Ponencia propone modificar número de semanas para que una mujer pueda pensionarse

Mientras el mundo político y económico sigue entendiendo y analizando el documento que propone el gobierno Petro como su reforma pensional, en la Corte Constitucional avanza un debate que podría adelantarse a cualquier plan del Ejecutivo. La Sala Plena ya estudia una ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés que podría darle la vuelta a la fórmula que hoy se usa en el país para tasar el número de semanas que debe alcanzar una mujer para jubilarse. Además de la discusión de ese proyecto de fallo, la Corte está inmersa en otro debate: seis de los nueve magistrados se declararon impedidos porque la decisión podría beneficiarlos a ellos mismos, a sus esposas o hermanas.

Mientras el mundo político y económico sigue entendiendo y analizando el documento que propone el gobierno Petro como su reforma pensional, en la Corte Constitucional avanza un debate que podría adelantarse a cualquier plan del Ejecutivo. La Sala Plena ya estudia una ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés que podría darle la vuelta a la fórmula que hoy se usa en el país para tasar el número de semanas que debe alcanzar una mujer para jubilarse. Además de la discusión de ese proyecto de fallo, la Corte está inmersa en otro debate: seis de los nueve magistrados se declararon impedidos porque la decisión podría beneficiarlos a ellos mismos, a sus esposas o hermanas.

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El caso llegó al alto tribunal por una demanda que presentó el abogado Diego Andrés López Suárez en contra de un artículo del régimen de pensiones en el que, hace más de 20 años, quedó pactado el número de semanas que tenía que trabajar una mujer para poder jubilarse. En esa norma, quedó claro: 1.300 semanas, tal y como sucede con los hombres. Para el demandante, esa cifra no es justa y va en contra de los derechos de las mujeres a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social, entre otros, pues no es posible que un Estado le exija lo mismo que a un hombre. No solo porque nunca está en las mismas condiciones que ellos, sino porque también desconoce las actividades de cuidado que, normalmente, recaen en las mujeres.

Además, el demandante agregó: “El Estado no tiene en cuenta que las mujeres, por su importante rol de mamá, incluyendo el nacimiento, cuidado de los menores y labores de hogar, ven interrumpidos constantemente sus vínculos laborales durante meses y años”. Para reforzar su argumento, el abogado López le expuso a la Corte Constitucional cifras del DANE donde queda en evidencia la desigualdad que enfrentan las mujeres en este asunto: solo el 12 % de las mujeres obtienen una pensión frente a un 20 % de los hombres. Por eso, lo que pide el demandante es que se reduzca el número de semanas, de 1.300 a 1.000 y que, en todo caso, haya una diferenciación para las mujeres cabeza de hogar.

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El asunto entró al alto tribunal desde mayo pasado. Hoy, el expediente está en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, quien elaboró una ponencia con las intervenciones que hicieron varias universidades, la Procuraduría y otros expertos, no solo en temas pensionales, sino también en derechos de la mujer. Cuando el proyecto de fallo llegó a las oficinas de sus demás compañeros de Sala, el asunto empezó a complicarse. La razón: lo que plantea el magistrado Cortés es que la norma por la cual se establece el número de semanas que debe cumplir una mujer para jubilarse se debe modificar. En otras palabras, que las 1.300 semanas que hoy exige el Estado para pensionarse se deben reducir.

Esa tesis, que significaría una modificación histórica para el derecho de las mujeres a pensionarse, generó una avalancha de impedimentos de seis de los nueve magistrados de la Sala Plena. La primera en hacerlo fue Diana Fajardo, presidenta de la Corte. Lo hizo en diciembre pasado y dejó claro que, aunque no cotiza en el régimen de prima media, sino al de ahorro individual (la posible modificación solo afectaría al primero), se declaraba impedida porque se encuentra próxima a pensionarse y cualquier decisión en este asunto podía beneficiarla. En esta misma vía, las magistradas Paola Meneses y Natalia Ángel también presentaron su impedimento. La primera lo hizo el 31 de enero y la segunda el 15 de marzo pasado.

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Ambas explicaron que, por su condición de mujer, por estar afiliadas el régimen de prima media y porque están próximas a cumplir las 1.000 semanas, su participación en el caso podía beneficiarlas y eso es, claramente, un causal de impedimento. No solo estas tres magistradas se declararon impedidas. También lo hicieron tres hombres: Alejandro Linares, Jorge Enrique Ibáñez y José Reyes. Los tres explicaron que sus esposas están por cumplir los requisitos para jubilarse y, además, Reyes aclaró que tiene dos hermanas en la misma situación. Ibáñez concluyó que su impedimento respondía “con el propósito de mantener incólume la independencia e imparcialidad que debe caracterizar la función pública de administración de justicia”.

La Sala Plena todavía no ha tomado una decisión de qué hacer con estos impedimentos. “Es completamente evidente que, si se apoya la ponencia del magistrado Cortés y se modifica el número de semanas para beneficiar a las mujeres, hay seis magistrados que se beneficiarían directamente y casi de inmediato. El problema es que la solución no es tan evidente”, explicó una fuente del alto tribunal. ¿Por qué? Porque, en caso de aceptar los impedimentos, la Corte entraría a nombrar conjueces “y esa opción tampoco es garantía de que ellos puedan tomar la decisión porque no sabemos si están por jubilarse o tienen familiares en la misma situación”, agregó la fuente.

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Se espera que durante las próximas semanas el asunto termine por decantarse en la Sala Plena, y ese debate incluye, según fuentes de la Corte, desechar por completo la idea de que nueve magistrados hombres sean los encargados de tomar esta decisión. “Aquí lo que realmente importa es tener claro el enfoque de género”, explicó un funcionario. Más allá del debate de los impedimentos, la ponencia del magistrado Cortés es clara en que se debe modificar la ley para proteger los derechos de las mujeres. Solo falta que la mayoría de Sala Plena, con sus magistrados titulares o conjueces, tome una decisión que podría cambiar el rumbo de las pensiones para las mujeres, incluso antes de que la propuesta de Petro sea estudiada en el Congreso.

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