Podrían ser 8 muertos y 14 heridos: en Tumaco, la situación sigue delicada
Comunidades en Nariño manifiestan sus denuncias frente a la erradicación forzosa, más allá del delicado episodio de este jueves. Una comisión de Medicina Legal va en camino a este municipio.
Redacción Judicial
La situación compleja en Tumaco no ha cesado. Mientras Medicina Legal determinó enviar una comisión de tres grupos de profesionales forenses para examinar los cuerpos de quienes murieron ayer jueves en la mañana, en zona rural de Tumaco, en un episodio con la Fuerza Pública que aún no se termina de aclarar. Hasta el momento, gente en la zona como Asominuma dice que ocho personas murieron y 14 más resultaron heridas. La versión oficial es de cuatro muertos. Existen otras versiones que hablan de más muertos y más heridos, por eso lo que constate Medicina Legal será clave.
Asominuma señaló que cultivadores de coca habían sido atacados por la Policía mientras formaban una especie de escudo humano para evitar la erradicación forzosa, a la cual se han opuesto abiertamente. La Fuerza Pública, por su parte, aseguró que mientras ellos escoltaban a erradicadores, hombres de una disidencia de las Farc bajo el mando de alias Guacho atacaron con fusiles y cilindros bomba a los civiles.
Luego vino el comunicado público emitido por el Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, en donde se expusieron no solo los hechos en cuestión, sino inconformidades y denuncias como respuesta a la problemática territorial que se vive en la zona.
“Durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa”, señaló el Consejo Comunitario.
La declaración estaría en sintonía con la versión de la Fuerza Pública, en donde se advertía la misma conducta. Además, el Consejo comunitario denuncia una serie de comportamientos que están poniendo en riesgo la seguridad de las familias que habitan en la región. En la lista aparece la consolidación de nuevos grupos armados ilegales, enfrentamientos territoriales, reclutamiento de jóvenes y una indiferencia por parte del Gobierno que, según el documento, no ha querido atender los diferentes llamados que ha hecho la comunidad.
El Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera afirmó: “A pesar de que a la Vicepresidencia de la República le hemos solicitado con carácter urgente, la continuidad de la mesa técnica de seguridad para abordar todas las problemáticas enunciadas, esta se ha venido postergando en al menos tres oportunidades.”
(El problema no es sólo en Tumaco. Por eso, este artículo le puede interesar: Campesinos y Fuerza Pública, enfrentados por erradicación forzada en el Catatumbo)
Una de las demandas del documento es que la presencia del Estado no sea vista desde lo militar sino en un marco que brinde garantías para el desarrollo de las comunidades. Una postura que coincidió, por casualidad, con las palabras que dijo justo ayer el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, durante una jornada de sensibilización sobre el Acuerdo Final: que se debe evitar criminalizar a los campesinos por la siembra de coca.
En el comunicado se afirma una total disposición por parte de la comunidad a apoyar de manera voluntaria la sustitución de cultivos ilícitos y los programas establecidos en los acuerdos de La Habana. También se advierte estar al borde de una tragedia si no se toman las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de los campesinos de la región que, según el comunicado, enfrentan una difícil situación pues nuevos grupos armados en la región se están consolidando, causando una disputa territorial que ha causado desplazamientos y confinamientos.
La situación compleja en Tumaco no ha cesado. Mientras Medicina Legal determinó enviar una comisión de tres grupos de profesionales forenses para examinar los cuerpos de quienes murieron ayer jueves en la mañana, en zona rural de Tumaco, en un episodio con la Fuerza Pública que aún no se termina de aclarar. Hasta el momento, gente en la zona como Asominuma dice que ocho personas murieron y 14 más resultaron heridas. La versión oficial es de cuatro muertos. Existen otras versiones que hablan de más muertos y más heridos, por eso lo que constate Medicina Legal será clave.
Asominuma señaló que cultivadores de coca habían sido atacados por la Policía mientras formaban una especie de escudo humano para evitar la erradicación forzosa, a la cual se han opuesto abiertamente. La Fuerza Pública, por su parte, aseguró que mientras ellos escoltaban a erradicadores, hombres de una disidencia de las Farc bajo el mando de alias Guacho atacaron con fusiles y cilindros bomba a los civiles.
Luego vino el comunicado público emitido por el Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, en donde se expusieron no solo los hechos en cuestión, sino inconformidades y denuncias como respuesta a la problemática territorial que se vive en la zona.
“Durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa”, señaló el Consejo Comunitario.
La declaración estaría en sintonía con la versión de la Fuerza Pública, en donde se advertía la misma conducta. Además, el Consejo comunitario denuncia una serie de comportamientos que están poniendo en riesgo la seguridad de las familias que habitan en la región. En la lista aparece la consolidación de nuevos grupos armados ilegales, enfrentamientos territoriales, reclutamiento de jóvenes y una indiferencia por parte del Gobierno que, según el documento, no ha querido atender los diferentes llamados que ha hecho la comunidad.
El Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera afirmó: “A pesar de que a la Vicepresidencia de la República le hemos solicitado con carácter urgente, la continuidad de la mesa técnica de seguridad para abordar todas las problemáticas enunciadas, esta se ha venido postergando en al menos tres oportunidades.”
(El problema no es sólo en Tumaco. Por eso, este artículo le puede interesar: Campesinos y Fuerza Pública, enfrentados por erradicación forzada en el Catatumbo)
Una de las demandas del documento es que la presencia del Estado no sea vista desde lo militar sino en un marco que brinde garantías para el desarrollo de las comunidades. Una postura que coincidió, por casualidad, con las palabras que dijo justo ayer el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, durante una jornada de sensibilización sobre el Acuerdo Final: que se debe evitar criminalizar a los campesinos por la siembra de coca.
En el comunicado se afirma una total disposición por parte de la comunidad a apoyar de manera voluntaria la sustitución de cultivos ilícitos y los programas establecidos en los acuerdos de La Habana. También se advierte estar al borde de una tragedia si no se toman las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de los campesinos de la región que, según el comunicado, enfrentan una difícil situación pues nuevos grupos armados en la región se están consolidando, causando una disputa territorial que ha causado desplazamientos y confinamientos.