Por 303 falsos positivos en Casanare, JEP imputa a un general y 21 militares más

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó este lunes la tercera imputación a máximos responsables de práctica criminal conocida como falsos positivos. La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que un general y 21 militares más que pasaron por la Brigada XVI del Ejército, con sede en Yopal (Casanare), así como un exfuncionario del DAS y dos civiles reclutadores, fueron responsables de 303 muertes de civiles, que de manera criminal hicieron pasar como bajas en combate.

(En contexto: Los hallazgos de la JEP sobre falsos positivos en Casanare: preparan imputación)

Entre los imputados, el militar mayor grado es el general en retiro Henry Torres Escalante, quien comandaba la Brigada XVI para el periodo investigado y en 2016 se convirtió en el primer general detenido por su responsabilidad en falsos positivos. Aunque Torres ha dicho que todo pasó a sus espaldas, las más de 100 versiones voluntarias de militares y otros implicados que escuchó la JEP dan cuenta de que conocía de cerca en qué estaba cada unidad y grupo bajo su mando.

La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se enquistó en la Brigada XVI. La mayoría de las víctimas eran civiles que nunca participaron en la guerra y fueron señalados de guerrilleros. “Los 22 máximos responsables tuvieron un rol esencial y determinante en la configuración del patrón criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”, explicó el magistrado Óscar Parra, uno de los relatores del caso de falsos positivos.

En su mayoría, las víctimas eran hombres entre los 18 y los 24 años, pero también fueron asesinadas nueve mujeres y un hombre con una expresión de género diversa. Por esto, la Sala de Reconocimiento imputa por primera vez desde la creación de la JEP el delito de persecución por razones de género, a la vez que imputó utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto, pues los militares instrumentalizaron a menores de edad para que reclutaran a civiles inocentes.

Estos hechos se cometieron bajo tres modalidades, según determinó la JEP. “En la primera, los efectivos de la brigada asesinaron a personas aprehendidas o puestas fuera de combate en medio de operaciones inicialmente legales. En la segunda, las víctimas fueron señaladas, a partir de distintas labores de inteligencia y posteriormente ejecutadas. En la tercera, los miembros de las unidades militares, en coordinación con reclutadores, que servían como informantes, asesinaron a personas engañadas que fueron trasladadas desde zonas urbanas”, explicó el magistrado Parra.

Además del general (r) Torres Escalante, la JEP imputó al mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, quien comandó el Gaula Casanare y se hizo célebre recientemente porque dijo en una versión ante la justicia especial que el excomandante del Ejército, Mario Montoya, los medía “por litros de sangre”. También fueron vinculados al crimen el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.

Asimismo, la JEP vinculó al caso a Orlando Rivas Tovar, exdirector del DAS en Casanare. Se trata de la primera persona de esta antigua agencia de inteligencia que es imputada por la justicia especial. Junto a él, fueron llamados a responder por sus crímenes el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Cuando la JEP anunció en 2021 que había concluido que, entre 2002 y 2008 hubo 6.402 falsos positivos, explicó que se priorizaría la investigación de lo sucedido en algunos departamentos que sufrieron esta práctica criminal con mayor crudeza. Lo que llevó a los magistrados a poner la lupa sobre lo ocurrido en Casanare es que tiene la tasa más alta de falsos positivos por número de habitantes de todo el país: 12 casos por cada 100.000 habitantes.

(Lea también: ¿Quién dio la orden?: víctimas de falsos positivos insisten en reclamo ante la JEP)

Esta imputación de Casanare se suma a las de Catatumbo (Norte de Santander) y Cesar. Allí, la Sala de Reconocimiento determinó la responsabilidad de 12 y 15 militares, respectivamente, en la práctica de los falsos positivos. Dos docenas de ellos aceptaron los cargos y, en audiencias públicas de reconocimiento, asumieron su responsabilidad, explicando que no fueron casos aislados, sino que obedecieron a una práctica sistemática que nació de la presión de altos mandos militares por mostrar resultados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó este lunes la tercera imputación a máximos responsables de práctica criminal conocida como falsos positivos. La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que un general y 21 militares más que pasaron por la Brigada XVI del Ejército, con sede en Yopal (Casanare), así como un exfuncionario del DAS y dos civiles reclutadores, fueron responsables de 303 muertes de civiles, que de manera criminal hicieron pasar como bajas en combate.

(En contexto: Los hallazgos de la JEP sobre falsos positivos en Casanare: preparan imputación)

Entre los imputados, el militar mayor grado es el general en retiro Henry Torres Escalante, quien comandaba la Brigada XVI para el periodo investigado y en 2016 se convirtió en el primer general detenido por su responsabilidad en falsos positivos. Aunque Torres ha dicho que todo pasó a sus espaldas, las más de 100 versiones voluntarias de militares y otros implicados que escuchó la JEP dan cuenta de que conocía de cerca en qué estaba cada unidad y grupo bajo su mando.

La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se enquistó en la Brigada XVI. La mayoría de las víctimas eran civiles que nunca participaron en la guerra y fueron señalados de guerrilleros. “Los 22 máximos responsables tuvieron un rol esencial y determinante en la configuración del patrón criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”, explicó el magistrado Óscar Parra, uno de los relatores del caso de falsos positivos.

En su mayoría, las víctimas eran hombres entre los 18 y los 24 años, pero también fueron asesinadas nueve mujeres y un hombre con una expresión de género diversa. Por esto, la Sala de Reconocimiento imputa por primera vez desde la creación de la JEP el delito de persecución por razones de género, a la vez que imputó utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto, pues los militares instrumentalizaron a menores de edad para que reclutaran a civiles inocentes.

Estos hechos se cometieron bajo tres modalidades, según determinó la JEP. “En la primera, los efectivos de la brigada asesinaron a personas aprehendidas o puestas fuera de combate en medio de operaciones inicialmente legales. En la segunda, las víctimas fueron señaladas, a partir de distintas labores de inteligencia y posteriormente ejecutadas. En la tercera, los miembros de las unidades militares, en coordinación con reclutadores, que servían como informantes, asesinaron a personas engañadas que fueron trasladadas desde zonas urbanas”, explicó el magistrado Parra.

Además del general (r) Torres Escalante, la JEP imputó al mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, quien comandó el Gaula Casanare y se hizo célebre recientemente porque dijo en una versión ante la justicia especial que el excomandante del Ejército, Mario Montoya, los medía “por litros de sangre”. También fueron vinculados al crimen el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.

Asimismo, la JEP vinculó al caso a Orlando Rivas Tovar, exdirector del DAS en Casanare. Se trata de la primera persona de esta antigua agencia de inteligencia que es imputada por la justicia especial. Junto a él, fueron llamados a responder por sus crímenes el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Cuando la JEP anunció en 2021 que había concluido que, entre 2002 y 2008 hubo 6.402 falsos positivos, explicó que se priorizaría la investigación de lo sucedido en algunos departamentos que sufrieron esta práctica criminal con mayor crudeza. Lo que llevó a los magistrados a poner la lupa sobre lo ocurrido en Casanare es que tiene la tasa más alta de falsos positivos por número de habitantes de todo el país: 12 casos por cada 100.000 habitantes.

(Lea también: ¿Quién dio la orden?: víctimas de falsos positivos insisten en reclamo ante la JEP)

Esta imputación de Casanare se suma a las de Catatumbo (Norte de Santander) y Cesar. Allí, la Sala de Reconocimiento determinó la responsabilidad de 12 y 15 militares, respectivamente, en la práctica de los falsos positivos. Dos docenas de ellos aceptaron los cargos y, en audiencias públicas de reconocimiento, asumieron su responsabilidad, explicando que no fueron casos aislados, sino que obedecieron a una práctica sistemática que nació de la presión de altos mandos militares por mostrar resultados.

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