares.

Tan sólo la documentación del caso Comfirmesa tiene 32 nombres. Si la Fiscalía se toma el trabajo de indagar los movimientos accionarios del resto del imperio económico de Luis Carlos Molina podrá encontrar muchos más. No porque sean cómplices o coautores de delitos o incluso del crimen de Guillermo Cano, sino porque su información podría ser útil. Al menos eso fue lo que solicitó el exdirector de este diario Juan Guillermo Cano a la Fiscalía: que cite a declarar a Álvaro Uribe, ya que él debe recordar bien cómo eran los temas políticos en Antioquia.