Por amenaza, persecución y exilios a periodista Claudia Duque condenan a la Nación

El Consejo de Estado determinó que la comunicadora fue víctima de tortura psicológica, amenazas, exilios, interceptaciones ilegales y una persecución sistemática en su contra y su familia por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre los años 2001 a 2010.

En un fallo de 70 páginas, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la tortura psicológica, amenazas, exilios, interceptaciones ilegales y persecución que recibió la comunicadora Claudia Julieta Duque por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre los años 2001 a 2010. La decisión fue de la consejera Martha Nubia Velásquez que analizó una demanda de reparación directa contra la Fiscalía, los Ministerios del Interior y Justicia, la Procuraduría y el extinto DAS que presentó la periodista.

El alto tribunal dijo que “es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de actuaciones, que se extendieron sobre aquellas personas a las que consideraban opositoras al Gobierno Nacional de la época y que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacre”.

En julio de 2001, la periodista fue víctima de secuestro en la modalidad de “paseo millonario”, en el que sus victimarios le indicaron que su secuestro tenía relación con el trabajo de investigación que realizaba por el homicidio del también periodista Jaime Garzón Forero. En ese entonces, la comunicadora presentó la denuncia ante la Fiscalía

Desde ese entonces, la comunicadora fue blanco de hostigamientos y seguimientos por parte de múltiples vehículos, entre ellos taxis, que finalmente la terminaron obligando a abandonar el país junto con su hija. Más tarde se comprobó que esos carros pertenecieron al extinto DAS y estuvieron fuera de las instalaciones de esa entidad el día en que Duque Orrego fue víctima del “paseo millonario”.

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Un año más tarde de su exilio regresó a Colombia y se reincorporó en sus labores. No obstante, los seguimientos continuaron por parte del extinto DAS. Para la época, se corroboró que no solo realizaban perfilamientos a periodistas, sino también a activistas políticos que se declaraban en oposición al Gobierno de turno. “Las pruebas testimoniales recaudadas a los exfuncionarios del DAS dan cuenta de la utilización de medios de comunicación y elementos de dotación oficial, que le permiten a la Sala inferir una conducta delictiva reiterada que se realizaba desde las instituciones a las cuales prestaban sus servicios”, resaltó la providencia del Consejo de Estado que le dio la razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su decisión de agosto de 2020.

En su momento la corporación dijo que “el Estado no solo no protegió a la demandante de dichas injerencias o ataques, sino que fueron las mismas Instituciones oficiales las que realizaron tales injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada de Claudia Duque. No solo por haber interceptado sus llamadas telefónicas y por haber revisado sus correos electrónicos, sino por haber infiltrado fuentes humanas en su esquema de seguridad, haber construido todo una base de datos con información de inteligencia no autorizada, por haber hecho seguimiento a los desplazamientos dentro y fuera del país que hizo la demandante y, en general, por el asedio del que fue víctima”, señaló el Tribunal.

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En suma, el Consejo de Estado con ponencia de la magistrada Velásquez aseguró que su labor de investigación en la muerte del también periodista Jaime Garzón fue la que la llevó a ser hostigada y violentada su integridad por entes del Estado. “En el proceso, obran múltiples pruebas que dan cuenta de que en contra de la señora Claudia Julieta Duque Orrego se implementó un plan con el fin de castigarla por la actividad que estaba realizando, especialmente a través de las amenazas en contra de su hija”, explicó el alto tribunal.

Así las cosas, para el Consejo de Estado es importante aclarar que las pruebas en el expediente son la muestra del actuar criminal de las personas del Gobierno de turno y de quienes lideraron el extinto DAS que fue perfilado para una persecución ilegal. “Afirmar lo contrario sería patrocinar las graves irregularidades que revelan la situación, es decir, el que pertenecieran al DAS exfuncionarios de los que se tiene certeza estaban delinquiendo y que estaban utilizando los equipos tecnológicos e instrumentos de dotación oficial para ejecutar actos criminales”, resalta la providencia.

La consejera Velásquez como ponente consiguió que sus compañeros de Sección le dieran la razón y ratificar la millonaria sanción en contra de la comunicadora.

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