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A través de un comunicado de seis puntos la Policía confirmó que, desde el pasado 25 de mayo, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL) adelanta un proceso de contratación pública para adquirir una herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial. La institución confirmó que la compra se realizará atendiendo los principios de contratación de publicidad y transparencia establecidos por el Gobierno en la plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II.
El mecanismo que pretende adquirir la institución oscila en 4.290 millones de pesos, y se hace necesaria, según la Policía, porque el entorno digital advierte el surgimiento de nuevos riesgos para la ciudadanía en la red como pornografía, trata de personas, suplantación, estafas, e incluso, la redes sociales que suelen ser usadas por grupos que se mueven el mundo del tráfico de armas y drogas.
Bajo esa premisa, la institución escudó la adquisición del mecanismo digital que se realizó de manera pública en la que se abrió convocatoria para 13 empresas, de las cuales 10 fueron seleccionadas a través de audiencia y tan solo dos presentaron su oferta. De acuerdo con la Policía, la entidad seleccionada para la compra cuenta con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos que establece las normativas de contratación.
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“La herramienta tecnológica que está en proceso de adquisición no es invasiva, toda vez que consulta información de carácter público; por tanto, no vulnera la esfera de la intimidad personal, habeas data, datos privados ni se utiliza para la ubicación y rastreo de personas”, resaltó la Policía, no obstante, adquirir este mecanismo no cayó bien en algunos sectores.
Para la Fundación Karisma la nueva contratación pretende “perfilar y rastrear personas en internet”. Si bien la organización reconoce el interés de la fuerza pública por adelantar acciones tendientes a evitar amenazas en la red “advertimos que la inteligencia de fuentes abiertas, es decir, como una herramienta para el perfilamiento por la fuerza pública, no puede considerarse como algo inane, como parece abordarlo la Policía”.
Para la organización esta es una herramienta de vigilancia de comunicaciones “poderosa” que permite individualizar, localizar, conectar y ejecutar un largo análisis para relacionar a las personas con sus actividades, redes y acciones en general. “Manifestamos nuestra preocupación porque esta capacidad en manos de las autoridades en Colombia no tiene un marco jurídico claro. No cuenta con controles y mucho menos se han consagrado acciones en manos de la ciudadanía para reclamar y exigir la protección de los derechos que puedan ser violentados”.
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La Fundación alertó que lo que preocupa con esta adquisición es que se puede avecinar una situación que culminó, a su juicio, en un “alboroto” que recordó la larga lista de escándalos que vinculó la vigilancia de las comunicaciones en contra de defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y estudiantes entre otros.
“Mollitiam, empresa parte del consorcio contratista de la DIPOL en el nuevo contrato, es la misma empresa del escándalo de las carpetas secretas del Ejército hace dos años. En ese caso se demostró que el perfilamiento de personas por la fuerza pública no era algo menor, con el agravante de que la investigación sobre lo sucedido no avanza, así lo han dicho varias organizaciones de sociedad civil vinculadas con este tema”, resaltó la Fundación.
Para Karisma la nueva adquisición les hace recordar un aspecto poco conocido e investigado por la sociedad civil sobre el “ciberpatrullaje” que tiene que ver con los perfilamientos desplegados durante el paro nacional contra quienes participaban a favor de este a través de internet, especialmente, mediante las redes sociales. De acuerdo con la Fundación este mecanismo se usó sesgadamente contra quienes apoyaban el paro o para criticar los abusos de la fuerza pública.
“Por eso desde Karisma reafirmamos que nos preocupa el alcance de estas herramientas, nos preguntamos sobre el resultado de la investigación abierta por la Procuraduría en 2020. Lamentamos que, a pesar del escándalo de 2020, la Policía no hubiera abierto a la participación ciudadana el diseño de la política para seguir usando estas soluciones”, estimó la corporación y fueron más allá pues consideraron que es urgente debatir y reformar el marco jurídico actual para actualizarlo a la era que ocupa el internet.
“Creemos que es necesario mejorar los controles a la acción policial en este campo -tanto judiciales como administrativos- y buscar que las personas cuenten con acciones directas para reclamar sus derechos”, resaltaron en su comunicación en la que añadieron que si bien los intentos de la Policía por atacar la pornografía y la trata de personas entre otros delitos que divagan en la red, son loables, no puede servir de puerta abierta para perseguir el reclamo de la ciudadanía, la crítica y las diferencias políticas que por lo general son expuestas en las diferentes páginas de internet.