Por cartel de la toga, imputarán al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía

Una persona más de los salpicados en el escándalo del cartel de la toga, que aún no había sido vinculado a un proceso penal, será investigado formalmente. Se trata del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien será imputado por la Fiscalía por, supuestamente, haber pagado un millonario soborno para frenar el proceso en su contra en el ente investigador, caso por el que ya fue condenado un exfiscal.

(Lea también: ”Que el caso de Juan Carlos Abadía no quede impune”: Juan Carlos Abadía)

La Fiscalía le imputará al exgobernador Juan Carlos Abadía el delito de cohecho por dar y ofrecer. Según el ente investigador, “el material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía”.

Uno de los testimonios más fuertes en contra de Abadía es el del fiscal que llevaba su caso en la Corte Suprema, Alfredo Bettín Sierra, quien ya aceptó cargos y fue condenado. El exfiscal aceptó haber favorecido al exgobernador con el archivo de dos procesos en su contra, así como con el retraso de una orden de captura que supuestamente iba a expedir en otro proceso: uno por presuntos sobrecostos en la contratación de dotación para unas bibliotecas del departamento. Ahora bien, Bettín ha dicho que nunca recibió dinero.

(Lea también: Así queda el cartel de la toga tras la condena al exmagistrado Francisco Ricaurte)

Aunque el exjefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, había hablado hace años en contra de Abadía, el exgobernador no había sido vinculado a un proceso penal por el cartel de la toga. Moreno declaró en detalle: “En el caso de Juan Carlos Abadía de lo que yo recibí para entregarle al doctor Francisco (Ricaurte) fueron $400 millones”. Y añadió: “Por la presión nuevamente de la imputación que se le iba a hacer se le exigen $600 millones, para un total de $1.000 millones, con el propósito de evitar la imputación”.

Abadía, por su parte, ha dicho ser inocente. En diciembre de 2021, en diálogo con El Espectador, dijo una vez más que jamás le pagó dinero a nadie para que le archivaran un caso, refutó todas las acusaciones de Luis Gustavo Moreno y aseguró que él no podía responder por las actuaciones de su exabogado. “El doctor Bettín fue enfático en decir que nunca se reunió conmigo y que el señor Ricaurte le pidió que revisara jurídicamente mi proceso, y eso no es delito”, señaló el exgobernador.

Se refiere al exmagistrado Francisco Ricaurte, el personaje de más alto perfil en ser condenado por el cartel de la toga. La justicia halló que se alió a los también exmagistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo, y otros exfuncionarios como Moreno, Bettín, entre otros abogados, para torcer procesos judiciales a cambio de dádivas. A partir de las declaraciones de Moreno se han conocido nombres de excongresistas y políticos que pagaron para embolatar sus expedientes, como Musa Besaile y Álvaro Ashton. Ahora a esa lista se sumará Juan Carlos Abadía, quien tendrá que defender su inocencia ante un juez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Una persona más de los salpicados en el escándalo del cartel de la toga, que aún no había sido vinculado a un proceso penal, será investigado formalmente. Se trata del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien será imputado por la Fiscalía por, supuestamente, haber pagado un millonario soborno para frenar el proceso en su contra en el ente investigador, caso por el que ya fue condenado un exfiscal.

(Lea también: ”Que el caso de Juan Carlos Abadía no quede impune”: Juan Carlos Abadía)

La Fiscalía le imputará al exgobernador Juan Carlos Abadía el delito de cohecho por dar y ofrecer. Según el ente investigador, “el material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía”.

Uno de los testimonios más fuertes en contra de Abadía es el del fiscal que llevaba su caso en la Corte Suprema, Alfredo Bettín Sierra, quien ya aceptó cargos y fue condenado. El exfiscal aceptó haber favorecido al exgobernador con el archivo de dos procesos en su contra, así como con el retraso de una orden de captura que supuestamente iba a expedir en otro proceso: uno por presuntos sobrecostos en la contratación de dotación para unas bibliotecas del departamento. Ahora bien, Bettín ha dicho que nunca recibió dinero.

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Aunque el exjefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, había hablado hace años en contra de Abadía, el exgobernador no había sido vinculado a un proceso penal por el cartel de la toga. Moreno declaró en detalle: “En el caso de Juan Carlos Abadía de lo que yo recibí para entregarle al doctor Francisco (Ricaurte) fueron $400 millones”. Y añadió: “Por la presión nuevamente de la imputación que se le iba a hacer se le exigen $600 millones, para un total de $1.000 millones, con el propósito de evitar la imputación”.

Abadía, por su parte, ha dicho ser inocente. En diciembre de 2021, en diálogo con El Espectador, dijo una vez más que jamás le pagó dinero a nadie para que le archivaran un caso, refutó todas las acusaciones de Luis Gustavo Moreno y aseguró que él no podía responder por las actuaciones de su exabogado. “El doctor Bettín fue enfático en decir que nunca se reunió conmigo y que el señor Ricaurte le pidió que revisara jurídicamente mi proceso, y eso no es delito”, señaló el exgobernador.

Se refiere al exmagistrado Francisco Ricaurte, el personaje de más alto perfil en ser condenado por el cartel de la toga. La justicia halló que se alió a los también exmagistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo, y otros exfuncionarios como Moreno, Bettín, entre otros abogados, para torcer procesos judiciales a cambio de dádivas. A partir de las declaraciones de Moreno se han conocido nombres de excongresistas y políticos que pagaron para embolatar sus expedientes, como Musa Besaile y Álvaro Ashton. Ahora a esa lista se sumará Juan Carlos Abadía, quien tendrá que defender su inocencia ante un juez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.