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Debido a sus aportes de verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eliminó la sanción penal en contra de 11 exmiembros de la Fuerza Pública que integraron el Batallón de Artillería La Popa, quienes participaron en el homicidio de una niña Wiwa y un joven Kankuamo el 9 de febrero de 2005. Los hechos ocurrieron en la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez, territorio del Resguardo Kankuamo, ubicado en Valledupar (Cesar).
Los exuniformados no fueron hallados máximos responsables por los asesinatos de Nohemí Esther Pacheco Zábata, una niña Wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven Kankuamo de 23 años. Ambos fueron presentados como bajas en combate por integrantes de la patrulla Dinamarca 1, adscrita al Batallón La Popa. Este hecho hace parte del patrón macrocriminal identificado por la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, cuando imputó como máximos responsables a 15 integrantes de ese batallón, incluido su excomandante, Publio Hernán Mejía, quien actualmente enfrenta un juicio adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP.
Los uniformados que fueron beneficiados con esta decisión son: el teniente Ómar Eduardo Vaquiro Benítez; el cabo primero Boris Alejandro Serna Mosquera; los soldados profesionales Deimer Cárdenas Martínez y Ronal Enrique Acuña Díaz; y los soldados regulares Analdo Enrique Fuentes Estrada, Alejandro Angulo Acensio, Fredis Alberto Díaz Romero, Miguel Ángel Molina Díaz, Richard Alberto Campo Tonso, Luis Manuel Brito Camarillo y Emel Emiro Almanza Meza.
Según aclaró la Jurisdicción, el soldado Acuña Díaz aun permanece activo y, respecto al teniente Vaquiro, la renuncia a la persecución penal se concede de manera parcial, pues, ante la magistratura, admitió su participación en dos nuevos hechos ligados a ejecuciones extrajudiciales que también entrarán a ser indagadas.
“La Subsala Costa Caribe, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, verificó que en el caso de los comparecientes objeto de la decisión, se cumplieron los requisitos para acceder al beneficio definitivo, entre ellos, que hayan participado en la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, que no sean máximos responsables de crímenes graves y que cumplan con un régimen de condicionalidad estricto”, explicó la JEP a través de un comunicado.
Durante dos audiencias, realizadas entre junio y diciembre de 2024 en Valledupar, los comparecientes, según la JEP, cumplieron con el hecho de aportar verdad exhaustiva con el objetivo de responder las demandas de las víctimas, reconocer su responsabilidad en los hechos señalados y contribuir con acciones restaurativas los derechos vulnerados a las víctimas.
Los exuniformados reconocieron que las víctimas nada tenían que ver con grupos armados y entregaron detalles sobre los hechos. “El compareciente Angulo Acensio confesó haber sido quien disparó contra Hermes en estado de indefensión: ‘encontré al señor Hermes Carrillo, debajo de un caño, un hueco, estaba sin camisa, como rezando. Cuando yo lo vi, él se sorprendió y, desafortunadamente, disparé mi arma’”, resumió la JEP.
Y concluyó: “Por su parte, el soldado profesional Cárdenas Martínez confesó haber disparado contra Nohemí y contra Hermes. Los comparecientes también describieron la forma en la que manipularon la escena del crimen, colocando armas y elementos de intendencia a las víctimas para simular el combate y las acciones que realizaron ante la justicia ordinaria para encubrir el delito”.
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