Ponencia en la Corte Constitucional pide que consultas mineras sean la última opción
El futuro de las consultas populares para que la gente se pueda pronunciar sobre la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios se debate en el alto tribunal.
Redacción Judicial
La Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión trascendental sobre el futuro de las consultas mineras en el país. Se trata del mecanismo que permite a los ciudadanos de un determinado municipio dar su aval o vetar los proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. El debate es álgido y tiene dos posturas enfrentadas. Por un lado, el Gobierno afirma que la prohibición popular de la minería en algunos municipios ha puesto en jaque las finanzas del Estado. Por otro lado, para organizaciones sociales, es la única forma de tener voz en proyectos de esta naturaleza.
La discusión en la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo quien presentó un proyecto de fallo que le da la razón a la multinacional y que, de ser acogida por sus compañeros de la Sala Plena, representará un precedente judicial.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
La ponencia afirma que es necesario concertar con las comunidades sobre la realización de los proyectos extractivos y dejar la consulta popular con la última opción. Esta posición remite a la sentencia C-123 de 2014 que estableció que, en el proceso de autorización de las actividades de exploración y explotación minera, debía haber espacios que permitieran la participación activa y eficaz de las entidades municipales o distritales.
Precisamente, en la audiencia pública que la Corte Constitucional realizó sobre este caso en abril pasado, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consideraron que debía llegarse a un punto medio entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios. El problema, de acuerdo con el director de esa entidad, Luis Guillermo Vélez, es que la tutela T-445 de 2016, conocida como el fallo de Pijao, supuestamente rompió con esa armonía al permitir que los ciudadanos de un territorio definir cómo y de qué manera se van a utilizar los recursos del subsuelo.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Aunque ese fallo ha sido considerado un triunfo ambiental y democrático, para Vélez "es necesario que la Corte restablezca los mecanismos para lograr dicha armonía. Se debe desarrollar un proceso de concurrencia y concertación entre el gobierno nacional, autoridades, compañías y comunidades que retome los elementos contenidos en la sentencia C-123 de 2014 de la misma Corte".
La posición contraria la han defendido las organizaciones sociales. Su argumento es que las consultas mineras terminan siendo la única opción, ante la falta de participación real de los municipios y de la ciudadanía en la planeación de los proyectos. Diana Rodríguez, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), dijo en la audiencia de abril pasado: “El aumento de consultas populares no es un problema sino un síntoma del verdadero problema: la ausencia de espacios de participación efectivos para las entidades territoriales y los ciudadanos en las decisiones sobre minería e hidrocarburos”.
(Le puede interesar: Consultas mineras se hacen por falta de espacios de participación: organizaciones)
Cifras del Gobierno, con corte al mes de abril, señalan que hasta el momento se han hecho nueve consultas sobre minería e hidrocarburos en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre). Actualmente, hay seis suspendidas y 54 en marcha. En Antioquia, que tiene 120 municipios mineros, se ha hecho una consulta y otra está en trámite. Y en Casanare, donde hay 12 municipios con explotación de hidrocarburos, se ha hecho una consulta y hay siete en marcha.
La Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión trascendental sobre el futuro de las consultas mineras en el país. Se trata del mecanismo que permite a los ciudadanos de un determinado municipio dar su aval o vetar los proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. El debate es álgido y tiene dos posturas enfrentadas. Por un lado, el Gobierno afirma que la prohibición popular de la minería en algunos municipios ha puesto en jaque las finanzas del Estado. Por otro lado, para organizaciones sociales, es la única forma de tener voz en proyectos de esta naturaleza.
La discusión en la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo quien presentó un proyecto de fallo que le da la razón a la multinacional y que, de ser acogida por sus compañeros de la Sala Plena, representará un precedente judicial.
(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)
La ponencia afirma que es necesario concertar con las comunidades sobre la realización de los proyectos extractivos y dejar la consulta popular con la última opción. Esta posición remite a la sentencia C-123 de 2014 que estableció que, en el proceso de autorización de las actividades de exploración y explotación minera, debía haber espacios que permitieran la participación activa y eficaz de las entidades municipales o distritales.
Precisamente, en la audiencia pública que la Corte Constitucional realizó sobre este caso en abril pasado, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consideraron que debía llegarse a un punto medio entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios. El problema, de acuerdo con el director de esa entidad, Luis Guillermo Vélez, es que la tutela T-445 de 2016, conocida como el fallo de Pijao, supuestamente rompió con esa armonía al permitir que los ciudadanos de un territorio definir cómo y de qué manera se van a utilizar los recursos del subsuelo.
(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)
Aunque ese fallo ha sido considerado un triunfo ambiental y democrático, para Vélez "es necesario que la Corte restablezca los mecanismos para lograr dicha armonía. Se debe desarrollar un proceso de concurrencia y concertación entre el gobierno nacional, autoridades, compañías y comunidades que retome los elementos contenidos en la sentencia C-123 de 2014 de la misma Corte".
La posición contraria la han defendido las organizaciones sociales. Su argumento es que las consultas mineras terminan siendo la única opción, ante la falta de participación real de los municipios y de la ciudadanía en la planeación de los proyectos. Diana Rodríguez, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), dijo en la audiencia de abril pasado: “El aumento de consultas populares no es un problema sino un síntoma del verdadero problema: la ausencia de espacios de participación efectivos para las entidades territoriales y los ciudadanos en las decisiones sobre minería e hidrocarburos”.
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Cifras del Gobierno, con corte al mes de abril, señalan que hasta el momento se han hecho nueve consultas sobre minería e hidrocarburos en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre). Actualmente, hay seis suspendidas y 54 en marcha. En Antioquia, que tiene 120 municipios mineros, se ha hecho una consulta y otra está en trámite. Y en Casanare, donde hay 12 municipios con explotación de hidrocarburos, se ha hecho una consulta y hay siete en marcha.