Por corrupción, exfuncionaria de Supersalud pagará seis años de cárcel
La exfuncionaria de la Superintendencia de Salud, Eva Carrascal, fue condenada a seis años, ocho meses y un día de prisión por recibir dádivas en sus funciones como superintendente delegada. Recibió $700 millones por dar asesorías a EPS e IPS para que pudieran superar las revisiones del órgano de control.
Eva Katherine Carrascal, exsuperintendente delegada de la Superintendencia de Salud, fue condenada a más de seis años y ocho meses de prisión, y deberá pagar una multa por $795 millones. Se demostró que la funcionaria asesoró irregularmente a EPS e IPS para que superaran sus verificaciones como funcionaria de la Superintendencia.
Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, se demostró que la exfuncionaria “usó el cargo y la información privilegiada que conocía para incidir en decisiones administrativas, a cambio de dádivas”. Estas dádivas serían $700 millones que esta habría gastado en un apartamento en el norte de Bogotá, entre otras cosas.
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La exfuncionaria, por ejemplo, entregó un anticipo de los requisitos y exigencias que se tendrían en cuenta durante una inspección que se iba a realizar contra una EPS. Información que se le habría entregado al representante legal de la entidad. Además, brindó información a cajas de compensación familiar e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para que superaran el examen de la Supersalud.
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Por estas acciones, un juez penal del circuito de Bogotá la declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. La suma de las condenas le daría seis años, ocho meses y un día de prisión.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Eva Katherine Carrascal, exsuperintendente delegada de la Superintendencia de Salud, fue condenada a más de seis años y ocho meses de prisión, y deberá pagar una multa por $795 millones. Se demostró que la funcionaria asesoró irregularmente a EPS e IPS para que superaran sus verificaciones como funcionaria de la Superintendencia.
Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, se demostró que la exfuncionaria “usó el cargo y la información privilegiada que conocía para incidir en decisiones administrativas, a cambio de dádivas”. Estas dádivas serían $700 millones que esta habría gastado en un apartamento en el norte de Bogotá, entre otras cosas.
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