Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en el marco de las protestas por el Paro Nacional, el país vivió jornadas de violencia extrema en las calles, que resultaron en asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, humillaciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Una protesta en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno Duque, terminó en 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún están desaparecidas. Las cifras son del informe que hoy publica la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia.
Se trata de un documento que saluda la apuesta del Gobierno por no perseguir ni criminalizar la protesta, pero en la que queda en evidencia, ante la comunidad nacional e internacional, una violación masiva de derechos humanos perpetrada por miembros de la fuerza pública. Fueron, según el documento, privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo. Todos estos episodios incompatibles con el derecho a la reunión pacífica y a otros derechos humanos.
(Lea también: “Fue una masacre policial”: relatoría sobre las protestas del 9-S de 2020)
De entrada, el informe de la Oficina del Alto Comisionado señala que entre esos tres meses de protestas y violencia desmedida, se registraron 46 asesinatos relacionados con las manifestaciones. De ellos, en al menos 28, existen “motivos razonables para afirmar” que los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública y 10 de ellos podrían estar vinculados miembros del Esmad. “De los 17 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, dice el informe sobre el Paro Nacional.
Para el Alto Comisionado, contrario a los estándares internacionales y la normativa nacional, varias de las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar a partir del 28 de abril fueron disueltas con un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, vulnerando el derecho de reunión pacífica. Además, dice el documento, “hay razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales”. A manera de explicación de estas irregularidades cometidas por la fuerza pública, el informe muestra un análisis sobre el uso de armas letales por parte de la Policía contra manifestantes pacíficos o transeúntes.
Llegaron a esa conclusión, luego del análisis a más de 2.000 piezas de material audiovisual, 623 entrevistas a víctimas y testigos, 505 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales y 373 reuniones con organizaciones de sociedad civil y personas que se encontraban protestando. Este trabajo les permitió confirmar, por ejemplo, que el 3 de mayo de este año, policías patrullaron por las calles de Siloé (Cali), uno de los barrios más afectados por esas jornadas de violencia, armados de fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Además del uso de armas letales, la Oficina también documentó polémicos episodios con artefactos menos letales.
Según el informe, se documentaron varios casos en los que la Policía, el Esmad o el Ejército usaron lanzadores de agua, gases lacrimógenos, incluyendo la denominada arma “venom” bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios. La Oficina asegura que existen razones fundadas para considerar que el uso inadecuado e indiscriminado de estas armas habrían causado la muerte y “graves lesiones físicas de personas, tales como traumatismo craneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes”. Su utilización, agrega el informe, se hizo sin tener en cuenta los estándares internacionales y procedimientos internos del Ministerio de Defensa.
Los departamentos más afectados
La investigación de la Oficina del Alto Comisionado explicó, a manera de contexto, que las protestas nacieron en un clima de profunda inconformidad con la situación de desigualdad que terminó de agravarse durante el confinamiento por el COVID-19. Para el trimestre enero y marzo de 2021, la tasa de desempleo fue 15,8 y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que, en enero de este año, casi la mitad de la población colombiana (48 %) estaba en una situación de inseguridad alimentaria. Para abril, el exministro Carrasquilla presentó la cuestionada Reforma Tributaria y el descontento por esa propuesta se transfirió a las calles. En todos los departamentos se dieron protestas.
Sin embargo, la Oficina asegura que las muertes en el marco de esas manifestaciones se concentraron en ocho departamentos: Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. El 71 % de los casos de muertes, agrega el informe, habrían sucedido en el departamento del Valle. En las entrevistas que realizaron los investigadores de este documento, los familiares de las víctimas fallecidas expresaron que los jóvenes que participaban en las protestas lo hacían porque querían generar cambios estructurales e institucionales para tener mejores oportunidades de estudio o trabajo y un futuro mejor para sus familias.
La mayoría de las personas fallecidas en el contexto de las protestas, dice el informe, fueron jóvenes entre 17 y 26 años, que vivían en barrios pobres y periféricos, “hijos/as de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o desescolarizados/as”. Además, 12 de las víctimas mortales no tenían nada que ver con las manifestaciones. “Entre los casos documentados de personas que murieron y que no participaban en la protesta es ilustrativo el caso de Einer Lasso Chará, un policía retirado de 60 años, quien falleció en Cali el 30 de abril por un tiro de arma de fuego presuntamente accionada por la fuerza pública”, agrega.
Otro caso similar es el de Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida en Siloé cuando recibió un disparo de arma de fuego en el contexto de una intervención de la fuerza pública. Otro caso es el de Christian David Castillo, de 26 años, quien se encontraba observando las manifestaciones en Suba (Bogotá) el 22 de junio, cuando fue impactado en la cabeza por una munición de gas lacrimógeno disparada por un miembro del Esmad. Según la Oficina, la Fiscalía inició investigaciones en contra de los uniformados en estos tres casos. Ahora, sobre los casos de muertes de personas que sí estaban participando de las protestas, el informe también tiene detalles.
“De los casos de muertes verificados por la Oficina, 35 habrían sido generados por arma de fuego. Entre las muertes por arma de fuego que la Oficina documentó, se encuentran las siguientes: el caso de Santiago Andrés Murillo Meneses, un joven de 19 años quien falleció en Ibagué (Tolima) por un disparo de arma de fuego en su tórax accionado por un policía motorizado; el caso de Jhordany Yesid Rosero Estrella, joven de 22 años fallecido el 31 de mayo por un arma de fuego accionada por un policía en Villagarzón (Putumayo); y el caso de Christian Delgadillo Sánchez, un joven que murió por impacto de bala en el cuello accionado por la fuerza pública en Cali el 4 de junio”, explica la ONU.
Violencia sexual y basada en género
De los temas más sensibles durante los tres meses del Paro Nacional fueron las denuncias de violencia sexual, al parecer perpetradas por uniformados de la fuerza pública. El caso de una joven en Popayán estremeció al país pues, luego de alertar sobre sus posibles victimarios, se quitó la vida. Ese caso fue uno de los analizados por la Oficina. En total, el Alto Comisionado recibió 60 alegaciones de personas víctimas de violencia sexual presuntamente cometidas por miembros de la Policía. El 80 % de ellas son mujeres (48) y 20 % son hombres (12). Aunque Bogotá fue el lugar en donde más se denunciaron estas presuntas conductas, la Oficina recibió casos de todo el país.
Seis en Medellín (Antioquia), una en Bello (Antioquia), una en Itagüí (Antioquia), tres en Barranquilla (Atlántico), tres en Soledad (Atlántico), 16 en Bogotá, una en Tunja (Boyacá), una en Facatativá (Cundinamarca), una en Acacías (Meta), cinco en Cali (Valle del Cauca), 11 en Palmira (Valle del Cauca), una en Yumbo (Valle del Cauca), cinco en Popayán (Cauca), cuatro en Pasto (Nariño), una en Bucaramanga (Santander). Los detalles que logró verificar la ONU sobre dos de estos casos, son escabrosos y mostrarían cómo fue que la Policía usó esta conducta ilegal para humillar y castigar a manifestantes, especialmente a mujeres por el hecho de tener ese género.
(En contexto: El doloroso capítulo de violencia sexual en el paro nacional)
“En los dos casos verificados por la Oficina en Popayán (Cauca), las víctimas son una mujer de 18 años y un niño indígena de 17 años. La mujer de 18 años fue detenida arbitrariamente el 12 de mayo por parte de la policía y, de acuerdo a las alegaciones, fue víctima de agresiones verbales sexistas y de amenazas de violencia sexual por parte de la policía. Ese mismo día, mientras se encontraba detenido arbitrariamente, un niño indígena habría sido agredido física y verbalmente, incluyendo actos de violencia sexual (tocamientos) y amenazas de muerte, por integrantes de la policía. La víctima recibió además insultos racistas y homófobos”, dice el informe.
Otros dos casos verificados por la Oficina ocurrieron en Cali. Una mujer de 20 años fue detenida de manera arbitraria el 29 de abril de 2021 e integrantes de la Policía la habrían sometido a malos tratos y violencia sexual (tocamientos). “Con posterioridad a los hechos y tras haber interpuesto una denuncia penal por los mismos, la mujer fue víctima de amenazas por parte de personas no identificadas y tuvo que desplazarse forzadamente”, explica la ONU. Y el segundo, un caso de violencia sexual en contra de una mujer patrullera de la policía, cometido por personas violentas en un ataque contra un CAI de Cali (Valle del Cauca), el 29 de abril.
Sobre este delito, los hallazgos de la investigación son contundentes: en cinco casos documentados, la violencia sexual constituiría tortura y en otros ocho casos tratos crueles, inhumanos o degradantes. “De acuerdo a la información recopilada y contrastada por la Oficina, existen razones fundadas para sostener que en estos casos integrantes de la policía usaron la violencia sexual para castigar a las personas por su participación en las manifestaciones y para humillarlas por su condición de mujeres (...) Muchas de las violaciones registradas se cometieron en el marco de detenciones arbitrarias”, se lee en la investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Derecho a la libertad
En medio del caos que se vivió entre el abril y julio de este año, fueron miles las denuncias de detenciones irregulares a manifestantes en todo el país. Esta situación también fue verificada por esta investigación, cuya conclusión es que sí existieron procedimientos irregulares por parte de la fuerza pública que vulneró el derecho a la libertad. “Según lo ilustran los casos documentados por la Oficina, algunas de las detenciones se habrían dado sin el respeto de las salvaguardas esenciales para la protección de la libertad, como la falta de notificación de las razones de la detención, la falta de acceso a un abogado, la incomunicación con familiares y la falta de presencia del Ministerio Público durante los procedimientos”, dice el informe.
(En contexto: Paro Nacional: más de 149 agresiones a periodistas y un posible caso de tortura)
Además, el Alto Comisionado asegura que en ciudades como Bogotá, Medellín, Neiva, Pasto y en el departamento de Valle del Cauca, habrían sido usados lugares que no son oficialmente reconocidos y controlados para la privación de libertad, como estaciones de transporte público, instalaciones colectivas (coliseo cubierto), cultivos de caña de azúcar, instalaciones de peajes viales y camiones. Para la Oficina, la delicadeza del asunto radica en que las privaciones de la libertad que carecen de fundamento legal y en las que no se cumplen los procedimientos previstos por la ley, incrementan el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos.
Los desaparecidos
A manera de corte de cuentas, la Oficina del Alto Comisionado realizó un chequeo sobre qué es lo que se ha podido resolver, en materia de investigaciones, desde que acabó el Paro Nacional. Como resultado de los actos violentos cometidos en el contexto de las protestas por parte de particulares, la Fiscalía aseguró que se han adelantado 744 noticias criminales, se han hecho 160 imputaciones y se libraron 49 medidas de aseguramiento. Además, la entidad que dirige Francisco Barbosa le aseguró a la ONU que, sobre el delito de desaparición forzada, de los 627 casos denunciados, ya localizaron a 276 personas, 136 eran registros duplicados y 192 corresponden a registros inadmitidos.
Pero el dato preocupante que recibió la Oficina por parte de la Fiscalía es que el mecanismo de búsqueda urgente se encuentra activo para 27 casos. Es decir, que hoy en día, a punto de acabarse del 2021, todavía hay 27 personas que desaparecieron en el marco del Paro Nacional.
Violencia contra la fuerza pública
En medio de las noches en vela por los tiros al aire, los estruendos por el disparo de balas aturdidoras y el caos en el que terminaba la disolución de las manifestaciones, la fuerza pública también se vio afectada. Según el Gobierno, tres miembros de la Policía (hombres) habrían muerto al 31 de julio de 2021. Los casos son los del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, quien desapareció el 3 de junio en Cali y que fue encontrado muerto el 7 de junio en el río Cauca. El del policía Juan Sebastián Briñez Hernández, quien murió el 22 de mayo en Cali presuntamente por arma de fuego. Y el caso del capitán Jesús Alberto Solano, quien murió el 28 de abril en Soacha por arma blanca al intentar frenar un saqueo.
“Adicionalmente, la Oficina recibió información del caso de la muerte del investigador del CTI, Fredy Bermúdez Ortiz, quien, el 28 de mayo, fue linchado en Cali por un grupo de manifestantes en un bloqueo que lo acusó de ser un infiltrado en las manifestaciones”, agrega el informe. Además de las afectaciones a las filas de la Policía, el Gobierno también le entregó información a la ONU sobre afectaciones a bienes privados o públicos. Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, del 28 de abril al 10 de septiembre, se reportaron 2.049 bienes privados destruidos (491 establecimientos comerciales, 463 oficinas bancarias, 4.445 cajeros automáticos, 318 ambulancias, entre otros).
Revisar protocolos y transformar al Esmad
A manera de conclusión y recomendaciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró que “hay razones fundadas para sostener que en el contexto del Paro Nacional, se habrían cometido violaciones a los derechos humanos, tales como el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo”. A pesar de saludar las iniciativas del Gobierno para llegar a soluciones pacíficas, lo cierto es que el informe deja entrever una realidad de violación de derechos humanos.
Por eso, una de las recomendaciones de la ONU en la materia es que se revisen los protocolos y procedimientos de uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad para evitar el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. “El Estado colombiano debe tomar todas las medidas y acciones necesarias para asegurar que las autoridades encargadas de la gestión de las manifestaciones, en particular la fuerza pública, solo recurran a la dispersión de las manifestaciones en estricta observancia de las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos”, agrega la investigación.
Dos de las recomendaciones más contundentes del informe radican en una transformación, primero, al Esmad. Según su criterio, Colombia debería adoptar una transformación profunda a este escuadrón antidisturbios. Y el segundo cambio estaría más hacia el lado de la organización de la Policía. Al respecto, lo que recomienda la ONU es “impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Nacional, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas, así como valorar la pertinencia de transferir la policía del Ministerio de Defensa a un Ministerio de autoridad civil, para reforzar el carácter civilista de la institución y el enfoque sobre la seguridad ciudadana”, concluye el informe.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.