Plazas Vega, a enfrentar justicia en Estados Unidos por caso Urán

Helena Urán B., hija del magistrado (qepd) Carlos H. Urán, asesinado en el Palacio de Justicia, 1985:

“SOLO SUCEDE EN LAS PEORES DICTADURAS”

¿Qué tipo de demanda entablaron usted y sus hermanas contra el coronel Plazas Vega en Estados Unidos y ante cuál corte?

Es una demanda de orden civil. Es la única que podemos interponer en Estados Unidos con relación a nuestro caso, por la tortura y ejecución de mi padre Carlos Horacio Urán. Se encuentra en un tribunal del Distrito Sur de la Florida.

¿Quiénes son sus abogados?

Pertenecen al Centro de Justicia y Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés) y al bufete Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati. Sus abogados se especializan en derechos humanos, en derechos civiles y en crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de Estados Unidos. En realidad, hemos tenido mucha suerte en que se hayan interesado en representarnos y en poder contar con profesionales de Derecho tan bien reputados.

Adelantar una demanda en el sistema judicial de Estados Unidos requiere tiempo, dedicación y dinero ¿Cuentan ustedes con todos esos recursos?

El proceso será, sin duda, largo y difícil. Sin embargo, el CJA (The Center for Justice & Accountability) tiene una gran trayectoria, especialización y compromiso en casos como el nuestro y, además, es una organización sin ánimo de lucro. Ellos nos escucharon, estudiaron el caso, algunos de sus funcionarios viajaron a Colombia y después de examinar todo, aceptó representarnos. El bufete Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati por su parte, asumió, probono (‘por el bien público’), nuestra representación. Significa que este proceso no implicará costos que no podríamos asumir.

¿Qué edades tenían sus hermanas cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia, y cuánto tiempo pudieron vivir en Colombia antes de tener que partir al exterior?

Mis hermanas tenían 13, 5 y 1 año; y, yo, 10. Salimos para Uruguay al poquísimo tiempo de suceder los hechos. Poco después regresamos a Colombia con el amparo que le otorgó el gobierno uruguayo a mi madre cuando la designó como diplomática. Pero las amenazas no cesaron y tuvimos que salir del país a finales de 1986.

¿Durante cuánto tiempo ustedes creyeron la versión oficial sobre la muerte de su padre (presuntamente caído en el cruce de disparos entre fuerzas militares y guerrilla) y en cuál año se enteraron de que él había salido vivo del Palacio de Justicia?

El Ejército siempre negó que mi padre hubiera salido con vida o que lo hubieran tenido en su poder. Creímos la versión oficial según la cual él había muerto por el cruce de disparos dentro del Palacio de Justicia hasta el año 2007, cuando llamaron a mi mamá de la Fiscalía, 22 años después. Como les ha sucedido a los familiares de otras víctimas del Palacio, uno siente que hay elementos en la construcción del relato oficial que no cuadran. En nuestro caso, existían testimonios de reporteros quienes aseguraban que lo habían visto salir, vivo, del edificio. Unos amigos vieron, también, imágenes publicadas por el noticiero (Noticias Uno), afuera, mientras mi papá saltaba en una pierna (herida) y era sostenido por los brazos, por dos soldados. Las mentiras se desmoronaron cuando la fiscal Ángela María Buitrago y el resto de su equipo encontraron la billetera de mi papá con toda su documentación en una bóveda secreta del Cantón Norte. Cuando exhumaron el cadáver, se comprobó, no solo que había sido ejecutado con un disparo en la sien proveniente de un arma utilizada por el Ejército sino que lo habían torturado. Las fuerzas militares lo identificaron, lo torturaron, lo ejecutaron y llevaron su cadáver otra vez al Palacio con el fin de que en el acta quedara ese lugar como el sitio del deceso. Después llevaron a Medicina Legal su cuerpo como si fuera un NN, lavado y desnudo. Y escondieron su billetera, con toda su documentación, durante 22 años.

El impacto de saber que su padre había sobrevivido, debió ser inmenso...

Imagine lo que significa, para una niña, vivir con una versión, mitad verdad, mitad mentira sin poder tramitar su sufrimiento porque la sociedad mira para otro lado y parece no escandalizarse con estos hechos. Imagine, también, el peso que implica vivir con la impunidad a cuestas y tener que salir al exilio con esta historia de violencia política que uno no termina de entender. Cuando supimos que mi padre había logrado sobrevivir durante dos días a la locura y violencia de los dos bandos armados, pero para ser torturado y ejecutado por quienes debían protegerlo y auxiliarlo, tuvimos una sensación de completo desamparo, y de mucha rabia. No solo habían actuado con la mayor ignominia: también nos habían engañado. En 2007 nos dimos cuenta de que le estaban mintiendo al país entero sobre lo que realmente sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985 y sobre la connivencia entre varios entes estatales para que esos crímenes quedaran en completa impunidad. Esto solo sucede en las peores dictaduras. Que en Colombia sea el Ejército el que ejecuta a los magistrados, es un hecho atroz de unas dimensiones que los colombianos aún no han comprendido.

La huella de un episodio tan trágico es perenne ¿Cómo lo han vivido y procesado usted y sus hermanas y su madre?

No me animo a hablar por mis hermanas y mi mamá. Solo puedo hablar por mí. Lo que sí puedo decir es que mi mamá tuvo que sacar, sola, a sus 4 hijas adelante, con un solo sueldo para toda la familia, sin tiempo para nosotras y con consecuencias devastadoras para nosotras, siendo tan pequeñas. Nos habían arrancado a mi papá y mi mamá no podía estar presente porque tenía que encargarse de encontrar sustento para todas. La recuerdo siempre trabajando. Ella no tenía otra opción, si quería darnos de comer. Hoy entiendo que, con su trabajo intelectual, ella tramito su profundo dolor.

Usted es quien se ha puesto al frente de la nueva demanda que fue admitida en Estados Unidos contra el coronel ® Plazas Vea. Con el resultado judicial de esa demanda, ¡cree que se cerrará un ciclo de su vida?

En algún momento comprendí y acepté que lo que nos había pasado, había trastocado mi identidad y que debía aceptar que era víctima de violencia política. Entendí que esta historia me acompañaría toda mi vida y que, en vez de negarlo, debía levantar la voz y reclamar por el daño. Una experiencia como la nuestra no acaba con una demanda: es una marca para toda la vida y es claro que debemos tramitarla. Debemos exigir que se nos respeten nuestros derechos a la verdad y a la justicia. Estamos intentando reivindicar la vida de nuestro padre y la de tantas otras víctimas que murieron en circunstancias similares.

..................

Claret Vargas, abogada senior de The Center for Justice & Accountability :

“UN FORO NUEVO PARA OBTENER JUSTICIA”

Si la justicia estadounidense recibió la demanda, ¿significa que ya se le dio apertura formal al caso Urán Vs. Plazas Vega? Es difícil de entender por qué Estados Unidos tiene competencia sobre los sucesos de 1985, en el Palacio de Justicia de Bogotá cuando murió, en forma brutal, el magistrado Urán y otras cien víctimas, aproximadamente.

En nuestro sistema, (de Estados Unidos) cuando se radica una demanda, deben explicarse las razones por las cuales la corte ante la cual se presenta, tiene jurisdicción sobre el caso. Eso quedó claro en la que presentamos ante la Corte Federal para el Distrito sur de Florida. En cuanto a su pregunta, en concreto, esta corte tiene jurisdicción porque Plazas Vega se encuentra presente en su territorio. El Estatuto de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act), que mencionamos, la tiene contemplada cuando el demandado se encuentra dentro de la jurisdicción concernida y cuando se aleguen ejecuciones extrajudiciales y o torturas. Una de las razones por las cuales se promulgó dicho Estatuto fue que Estados Unidos no puede ser un puerto seguro para torturadores: no se admite que alguien que haya incurrido en violaciones graves de derechos humanos, pueda llevar una vida sin consecuencias y sin enfrentar la justicia, en este país.

Plazas Vega fue condenado en Colombia, en primera instancia, por la desaparición forzada de 10 víctimas que se encontraban en el Palacio de Justicia; y en un tribunal superior, por el mismo crimen, en dos víctimas ninguna de las cuales era el magistrado Urán. Pero la Corte Suprema, lo absolvió ¿Este resultado judicial tiene alguna relación con la demanda de ustedes en Estados Unidos?

Aunque las decisiones judiciales que usted menciona, no tienen, en efecto, relación con la muerte del magistrado Urán, obviamente las tomamos en consideración cuando estábamos evaluando la viabilidad del caso en Estados Unidos. No podemos comentar los detalles de nuestra estrategia legal pero le puedo asegurar que conocemos lo que usted menciona.

Que usted sepa, ¿la justicia colombiana se ha ocupado, en algún momento, de los hechos concretos que rodearon la muerte del magistrado Urán y de las versiones militares sobre la misma que resultaron falsas, según se pudo comprobar con videos y otras pruebas?

La familia del magistrado Urán no ha recibido justicia, en Colombia, con relación a los hechos que rodearon su muerte a pesar de haberlo intentado durante más de 30 años. En términos generales, puedo decirle que todos nuestros clientes han tratado de obtener justicia en sus propios países y no han podido acceder a ella.

En su demanda, ustedes argumentaron que Plazas “tenía autoridad sobre el personal militar involucrado...” en los crímenes que se cometieron allí ¿Sabía usted que en el salvamento de voto más fuerte (de los tres que hubo) en contra de la decisión absolutoria de la Corte a Plazas, en cuanto a otras víctimas, se afirma lo mismo?

Del mismo modo en que no podemos comentar detalles de nuestra estrategia legal, tampoco podemos hacerlo sobre la evidencia que pensamos usar.

Permítame intento preguntarle de otra manera: ¿Cómo pueden probar ustedes la responsabilidad directa de Plazas Vega en los hechos atroces que padeció el magistrado Urán? O, ¿probar esa responsabilidad es requisito para imponer una condena en Estados Unidos?

La responsabilidad directa no es un requisito indispensable. En el sistema judicial de Estados también existen las responsabilidades indirectas. Las teorías sobre responsabilidades indirectas están plasmadas en la demanda presentada por nosotros a nombre de la familia Urán.

La circunstancia de que Plazas Vega haya decidido vivir o estar por temporadas en Estados Unidos, entonces, incide definitivamente en el proceso legal que se adelantará.

La presencia de Plazas Vega en la jurisdicción es suficiente. Aunque él no residiera allí, basta con que esté presente.

Una demanda civil como la que ustedes interpusieron, ¿qué tipo de condenas podrían acarrearle al demandado: compensación económica u otro tipo de sanciones?

Desafortunadamente, en las demandas civiles el único resarcimiento posible es el monetario. Sin embargo, nuestros clientes no persiguen la obtención de dinero sino el impacto reparador que tiene el hecho de que una corte, en Estados Unidos, reconozca sus demandas, escuche sus evidencias e, idealmente, que un jurado falle sobre lo que ellos alegan. En muchos casos, esta es la única oportunidad que tienen para enfrentar a los responsables de violaciones de derechos humanos y que ellos sean sancionados. Este es un paso de reparación muy importante para las víctimas sobrevivientes de esas violaciones.

Han pasado 37 años desde cuando murió el magistrado Urán en forma tan atroz ¿Por qué toman ahora la decisión de intervenir judicialmente en el caso?

La familia del magistrado Urán ha estado tratando de obtener justicia durante estos 37 años. No se trata de una decisión reciente. Simplemente, es un foro nuevo para obtener la justicia que les ha sido negada por más de tres décadas.

“Herida de bala, a quemarropa, en la sien”

En la demanda civil presentada por Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidagain en contra del coronel ® del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega, ante la Corte del Distrito Sur de Florida, se lee que “el cuerpo ‘brutalizado’ (de su padre), el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, fue encontrado entre los cadáveres de los civiles asesinados” dentro del Palacio de Justicia, en 1985, cuando la guerrilla M-19 se tomó el edificio con todos sus funcionarios adentro, y cuando los militares condujeron la retoma de manera tan o más violenta que la ejercida por los subversivos. En el documento que se presentó ante los jueces de Florida que examinarán la conducta de Plazas Vega, coronel a cargo de la retoma, también se afirma, a continuación, que los restos del magistrado Urán, de quien la versión oficial sostuvo durante 22 años que murió accidentalmente en el fuego cruzado en los pasillos del palacio, habían sido despojados de ropa y habían sido lavados pero que se encontraron marcas de “una herida de bala (propinada) a quemarropa, en la sien”. Es decir, que el jurista fue ejecutado. La justicia colombiana nunca investigó el crimen en contra de Urán Rojas. Ahora, unos jueces extranjeros lo harán a petición de las dolientes, sus hijas, que tuvieron que radicarse fuera del país por amenazas contra sus vidas.

Un estatuto sustenta la demanda contra Plazas Vega

El prestigioso Centro de Justicia y Rendición de Cuentas (CJA) que acompaña a las hermanas Urán Bidagain, hijas del asesinado magistrado Carlos Horacio Urán, en su demanda en contra del coronel ® Alfonso Plazas Vega, actor central de la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985, es una organización con sede en San Francisco que se especializa en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional y que representa a víctimas de torturas y de otras graves violaciones de derechos. El CJA se ha especializado, precisamente, en demandas civiles como medio de reparación para quienes no han podido obtener justicia en sus países. El caso de la familia Urán casa como anillo al dedo en el trabajo que realiza el CJA. La demanda presentada por esta entidad en contra del militar absuelto en Colombia por otras muertes y desapariciones, se basa en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1991 ( TVPA). Esa ley permite la presentación de recursos judiciales, en Estados Unidos, contra personas que, actuando en representación de sus Estados de origen, incurran en delitos de tortura y o ejecuciones extrajudiciales.. El estatuto exige que el demandante demuestre que agotó todos los recursos locales en el lugar del delito, tal como ocurre a las hermanas Urán.

Helena Urán B., hija del magistrado (qepd) Carlos H. Urán, asesinado en el Palacio de Justicia, 1985:

“SOLO SUCEDE EN LAS PEORES DICTADURAS”

¿Qué tipo de demanda entablaron usted y sus hermanas contra el coronel Plazas Vega en Estados Unidos y ante cuál corte?

Es una demanda de orden civil. Es la única que podemos interponer en Estados Unidos con relación a nuestro caso, por la tortura y ejecución de mi padre Carlos Horacio Urán. Se encuentra en un tribunal del Distrito Sur de la Florida.

¿Quiénes son sus abogados?

Pertenecen al Centro de Justicia y Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés) y al bufete Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati. Sus abogados se especializan en derechos humanos, en derechos civiles y en crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de Estados Unidos. En realidad, hemos tenido mucha suerte en que se hayan interesado en representarnos y en poder contar con profesionales de Derecho tan bien reputados.

Adelantar una demanda en el sistema judicial de Estados Unidos requiere tiempo, dedicación y dinero ¿Cuentan ustedes con todos esos recursos?

El proceso será, sin duda, largo y difícil. Sin embargo, el CJA (The Center for Justice & Accountability) tiene una gran trayectoria, especialización y compromiso en casos como el nuestro y, además, es una organización sin ánimo de lucro. Ellos nos escucharon, estudiaron el caso, algunos de sus funcionarios viajaron a Colombia y después de examinar todo, aceptó representarnos. El bufete Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati por su parte, asumió, probono (‘por el bien público’), nuestra representación. Significa que este proceso no implicará costos que no podríamos asumir.

¿Qué edades tenían sus hermanas cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia, y cuánto tiempo pudieron vivir en Colombia antes de tener que partir al exterior?

Mis hermanas tenían 13, 5 y 1 año; y, yo, 10. Salimos para Uruguay al poquísimo tiempo de suceder los hechos. Poco después regresamos a Colombia con el amparo que le otorgó el gobierno uruguayo a mi madre cuando la designó como diplomática. Pero las amenazas no cesaron y tuvimos que salir del país a finales de 1986.

¿Durante cuánto tiempo ustedes creyeron la versión oficial sobre la muerte de su padre (presuntamente caído en el cruce de disparos entre fuerzas militares y guerrilla) y en cuál año se enteraron de que él había salido vivo del Palacio de Justicia?

El Ejército siempre negó que mi padre hubiera salido con vida o que lo hubieran tenido en su poder. Creímos la versión oficial según la cual él había muerto por el cruce de disparos dentro del Palacio de Justicia hasta el año 2007, cuando llamaron a mi mamá de la Fiscalía, 22 años después. Como les ha sucedido a los familiares de otras víctimas del Palacio, uno siente que hay elementos en la construcción del relato oficial que no cuadran. En nuestro caso, existían testimonios de reporteros quienes aseguraban que lo habían visto salir, vivo, del edificio. Unos amigos vieron, también, imágenes publicadas por el noticiero (Noticias Uno), afuera, mientras mi papá saltaba en una pierna (herida) y era sostenido por los brazos, por dos soldados. Las mentiras se desmoronaron cuando la fiscal Ángela María Buitrago y el resto de su equipo encontraron la billetera de mi papá con toda su documentación en una bóveda secreta del Cantón Norte. Cuando exhumaron el cadáver, se comprobó, no solo que había sido ejecutado con un disparo en la sien proveniente de un arma utilizada por el Ejército sino que lo habían torturado. Las fuerzas militares lo identificaron, lo torturaron, lo ejecutaron y llevaron su cadáver otra vez al Palacio con el fin de que en el acta quedara ese lugar como el sitio del deceso. Después llevaron a Medicina Legal su cuerpo como si fuera un NN, lavado y desnudo. Y escondieron su billetera, con toda su documentación, durante 22 años.

El impacto de saber que su padre había sobrevivido, debió ser inmenso...

Imagine lo que significa, para una niña, vivir con una versión, mitad verdad, mitad mentira sin poder tramitar su sufrimiento porque la sociedad mira para otro lado y parece no escandalizarse con estos hechos. Imagine, también, el peso que implica vivir con la impunidad a cuestas y tener que salir al exilio con esta historia de violencia política que uno no termina de entender. Cuando supimos que mi padre había logrado sobrevivir durante dos días a la locura y violencia de los dos bandos armados, pero para ser torturado y ejecutado por quienes debían protegerlo y auxiliarlo, tuvimos una sensación de completo desamparo, y de mucha rabia. No solo habían actuado con la mayor ignominia: también nos habían engañado. En 2007 nos dimos cuenta de que le estaban mintiendo al país entero sobre lo que realmente sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985 y sobre la connivencia entre varios entes estatales para que esos crímenes quedaran en completa impunidad. Esto solo sucede en las peores dictaduras. Que en Colombia sea el Ejército el que ejecuta a los magistrados, es un hecho atroz de unas dimensiones que los colombianos aún no han comprendido.

La huella de un episodio tan trágico es perenne ¿Cómo lo han vivido y procesado usted y sus hermanas y su madre?

No me animo a hablar por mis hermanas y mi mamá. Solo puedo hablar por mí. Lo que sí puedo decir es que mi mamá tuvo que sacar, sola, a sus 4 hijas adelante, con un solo sueldo para toda la familia, sin tiempo para nosotras y con consecuencias devastadoras para nosotras, siendo tan pequeñas. Nos habían arrancado a mi papá y mi mamá no podía estar presente porque tenía que encargarse de encontrar sustento para todas. La recuerdo siempre trabajando. Ella no tenía otra opción, si quería darnos de comer. Hoy entiendo que, con su trabajo intelectual, ella tramito su profundo dolor.

Usted es quien se ha puesto al frente de la nueva demanda que fue admitida en Estados Unidos contra el coronel ® Plazas Vea. Con el resultado judicial de esa demanda, ¡cree que se cerrará un ciclo de su vida?

En algún momento comprendí y acepté que lo que nos había pasado, había trastocado mi identidad y que debía aceptar que era víctima de violencia política. Entendí que esta historia me acompañaría toda mi vida y que, en vez de negarlo, debía levantar la voz y reclamar por el daño. Una experiencia como la nuestra no acaba con una demanda: es una marca para toda la vida y es claro que debemos tramitarla. Debemos exigir que se nos respeten nuestros derechos a la verdad y a la justicia. Estamos intentando reivindicar la vida de nuestro padre y la de tantas otras víctimas que murieron en circunstancias similares.

..................

Claret Vargas, abogada senior de The Center for Justice & Accountability :

“UN FORO NUEVO PARA OBTENER JUSTICIA”

Si la justicia estadounidense recibió la demanda, ¿significa que ya se le dio apertura formal al caso Urán Vs. Plazas Vega? Es difícil de entender por qué Estados Unidos tiene competencia sobre los sucesos de 1985, en el Palacio de Justicia de Bogotá cuando murió, en forma brutal, el magistrado Urán y otras cien víctimas, aproximadamente.

En nuestro sistema, (de Estados Unidos) cuando se radica una demanda, deben explicarse las razones por las cuales la corte ante la cual se presenta, tiene jurisdicción sobre el caso. Eso quedó claro en la que presentamos ante la Corte Federal para el Distrito sur de Florida. En cuanto a su pregunta, en concreto, esta corte tiene jurisdicción porque Plazas Vega se encuentra presente en su territorio. El Estatuto de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act), que mencionamos, la tiene contemplada cuando el demandado se encuentra dentro de la jurisdicción concernida y cuando se aleguen ejecuciones extrajudiciales y o torturas. Una de las razones por las cuales se promulgó dicho Estatuto fue que Estados Unidos no puede ser un puerto seguro para torturadores: no se admite que alguien que haya incurrido en violaciones graves de derechos humanos, pueda llevar una vida sin consecuencias y sin enfrentar la justicia, en este país.

Plazas Vega fue condenado en Colombia, en primera instancia, por la desaparición forzada de 10 víctimas que se encontraban en el Palacio de Justicia; y en un tribunal superior, por el mismo crimen, en dos víctimas ninguna de las cuales era el magistrado Urán. Pero la Corte Suprema, lo absolvió ¿Este resultado judicial tiene alguna relación con la demanda de ustedes en Estados Unidos?

Aunque las decisiones judiciales que usted menciona, no tienen, en efecto, relación con la muerte del magistrado Urán, obviamente las tomamos en consideración cuando estábamos evaluando la viabilidad del caso en Estados Unidos. No podemos comentar los detalles de nuestra estrategia legal pero le puedo asegurar que conocemos lo que usted menciona.

Que usted sepa, ¿la justicia colombiana se ha ocupado, en algún momento, de los hechos concretos que rodearon la muerte del magistrado Urán y de las versiones militares sobre la misma que resultaron falsas, según se pudo comprobar con videos y otras pruebas?

La familia del magistrado Urán no ha recibido justicia, en Colombia, con relación a los hechos que rodearon su muerte a pesar de haberlo intentado durante más de 30 años. En términos generales, puedo decirle que todos nuestros clientes han tratado de obtener justicia en sus propios países y no han podido acceder a ella.

En su demanda, ustedes argumentaron que Plazas “tenía autoridad sobre el personal militar involucrado...” en los crímenes que se cometieron allí ¿Sabía usted que en el salvamento de voto más fuerte (de los tres que hubo) en contra de la decisión absolutoria de la Corte a Plazas, en cuanto a otras víctimas, se afirma lo mismo?

Del mismo modo en que no podemos comentar detalles de nuestra estrategia legal, tampoco podemos hacerlo sobre la evidencia que pensamos usar.

Permítame intento preguntarle de otra manera: ¿Cómo pueden probar ustedes la responsabilidad directa de Plazas Vega en los hechos atroces que padeció el magistrado Urán? O, ¿probar esa responsabilidad es requisito para imponer una condena en Estados Unidos?

La responsabilidad directa no es un requisito indispensable. En el sistema judicial de Estados también existen las responsabilidades indirectas. Las teorías sobre responsabilidades indirectas están plasmadas en la demanda presentada por nosotros a nombre de la familia Urán.

La circunstancia de que Plazas Vega haya decidido vivir o estar por temporadas en Estados Unidos, entonces, incide definitivamente en el proceso legal que se adelantará.

La presencia de Plazas Vega en la jurisdicción es suficiente. Aunque él no residiera allí, basta con que esté presente.

Una demanda civil como la que ustedes interpusieron, ¿qué tipo de condenas podrían acarrearle al demandado: compensación económica u otro tipo de sanciones?

Desafortunadamente, en las demandas civiles el único resarcimiento posible es el monetario. Sin embargo, nuestros clientes no persiguen la obtención de dinero sino el impacto reparador que tiene el hecho de que una corte, en Estados Unidos, reconozca sus demandas, escuche sus evidencias e, idealmente, que un jurado falle sobre lo que ellos alegan. En muchos casos, esta es la única oportunidad que tienen para enfrentar a los responsables de violaciones de derechos humanos y que ellos sean sancionados. Este es un paso de reparación muy importante para las víctimas sobrevivientes de esas violaciones.

Han pasado 37 años desde cuando murió el magistrado Urán en forma tan atroz ¿Por qué toman ahora la decisión de intervenir judicialmente en el caso?

La familia del magistrado Urán ha estado tratando de obtener justicia durante estos 37 años. No se trata de una decisión reciente. Simplemente, es un foro nuevo para obtener la justicia que les ha sido negada por más de tres décadas.

“Herida de bala, a quemarropa, en la sien”

En la demanda civil presentada por Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidagain en contra del coronel ® del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega, ante la Corte del Distrito Sur de Florida, se lee que “el cuerpo ‘brutalizado’ (de su padre), el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, fue encontrado entre los cadáveres de los civiles asesinados” dentro del Palacio de Justicia, en 1985, cuando la guerrilla M-19 se tomó el edificio con todos sus funcionarios adentro, y cuando los militares condujeron la retoma de manera tan o más violenta que la ejercida por los subversivos. En el documento que se presentó ante los jueces de Florida que examinarán la conducta de Plazas Vega, coronel a cargo de la retoma, también se afirma, a continuación, que los restos del magistrado Urán, de quien la versión oficial sostuvo durante 22 años que murió accidentalmente en el fuego cruzado en los pasillos del palacio, habían sido despojados de ropa y habían sido lavados pero que se encontraron marcas de “una herida de bala (propinada) a quemarropa, en la sien”. Es decir, que el jurista fue ejecutado. La justicia colombiana nunca investigó el crimen en contra de Urán Rojas. Ahora, unos jueces extranjeros lo harán a petición de las dolientes, sus hijas, que tuvieron que radicarse fuera del país por amenazas contra sus vidas.

Un estatuto sustenta la demanda contra Plazas Vega

El prestigioso Centro de Justicia y Rendición de Cuentas (CJA) que acompaña a las hermanas Urán Bidagain, hijas del asesinado magistrado Carlos Horacio Urán, en su demanda en contra del coronel ® Alfonso Plazas Vega, actor central de la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985, es una organización con sede en San Francisco que se especializa en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional y que representa a víctimas de torturas y de otras graves violaciones de derechos. El CJA se ha especializado, precisamente, en demandas civiles como medio de reparación para quienes no han podido obtener justicia en sus países. El caso de la familia Urán casa como anillo al dedo en el trabajo que realiza el CJA. La demanda presentada por esta entidad en contra del militar absuelto en Colombia por otras muertes y desapariciones, se basa en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1991 ( TVPA). Esa ley permite la presentación de recursos judiciales, en Estados Unidos, contra personas que, actuando en representación de sus Estados de origen, incurran en delitos de tortura y o ejecuciones extrajudiciales.. El estatuto exige que el demandante demuestre que agotó todos los recursos locales en el lugar del delito, tal como ocurre a las hermanas Urán.