Corte Constitucional ratifica que hay una violación masiva de derechos a exFarc
La Corte Constitucional rechazó una solicitud de nulidad con la que varias instituciones del Estado durante el gobierno Duque pedían tumbar el fallo que declaró que existe una violación masiva de derechos fundamentales a los exmiembros de las Farc. El alto tribunal se mantiene en que hay un estado de cosas inconstitucional en la protección de los excombatientes.
El Departamento Administrativo de Presidencia, tres ministerios, la Unidad Nacional de Protección y la Agencia para la Reincorporación perdieron una batalla contra los firmantes del Acuerdo de Paz ante la Corte Constitucional. Después de revisar una solicitud de nulidad frente a una sentencia que le daba la razón a los excombatientes de las extintas Farc sobre sus reclamos por falta de seguridad, la Corte volvió a estar de acuerdo con los exFarc con que se les ha vulnerado sus derechos una vez se desmovilizaron.
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Dentro de sus argumentos para darle la razón a los excombatientes, la Corte hizo hincapié en los riesgos inminentes que recaen sobre los exFarc. “Los asesinatos, las amenazas de muerte, los desplazamientos, los hostigamientos y las estigmatizaciones contra la población signataria del Acuerdo Final de Paz, sus familias y las personas que integran el nuevo partido político Comunes no solo aumentaron desde la firma del Acuerdo Final de Paz, sino que, pese a que denotaron un descenso durante el año 2021, no se han detenido, situación que se ve conformada por los números. Hasta el punto de que la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA) advirtió que si se continuaba con la misma tendencia se podría llegar a la cifra de 1.600 crímenes al finalizar el año 2024″, aseguró el alto tribunal.
El alto tribunal rechazó la solicitud del antiguo mandato de anular el fallo porque consideró que las instituciones del Estado no tenían argumentos suficientes para declarar la nulidad. La tutela presentada por los excombatiente buscaba que se cumpliera lo establecido en el Acuerdo Final de Paz, que se adoptara una política pública de prevención y protección de los firmantes, que se tomaran medidas para diseñar una política pública para desmantelar los grupos armados ilegales, y que se requiera a las autoridades aumentar la coordinación para el cumplimiento de sus obligaciones.
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En su momento, el alto tribunal afirmó que durante varios años después de la firma aún no se habían cumplido varios puntos de los acuerdos, “poco más de tres años después de haber sido creadas las instancias, no se había expedido el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, lo que implicó que a esa altura y, luego de transcurrido ese lapso, la actuación del Gobierno –como el propio consejero para la Estabilización y Consolidación lo reconoció–, se llevó a cabo con instituciones distintas a las previstas en el Acuerdo Final de Paz”.
Sobre esto, las entidades afirmaron que la sentencia había realizado un análisis descontextualizado que no iba de la mano con la gestión que se realizó para proteger a los excombatientes. De acuerdo con la petición, la situación de los excombatientes había mejorado, “desechando la evidencia que demuestra que los homicidios en contra de excombatientes han disminuido significativamente y que el proceso de desarme, desmovilización y reintegración social en Colombia es el que contra evidencia cuenta con el menor índice de afectaciones a excombatientes”.
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En respuesta a la solicitud de nulidad, la Corte dijo que la sentencia estudió las pruebas y las contrastó con varios informes entregados por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría, autoridades gubernamentales, y por instituciones que acompañaron la firma del Acuerdo de Paz. Además, la Corte dijo que el gobierno Duque “no podía pretender que los informes presentados por sus dependencias fueran tomados en cuenta sin ser contrastados con las otras pruebas allegadas al expediente”.
Además, el alto tribunal reclamó al gobierno para que se impulsen acciones para entregar las garantías del Sistema Integral de Seguridad. Orden que deberá ser revisada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación. En su petición, el gobierno afirmó que la comisión no está contemplada como instancia para la implementación del acuerdo, argumento que fue rechazado por la Corte.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Departamento Administrativo de Presidencia, tres ministerios, la Unidad Nacional de Protección y la Agencia para la Reincorporación perdieron una batalla contra los firmantes del Acuerdo de Paz ante la Corte Constitucional. Después de revisar una solicitud de nulidad frente a una sentencia que le daba la razón a los excombatientes de las extintas Farc sobre sus reclamos por falta de seguridad, la Corte volvió a estar de acuerdo con los exFarc con que se les ha vulnerado sus derechos una vez se desmovilizaron.
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Dentro de sus argumentos para darle la razón a los excombatientes, la Corte hizo hincapié en los riesgos inminentes que recaen sobre los exFarc. “Los asesinatos, las amenazas de muerte, los desplazamientos, los hostigamientos y las estigmatizaciones contra la población signataria del Acuerdo Final de Paz, sus familias y las personas que integran el nuevo partido político Comunes no solo aumentaron desde la firma del Acuerdo Final de Paz, sino que, pese a que denotaron un descenso durante el año 2021, no se han detenido, situación que se ve conformada por los números. Hasta el punto de que la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA) advirtió que si se continuaba con la misma tendencia se podría llegar a la cifra de 1.600 crímenes al finalizar el año 2024″, aseguró el alto tribunal.
El alto tribunal rechazó la solicitud del antiguo mandato de anular el fallo porque consideró que las instituciones del Estado no tenían argumentos suficientes para declarar la nulidad. La tutela presentada por los excombatiente buscaba que se cumpliera lo establecido en el Acuerdo Final de Paz, que se adoptara una política pública de prevención y protección de los firmantes, que se tomaran medidas para diseñar una política pública para desmantelar los grupos armados ilegales, y que se requiera a las autoridades aumentar la coordinación para el cumplimiento de sus obligaciones.
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En su momento, el alto tribunal afirmó que durante varios años después de la firma aún no se habían cumplido varios puntos de los acuerdos, “poco más de tres años después de haber sido creadas las instancias, no se había expedido el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, lo que implicó que a esa altura y, luego de transcurrido ese lapso, la actuación del Gobierno –como el propio consejero para la Estabilización y Consolidación lo reconoció–, se llevó a cabo con instituciones distintas a las previstas en el Acuerdo Final de Paz”.
Sobre esto, las entidades afirmaron que la sentencia había realizado un análisis descontextualizado que no iba de la mano con la gestión que se realizó para proteger a los excombatientes. De acuerdo con la petición, la situación de los excombatientes había mejorado, “desechando la evidencia que demuestra que los homicidios en contra de excombatientes han disminuido significativamente y que el proceso de desarme, desmovilización y reintegración social en Colombia es el que contra evidencia cuenta con el menor índice de afectaciones a excombatientes”.
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En respuesta a la solicitud de nulidad, la Corte dijo que la sentencia estudió las pruebas y las contrastó con varios informes entregados por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría, autoridades gubernamentales, y por instituciones que acompañaron la firma del Acuerdo de Paz. Además, la Corte dijo que el gobierno Duque “no podía pretender que los informes presentados por sus dependencias fueran tomados en cuenta sin ser contrastados con las otras pruebas allegadas al expediente”.
Además, el alto tribunal reclamó al gobierno para que se impulsen acciones para entregar las garantías del Sistema Integral de Seguridad. Orden que deberá ser revisada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación. En su petición, el gobierno afirmó que la comisión no está contemplada como instancia para la implementación del acuerdo, argumento que fue rechazado por la Corte.
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