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La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el patrullero de la Policía John Antonio Gutiérrez Rodríguez, por su presunta participación en la muerte de dos manifestantes, uno de ellos menor de edad, durante las protestas del 9 de septiembre de 2021 en el barrio Verbenal, en la localidad Suba, al norte de Bogotá.
Los hechos ocurrieron en medio de una jornada de movilizaciones que derivó en disturbios y en la posterior quema del CAI de Verbenal. Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, el patrullero Gutiérrez llegó al lugar de los hechos como refuerzo, movilizándose en una motocicleta oficial conducida por otro agente.
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En ese contexto, alrededor de las 9:35 p. m., habría disparado su arma de dotación en cuatro oportunidades, impactando a Javier Alexander Fonseca Castillo, de 17 años, quien falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas, y a Andrés Felipe Rodríguez Ávila, quien también perdió la vida tras recibir un disparo.
Uno de los puntos clave de la investigación fue desmentir la versión inicial entregada por el patrullero Gutiérrez Rodríguez. Según su testimonio, al finalizar su turno el 10 de septiembre de 2021, reportó que había perdido un proveedor con 15 balas en un forcejeo con manifestantes.
Sin embargo, la Procuraduría determinó que los proyectiles que causaron la muerte de Fonseca Castillo y Rodríguez Ávila fueron disparados desde su arma de dotación, lo que desmonta su argumento de que no pudo haber efectuado los disparos letales.
Debido a la gravedad del caso, la conducta de Gutiérrez Rodríguez ha sido calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, lo que significa que su actuar habría sido intencional. Con base en estos hallazgos, la Procuraduría decidió abrir un juicio disciplinario en su contra, lo que podría derivar en sanciones severas dentro del ámbito disciplinario y, eventualmente, en responsabilidades penales si la Fiscalía decide avanzar con un proceso judicial.
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Este caso se suma a otros en los que se han señalado a miembros de la fuerza pública por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas que tuvieron lugar en Colombia en 2021, en el marco del estallido social.
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