El escándalo de los 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira sigue sumando presuntos responsables a un extenso listado. En búsqueda del beneficio de principio de oportunidad con la Fiscalía, Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, el contratista que se quedó con el millonario contrato de los vehículos, volvió a poner sobre la mesa un nombre que ya había sonado en las instalaciones del ente investigador: Pedro Rodríguez Melo, asesor de la Dirección General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Si bien Rodríguez Melo ya había sido mencionado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, sobre quien afirmó ser uno de los organizadores del esquema para gestionar el saqueo a la Unidad, el Pastuso le dijo al ente investigador que habría sido el asesor quien lo presentó con Sneyder Pinilla y por lo cual Rodríguez Melo habría recibido cerca de $700 millones.
De acuerdo con el testimonio del contratista, entregado a la Fiscalía, esa suma habría sido entregada a Rodríguez Melo a través de una consignación a su pareja sentimental en ese momento. Según reveló W Radio en mayo pasado, el asesor que se habría visto beneficiado en este engranaje es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y habría ejercido como jefe de la oficina asesoría jurídica de la gobernación de Nariño durante la administración de Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina.
La propuesta de rebaja de pena del Pastuso
El próximo jueves 25 de julio, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López serán imputados por varios delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Y, en el caso de López Rosero se sumó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Todos por su confesa responsabilidad en el saqueo a la entidad.
Los tres investigados han estado detrás de un principio de oportunidad para obtener beneficios judiciales en sus procesos, por lo que han hecho llegar al búnker de la Fiscalía una propuesta respecto a sus rebajas de pena, devolución de recursos apropiados ilegalmente y lugares de reclusión. En el caso del Pastuso, se comprometió a devolver $4.232.957.205 como reparación económica y pidió una pena de 48 meses, es decir, cuatro años de prisión, por cuenta de sus aportes a la investigación.
Sin embargo, en el documento enviado por López al ente investigador, conocido por este diario, señala que la Ungrd aun le debe dinero. “Se propone compensar las sumas de dinero adeudadas por la entidad para que pueda materializarse una parte de la reparación. Esta suma garantiza el pago del primer 50% que se adeuda”. Según el Pastuso, la Unidad debe pagarle más de $2.250 millones que aun le debe.
Respecto a su pena en prisión, la cual podría purgar en una base militar en Pasto (Nariño) por cuestiones de seguridad, la defensa del empresario nariñense asegura que, en su caso, “aplicando la regla de la consunción, el delito de peculado recoge, absorbe o subsume el delito de enriquecimiento ilícito de particulares”.
Y, respecto al delito de concierto para delinquir, la propuesta resume: “Los hechos se presentan como una forma de coautoría y no un concierto para delinquir. No se dan los elementos del concierto para delinquir, en particular, el acuerdo para la comisión de delitos indeterminados por un grupo de personas que, a su vez, son fungibles, o van cambiando hecho a hecho. No hay una empresa criminal, sino un acuerdo de voluntades para cometer un delito de peculado”.
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