Policías implicados en muertes del “9S” piden ir a la Justicia Penal Militar
Este lunes iniciaron las audiencias de imputación de cargos en contra de los policías John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso y Andrés Díaz Mercado por la muerte de cuatro personas en la noche de protestas “9S”, originada por la muerte del abogado Javier Ordóñez mientras estaba custodia policial. Dos defensores pidieron que los expedientes vayan a la Justicia Penal Militar.
La justicia empieza a desenredar cabos de la violenta noche de protestas “9S”, en la cual murieron un total de 13 civiles, en medio de las multitudinarias manifestaciones por la muerte del abogado Javier Ordóñez, tras un violento operativo policial a manos de los expatrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, el pasado 9 de septiembre de 2020 en el CAI Villaluz de Bogotá. La Fiscalía busca imputarles el delito de homicidio a los policías John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso y Andrés Díaz Mercado, quienes serían los responsables de cuatro muertes en diferentes puntos de la capital del país. Sin embargo, el ente investigador, no les pudo imputar cargos.
En contexto: Voces de Verbenal: la tragedia del 9S.
En una de las tres audiencias, que se realizaron de manera virtual, la defensa del policía Andrés Díaz Mercado señaló que el caso debería quedar en manos de la Justicia Penal Militar, dado que la muerte de Germán Smyth Puentes, ocurrida la noche del “9S” en el CAI Rincón, en la localidad de Suba, se dio en medio de un acto del servicio y no hubo -en su criterio- extralimitación por parte del miembro de la Fuerza Pública. Incluso, la defensa expuso que el fallecimiento se dio en un contexto de disparos cruzados, que se dio para “repeler el ataque contra el CAI”. Su audiencia fue aplazada para el 28 de enero a las 9 a.m.
Por otro lado, la defensa del policía Jhon Antonio Gutiérrez adhirió a lo expuesto paralelamente en la diligencia de Díaz Machado, pues solicitó al juez que el expediente sea llevado a la Justicia Penal Militar. Gutiérrez, quien es representado por un abogado de oficio, sería el responsable de la muerte de de Jaider Alexander Fonseca, de 17 años, y de Andrés Felipe Rodríguez, de 23 años, en la noche de protestas que se vivió en inmediaciones del CAI Verbenal, al norte de Bogotá, el pasado nueve de septiembre.
Tras la petición de la defensa del uniformado Jhon Gutiérrez, La Fiscalía y Procuraduría se opusieron al conflicto de competencias, ya que este presunto hecho no tiene relación con el servicio del policía hoy bajo investigación. “Se desbordó la acción policial en este caso concreto. Se estaba tratando de controlar una manifestación. Existen otros mecanismos para contener este tipo de acciones y que no fueron usadas por la fuerza pública”, puntualizó el Ministerio Público. Obviamente, la abogada de víctimas, Alejandra Garzón señaló que la petición de la defensa solo tiene como fin entorpecer el avance del proceso.
“Diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dejado claro que las violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales deben ser competencia de la justicia ordinaria y no la militar. La Justicia penal es una vía excepcional. La justicia colombiana no puede pasar por alto la acción del uniformado Gutiérrez en vía pública. Él tenía el deber, por el contrario, de defender los derechos de la población (...) existió clara conciencia del patrullero de accionar su arma”, señaló la representante de las víctimas, la abogada Alejandra Garzón.
Lea también: Así avanza la investigación contra policías tras disturbios del “9S”.
Una vez escuchadas las partes intervinientes, el juez decidió dar curso a la solicitud hecha por la defensa de Jhon Antonio Gutiérrez y suspendió la audiencia hasta el próximo jueves 21 de enero, a las 9:00 a.m. “El despacho carece de elementos materiales probatorios que permitan determinar si se está ante una situación en la que se desborda con la función o servicio de policía. De manera objetiva no es posible entrar a mirar por parte del despacho esa situación”, explicó quien presidió la diligencia de imputación.
Por otro lado, la audiencia de imputación contra el uniformado José Andrés Lasso Valencia, por la muerte de Angie Paola Baquero, en cercanías del CAI Aures, fue aplazada por que el defensor Jaime Augusto Castillo no asistió a la diligencia, lo cual fue denunciado como “un irrespeto a las víctimas y una búsqueda de dilación del proceso penal”, por parte de la Asociación Red de defensores y defensoras de DD.HH. “Lo ocurrido es una grave vulneración al derecho de acceso a la justicia, además de constituirse como una revictimización para los familiares de Angie Paola Baquero Rojas, que luchan día a día por la búsqueda de verdad y justicia”, expresó en un documento conocido por este diario.
La noche de protestas
La madrugada del “9S” inició con un crudo video que circuló masivamente en redes sociales. Se trataba de los entonces patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes redujeron con violencia al abogado Javier Ordóñez en plena vía pública de la localidad de Engativá, en Bogotá. Tras ser detenido con evidente exceso de fuerza, la víctima fue llevada al CAI Villaluz, donde según las pesquisas de Medicina Legal, los uniformados le destrozaron el riñón derecho, lo que le provocó una hemorragia interna crítica. Ordóñez fue llevado a la Clínica Santa María del Lago, donde finalmente falleció a causa de las heridas.
La Procuraduría inicio un proceso disciplinario contra Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 20 años. Dentro de las audiencias, el Ministerio Público logró concluir que se trató de un homicidio, de acuerdo con las pruebas aportadas por Medicina Legal. Por estos hechos, ambos expolicías fueron llamados a juicio el pasado 13 de enero por los delitos de homicidio y tortura agravada.
En contexto: Patrulleros involucrados en homicidio de Javier Ordóñez van a juicio.
Las imágenes de violencia policial, sumadas a la noticia por el fallecimiento de Ordóñez, movilizaron a cientos de personas en Bogotá y Soacha, quienes manifestaron su ira contra uniformados de la fuerza pública y Centros de Atención Inmediata (CAI) de la capital. Según datos de la institución, solo esa noche 53 instalaciones de Policía fueron afectadas, entre ellas 17 CAI incendiados y dos estaciones afectadas. Además, 30 uniformados resultaron lesionados. Así mismo, dos entidades comerciales sufrieron daños: un D1 en Suba y un Éxito que fue saqueado en Bosa.
Sin embargo, la respuesta de los miembros de la Policía fue desmedida, de acuerdo con organizaciones sociales y la misma Fiscalía. Resultaron heridas más de 300 personas y, además, murieron otras 13 como consecuencia de disparos presuntamente originados de armas oficiales. Las víctimas mortales serían: Angie Paola Baquero, Fredy Alexander Mahecha, Andrés Felipe Rodríguez, Cristian Camilo Hernández, Julián Mauricio Gonzáles, Germán Smyth Puentes, Julieth Ramírez Meza, Jaider Alexander Fonseca, Marcel Zuñiga, Cristhian Andrés Hurtado, Anthony Gabriel Estrada, Lorwuan Stiwen Mendoza y Eider Jesús Arias.
Las presuntas víctimas de los tres policías
En contexto: Jaider Fonseca, una víctima más del “9S”.
Jaider Alexander Fonseca Castillo, de 17 años, fue una de las 13 personas que murieron presuntamente en medio de la respuesta policial ante la jornada de protestas del “9S”. Padre de un bebé de entonces siete meses, perdió la vida luego de que cuatro disparos con arma de fuego atravesaran su cuerpo. Su pareja sentimental, Maira Páez, aseguró que se enteró de lo sucedido a través de un Facebook Live, cuando Jaider Alexander intentó cubrirse de la ráfaga con una puerta metálica en inmediaciones del CAI Verbenal, al norte de Bogotá.
Luego de que la transmisión finalizara, Maira Páez recibió una llamada en la cual le avisaron que el joven estaba en la Clínica Cardioinfantil. “Me dicen que necesitan sus datos para abrirle la historia clínica. Él llegó con signos vitales muy débiles. Hicieron labores de reanimación y transfusión de sangre, pero una de las balas fue mortal”, explicó en diálogo con El Espectador. La presunta víctima había trabajado como domiciliario en un asadero, pero a mitad de 2020 se quedó sin empleo. De acuerdo con la Fiscalía, el uniformado John Antonio Gutiérrez sería responsable de su muerte.
De acuerdo con el ente investigador, John Antonio Gutiérrez también sería responsable del fallecimiento de Andrés Felipe Rodríguez, un joven de 23 años que había llegado a Bogotá, de Buenavista (Córdoba), con el objetivo de conseguir trabajo. De hecho, durante sus últimos meses se desempeñó como lavador de carros en la localidad de Chapinero, lugar desde donde salió a las 6 p.m. el pasado 9 de septiembre. De acuerdo con su hermano, Eduardo Rodríguez, la presunta víctima no participó de las protestas en el CAI Verbenal, simplemente “se encontraba en el lugar equivocado”, pues un disparo de una presunta arma oficial le perforó el pecho a eso de las 10 p.m.
Otras de las víctimas mortales, según la Fiscalía, sería Angie Paola Baquero. La mujer de 29 años murió en inmediaciones del CAI Aures, al noroccidente de Bogotá, cuando fue impactada por una bala en medio de las manifestaciones que se presentaron allí. Pero ella no hacía parte de la protesta, de acuerdo con una de sus amigas, Baquero solo salió de su casa para comprar algo de comer y allí, de acuerdo con el ente investigador, un disparo proveniente del uniformado José Andrés Lasso Valencia apagó su vida. La mujer estaba a punto de graduarse del Sena.
En contexto: “Me la mataron miserablemente”: madre de Angie Baquero, víctima de protestas en Bogotá.
“La bala le perforó los intestinos, ella se desangró internamente. Se desgonzó en el suelo y aunque el lugar estaba lleno de policías, ninguno la auxilió. Fue un señor en una moto que se la llevó hasta el Hospital de Suba, pero más tarde, fue trasladada al de Engativá, donde le hicieron una cirugía. Cuando yo llegué allá, ya le habían puesto más de 10 bolsas de sangre porque perdió mucha sangre, pero no se pudo hacer más”, le explicó a este diario Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero.
La última presunta víctima en estas diligencias de imputación es Germán Smyth Puentes Valero, quien habría muerto, según la Fiscalía, tras recibir un disparo en el tórax que venía del arma oficial del uniformado Andrés Díaz Mercado. El hombre, de 25 años, perdió la vida aproximadamente a las 9 p.m. en el barrio Rincón de Suba, en cercanías del CAI del sector. La gravedad de sus heridas lo llevaron al hospital de Suba, donde finalmente murió. De acuerdo con el portal Cuestión Publica, Germán Smyth era domiciliario.
La justicia empieza a desenredar cabos de la violenta noche de protestas “9S”, en la cual murieron un total de 13 civiles, en medio de las multitudinarias manifestaciones por la muerte del abogado Javier Ordóñez, tras un violento operativo policial a manos de los expatrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, el pasado 9 de septiembre de 2020 en el CAI Villaluz de Bogotá. La Fiscalía busca imputarles el delito de homicidio a los policías John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso y Andrés Díaz Mercado, quienes serían los responsables de cuatro muertes en diferentes puntos de la capital del país. Sin embargo, el ente investigador, no les pudo imputar cargos.
En contexto: Voces de Verbenal: la tragedia del 9S.
En una de las tres audiencias, que se realizaron de manera virtual, la defensa del policía Andrés Díaz Mercado señaló que el caso debería quedar en manos de la Justicia Penal Militar, dado que la muerte de Germán Smyth Puentes, ocurrida la noche del “9S” en el CAI Rincón, en la localidad de Suba, se dio en medio de un acto del servicio y no hubo -en su criterio- extralimitación por parte del miembro de la Fuerza Pública. Incluso, la defensa expuso que el fallecimiento se dio en un contexto de disparos cruzados, que se dio para “repeler el ataque contra el CAI”. Su audiencia fue aplazada para el 28 de enero a las 9 a.m.
Por otro lado, la defensa del policía Jhon Antonio Gutiérrez adhirió a lo expuesto paralelamente en la diligencia de Díaz Machado, pues solicitó al juez que el expediente sea llevado a la Justicia Penal Militar. Gutiérrez, quien es representado por un abogado de oficio, sería el responsable de la muerte de de Jaider Alexander Fonseca, de 17 años, y de Andrés Felipe Rodríguez, de 23 años, en la noche de protestas que se vivió en inmediaciones del CAI Verbenal, al norte de Bogotá, el pasado nueve de septiembre.
Tras la petición de la defensa del uniformado Jhon Gutiérrez, La Fiscalía y Procuraduría se opusieron al conflicto de competencias, ya que este presunto hecho no tiene relación con el servicio del policía hoy bajo investigación. “Se desbordó la acción policial en este caso concreto. Se estaba tratando de controlar una manifestación. Existen otros mecanismos para contener este tipo de acciones y que no fueron usadas por la fuerza pública”, puntualizó el Ministerio Público. Obviamente, la abogada de víctimas, Alejandra Garzón señaló que la petición de la defensa solo tiene como fin entorpecer el avance del proceso.
“Diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dejado claro que las violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales deben ser competencia de la justicia ordinaria y no la militar. La Justicia penal es una vía excepcional. La justicia colombiana no puede pasar por alto la acción del uniformado Gutiérrez en vía pública. Él tenía el deber, por el contrario, de defender los derechos de la población (...) existió clara conciencia del patrullero de accionar su arma”, señaló la representante de las víctimas, la abogada Alejandra Garzón.
Lea también: Así avanza la investigación contra policías tras disturbios del “9S”.
Una vez escuchadas las partes intervinientes, el juez decidió dar curso a la solicitud hecha por la defensa de Jhon Antonio Gutiérrez y suspendió la audiencia hasta el próximo jueves 21 de enero, a las 9:00 a.m. “El despacho carece de elementos materiales probatorios que permitan determinar si se está ante una situación en la que se desborda con la función o servicio de policía. De manera objetiva no es posible entrar a mirar por parte del despacho esa situación”, explicó quien presidió la diligencia de imputación.
Por otro lado, la audiencia de imputación contra el uniformado José Andrés Lasso Valencia, por la muerte de Angie Paola Baquero, en cercanías del CAI Aures, fue aplazada por que el defensor Jaime Augusto Castillo no asistió a la diligencia, lo cual fue denunciado como “un irrespeto a las víctimas y una búsqueda de dilación del proceso penal”, por parte de la Asociación Red de defensores y defensoras de DD.HH. “Lo ocurrido es una grave vulneración al derecho de acceso a la justicia, además de constituirse como una revictimización para los familiares de Angie Paola Baquero Rojas, que luchan día a día por la búsqueda de verdad y justicia”, expresó en un documento conocido por este diario.
La noche de protestas
La madrugada del “9S” inició con un crudo video que circuló masivamente en redes sociales. Se trataba de los entonces patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes redujeron con violencia al abogado Javier Ordóñez en plena vía pública de la localidad de Engativá, en Bogotá. Tras ser detenido con evidente exceso de fuerza, la víctima fue llevada al CAI Villaluz, donde según las pesquisas de Medicina Legal, los uniformados le destrozaron el riñón derecho, lo que le provocó una hemorragia interna crítica. Ordóñez fue llevado a la Clínica Santa María del Lago, donde finalmente falleció a causa de las heridas.
La Procuraduría inicio un proceso disciplinario contra Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 20 años. Dentro de las audiencias, el Ministerio Público logró concluir que se trató de un homicidio, de acuerdo con las pruebas aportadas por Medicina Legal. Por estos hechos, ambos expolicías fueron llamados a juicio el pasado 13 de enero por los delitos de homicidio y tortura agravada.
En contexto: Patrulleros involucrados en homicidio de Javier Ordóñez van a juicio.
Las imágenes de violencia policial, sumadas a la noticia por el fallecimiento de Ordóñez, movilizaron a cientos de personas en Bogotá y Soacha, quienes manifestaron su ira contra uniformados de la fuerza pública y Centros de Atención Inmediata (CAI) de la capital. Según datos de la institución, solo esa noche 53 instalaciones de Policía fueron afectadas, entre ellas 17 CAI incendiados y dos estaciones afectadas. Además, 30 uniformados resultaron lesionados. Así mismo, dos entidades comerciales sufrieron daños: un D1 en Suba y un Éxito que fue saqueado en Bosa.
Sin embargo, la respuesta de los miembros de la Policía fue desmedida, de acuerdo con organizaciones sociales y la misma Fiscalía. Resultaron heridas más de 300 personas y, además, murieron otras 13 como consecuencia de disparos presuntamente originados de armas oficiales. Las víctimas mortales serían: Angie Paola Baquero, Fredy Alexander Mahecha, Andrés Felipe Rodríguez, Cristian Camilo Hernández, Julián Mauricio Gonzáles, Germán Smyth Puentes, Julieth Ramírez Meza, Jaider Alexander Fonseca, Marcel Zuñiga, Cristhian Andrés Hurtado, Anthony Gabriel Estrada, Lorwuan Stiwen Mendoza y Eider Jesús Arias.
Las presuntas víctimas de los tres policías
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Jaider Alexander Fonseca Castillo, de 17 años, fue una de las 13 personas que murieron presuntamente en medio de la respuesta policial ante la jornada de protestas del “9S”. Padre de un bebé de entonces siete meses, perdió la vida luego de que cuatro disparos con arma de fuego atravesaran su cuerpo. Su pareja sentimental, Maira Páez, aseguró que se enteró de lo sucedido a través de un Facebook Live, cuando Jaider Alexander intentó cubrirse de la ráfaga con una puerta metálica en inmediaciones del CAI Verbenal, al norte de Bogotá.
Luego de que la transmisión finalizara, Maira Páez recibió una llamada en la cual le avisaron que el joven estaba en la Clínica Cardioinfantil. “Me dicen que necesitan sus datos para abrirle la historia clínica. Él llegó con signos vitales muy débiles. Hicieron labores de reanimación y transfusión de sangre, pero una de las balas fue mortal”, explicó en diálogo con El Espectador. La presunta víctima había trabajado como domiciliario en un asadero, pero a mitad de 2020 se quedó sin empleo. De acuerdo con la Fiscalía, el uniformado John Antonio Gutiérrez sería responsable de su muerte.
De acuerdo con el ente investigador, John Antonio Gutiérrez también sería responsable del fallecimiento de Andrés Felipe Rodríguez, un joven de 23 años que había llegado a Bogotá, de Buenavista (Córdoba), con el objetivo de conseguir trabajo. De hecho, durante sus últimos meses se desempeñó como lavador de carros en la localidad de Chapinero, lugar desde donde salió a las 6 p.m. el pasado 9 de septiembre. De acuerdo con su hermano, Eduardo Rodríguez, la presunta víctima no participó de las protestas en el CAI Verbenal, simplemente “se encontraba en el lugar equivocado”, pues un disparo de una presunta arma oficial le perforó el pecho a eso de las 10 p.m.
Otras de las víctimas mortales, según la Fiscalía, sería Angie Paola Baquero. La mujer de 29 años murió en inmediaciones del CAI Aures, al noroccidente de Bogotá, cuando fue impactada por una bala en medio de las manifestaciones que se presentaron allí. Pero ella no hacía parte de la protesta, de acuerdo con una de sus amigas, Baquero solo salió de su casa para comprar algo de comer y allí, de acuerdo con el ente investigador, un disparo proveniente del uniformado José Andrés Lasso Valencia apagó su vida. La mujer estaba a punto de graduarse del Sena.
En contexto: “Me la mataron miserablemente”: madre de Angie Baquero, víctima de protestas en Bogotá.
“La bala le perforó los intestinos, ella se desangró internamente. Se desgonzó en el suelo y aunque el lugar estaba lleno de policías, ninguno la auxilió. Fue un señor en una moto que se la llevó hasta el Hospital de Suba, pero más tarde, fue trasladada al de Engativá, donde le hicieron una cirugía. Cuando yo llegué allá, ya le habían puesto más de 10 bolsas de sangre porque perdió mucha sangre, pero no se pudo hacer más”, le explicó a este diario Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero.
La última presunta víctima en estas diligencias de imputación es Germán Smyth Puentes Valero, quien habría muerto, según la Fiscalía, tras recibir un disparo en el tórax que venía del arma oficial del uniformado Andrés Díaz Mercado. El hombre, de 25 años, perdió la vida aproximadamente a las 9 p.m. en el barrio Rincón de Suba, en cercanías del CAI del sector. La gravedad de sus heridas lo llevaron al hospital de Suba, donde finalmente murió. De acuerdo con el portal Cuestión Publica, Germán Smyth era domiciliario.