El coronel (r) Jorge Plazas Acevedo sufrió un nuevo revés en su intención de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Un concepto enviado por la Sala de Reconocimiento a la Sala de Definición de esa jurisdicción califica sus aportes como nulos, lo que condiciona aún más su aceptación.
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Plazas Acevedo pidió pista en la JEP, pero su entrada está condicionada. Tiene que entregar información novedosa de lo que sabe de los homicidios del periodista Jaime Garzón, de los investigadores del Cinep, Elsa Alvarado y Mario Calderón, del campesino Marino López, y también sobre la masacre de Mapiripán.
Bajo ese contexto, el coronel (r) compareció ante el despacho de la magistrada, Nadiezhda Henríquez, pero no dijo nada relevante. Según información revelada por WRadio, el concepto revela que Plazas Acevedo no dijo nada sobre su posible responsabilidad por los hechos que derivaron en la masacre de Mapiripán ocurrido en 1997, en la que murieron cerca de 50 personas.
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“Rechazó todo vínculo previo a su ocurrencia o participación en algún acto preparatorio, como la actividad relacionada con la salida de los aviones; que tampoco estuvo en una reunión preparatoria del hecho (...) asimismo refirió que lo que supo de esta masacre lo fue en la cárcel la Picota, lo escuchó a un paramilitar” dice el documento según WRadio.
El concepto revelado por el medio radial dice además que Plazas Acevedo negó cualquier vínculo con el paramilitarismo. “De la misma forma, negó la participación en reuniones con personas que hicieran parte de grupos paramilitares o que algún otro militar los tuviera; dijo no haber tenido medios de comunicación para tener contacto con esas personas”.
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El Espectador reveló el pasado mes de mayo que familiares de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Mario Calderón y Elsa Alvarado, quienes fueron asesinados en la madrugada del 19 de mayo de 1997 en su apartamento en Bogotá, le pidieron a la JEP no aceptarlo.
Los investigadores fueron asesinados por criminales que se hicieron pasar por miembros del CTI de la Fiscalía, quienes dispararon contra los defensores de derechos humanos, en un ataque que, al parecer, tuvo la complicidad de agentes del Estado.
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