Pliego de cargos contra exgobernador de Arauca, por sobrecostos de $1.783 millones
Procuraduría generó pliego de cargos al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de los alimentos del PAE, enmarcado en la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
La Procuraduría profirió pliego de cargos contra José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca (2020 – 2021), así como a otras cinco personas, por supuestas irregularidades en la contratación del suministro de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ejecutada durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid-19. Dichas irregularidades habrían generado un sobrecosto total de $1.783 millones.
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Las otras cinco personas a las que el Ministerio Público formuló pliego de cargos son: William Arévalo Quintero y Maricel Ortiz Ramírez, los exsecretarios de Educación del departamento; el exgerente de Contratación, Uriel Niño López; el supervisor del contrato, Holman Jefrey Ruiz Puerta; y la representante legal de Invida SAS, encargada de la interventoría, Diana Susi Mahecha Herrera. Procuraduría señaló que “con su aparente conducta los investigados habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal”.
De acuerdo al órgano, el contrato para el suministro de los alimentos del PAE “se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos que justificaran el valor de las raciones, lo que ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos”. Se señaló que solo en el valor de las raciones de los alimentos para preparar en casa, las cuales fueron entregadas por el contratista entre los meses de abril de 2020 y 2021, el órgano de control encontró un posible sobrecosto de $898 millones.
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Además, se habrían presentado otras posibles irregularidades en la publicidad del contrato, así como en el trámite y ejecución de las modificaciones y adiciones de valores. La existencia de los presuntos sobrecostos pone evidencia que no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.
El pliego de cargos formuló dos cargos disciplinarios contra el entonces gobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez, los cuales fueron calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima. Por su parte, contra Uriel Niño López se profirieron cargos por dos faltas gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, la primera, y grave, la segunda.
A la representante legal de Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, se le fue proferido dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas a título dolo. Finalmente, en contra del supervisor, Holman Jefrey Ruiz Puerta, se dictaron tres cargos, dos de ellos calificados como faltas gravísimas con culpa grave, y el tercero falta grave con culpa grave.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría profirió pliego de cargos contra José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca (2020 – 2021), así como a otras cinco personas, por supuestas irregularidades en la contratación del suministro de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ejecutada durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid-19. Dichas irregularidades habrían generado un sobrecosto total de $1.783 millones.
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De acuerdo al órgano, el contrato para el suministro de los alimentos del PAE “se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos que justificaran el valor de las raciones, lo que ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos”. Se señaló que solo en el valor de las raciones de los alimentos para preparar en casa, las cuales fueron entregadas por el contratista entre los meses de abril de 2020 y 2021, el órgano de control encontró un posible sobrecosto de $898 millones.
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Además, se habrían presentado otras posibles irregularidades en la publicidad del contrato, así como en el trámite y ejecución de las modificaciones y adiciones de valores. La existencia de los presuntos sobrecostos pone evidencia que no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.
El pliego de cargos formuló dos cargos disciplinarios contra el entonces gobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez, los cuales fueron calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima. Por su parte, contra Uriel Niño López se profirieron cargos por dos faltas gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, la primera, y grave, la segunda.
A la representante legal de Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, se le fue proferido dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas a título dolo. Finalmente, en contra del supervisor, Holman Jefrey Ruiz Puerta, se dictaron tres cargos, dos de ellos calificados como faltas gravísimas con culpa grave, y el tercero falta grave con culpa grave.
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