Por COVID-19, exparamilitar enfermo estará en casa por cárcel en Santa Marta

Ricardo Beltrán Luque no ha sido condenado aún, pero hace parte del programa de Justicia y Paz que se creó para los paramilitares desmovilizados. Fue uno de los hombres de los que Hernán Giraldo se valió para expandir el Bloque Resistencia Tayrona, entre Magdalena y La Guajira, lo que quiere decir que en la justicia tiene varias cuentas pendientes por crímenes graves. Crímenes que, dijo el Ministerio de Justicia en el decreto de excarcelaciones masivas que profirió la semana pasada, no podían dar paso a una detención domiciliaria. Aunque en el Tribunal Superior de Barranquilla llegaron a una conclusión distinta.

Beltrán Luque, señaló el Tribunal, es también un hombre de 70 años, “con diagnósticos actuales de nefrectomía derecha y esplenectomía por herida de proyectil de arma de fuego de hace 22 años; hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica en estadio III con falla renal”, según certificó un perito médico adscrito a la Defensoría del Pueblo. Desde el año pasado el Inpec recibió la orden de ofrecerle a Beltrán Luque controles especializados, la cual el instituto ha desacatado.

El historial clínico del exparamilitar y la falta de asistencia médica proveída por el Estado, concluyó el Tribunal, resultaban una suma mortal en tiempos del nuevo coronavirus. Por eso, recurriendo a jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, y con el aval de la Fiscalía y de los representantes de víctimas -quienes no se opusieron a la solicitud de Beltrán Luque, el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón tomó una decisión inédita en esta coyuntura: permitirle a Beltrán Luque salir de la cárcel. (Los despojos que lideró el bloque Resistencia Tayrona)

“Los crímenes por los que ha sido llamado a responder son de guerra”, indicó el Tribunal en la audiencia virtual que se realizó el pasado 22 de abril para resolver su petición de casa por cárcel. Por ello, señaló la corporación se “justifica un tratamiento riguroso y serio, en atención al mayor reproche que esos asuntos demandan por ser masivos y extremadamente crueles”. El prontuario de Beltrán Luque , sin embargo, no fue lo único que se puso en la balanza a la hora de abordar este dilema.

“Su situación actual es incompatible con una detención carcelaria”, concluyó el togado, quien agregó que, mientras esté detenido en su casa, Beltrán Luque tendrá también los permisos necesarios para los controles médicos que debe hacerse. Con una advertencia: “Una vez superada la pandemia aludida en esta providencia, previa declaración de la OMS y controlado el virus por el Gobierno Nacional, esta decisión dejará de tener efecto”. Lo cual, según proyecciones de expertos, podría tomar de uno a dos años.

Beltrán Luque, certificó su familia, estará radicado en Santa Marta con ellos. Se le ordenó suscribir un “acta donde se comprometa a permanecer en el lugar de residencia, a no cambiar ese sitio de reclusión especial, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, a someterse al programa que para él diseñe la ARN y a someterse a vigilancia electrónica”. Esta última se manejará con un dispositivo “que garantice un monitoreo permanente”, solicitó el magistrado.

De esta forma, Beltrán Luque podría salvarse de correr una suerte que parece estar sellada ya para cientos de reclusos en todo el país. En cuatro prisiones (Villavicencio, La Picota, Heliconias y Guaduas) ya se han confirmado 126 casos de contagio en total, con Villavicencio a la cabeza con más de 90 de los pacientes, entre guardias y guardianes, quienes están igual de expuestos. La primera cárcel en dar resultados positivos fue la ubicada en la capital del Meta, de donde se trasladaron los internos contagiados a los otros centros penales.

 El Inpec y el Ministerio de Justicia aseguran que están haciendo todo lo posible por evitar que las cárceles se vuelvan focos de infección del COVID-19. Las cifras, por un buen tiempo, parecían darles la razón. Pero hace 15 días se confirmó el primer caso en Villavicencio y, desde entonces, el asunto del nuevo coronavirus en las cárceles pasó de ser bolita de nieve a ser avalancha. El Ministerio dijo que el decreto de excarcelaciones sería muy útil, pero expertos lo han calificado de tardío e inútil.

Ricardo Beltrán Luque no ha sido condenado aún, pero hace parte del programa de Justicia y Paz que se creó para los paramilitares desmovilizados. Fue uno de los hombres de los que Hernán Giraldo se valió para expandir el Bloque Resistencia Tayrona, entre Magdalena y La Guajira, lo que quiere decir que en la justicia tiene varias cuentas pendientes por crímenes graves. Crímenes que, dijo el Ministerio de Justicia en el decreto de excarcelaciones masivas que profirió la semana pasada, no podían dar paso a una detención domiciliaria. Aunque en el Tribunal Superior de Barranquilla llegaron a una conclusión distinta.

Beltrán Luque, señaló el Tribunal, es también un hombre de 70 años, “con diagnósticos actuales de nefrectomía derecha y esplenectomía por herida de proyectil de arma de fuego de hace 22 años; hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica en estadio III con falla renal”, según certificó un perito médico adscrito a la Defensoría del Pueblo. Desde el año pasado el Inpec recibió la orden de ofrecerle a Beltrán Luque controles especializados, la cual el instituto ha desacatado.

El historial clínico del exparamilitar y la falta de asistencia médica proveída por el Estado, concluyó el Tribunal, resultaban una suma mortal en tiempos del nuevo coronavirus. Por eso, recurriendo a jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, y con el aval de la Fiscalía y de los representantes de víctimas -quienes no se opusieron a la solicitud de Beltrán Luque, el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón tomó una decisión inédita en esta coyuntura: permitirle a Beltrán Luque salir de la cárcel. (Los despojos que lideró el bloque Resistencia Tayrona)

“Los crímenes por los que ha sido llamado a responder son de guerra”, indicó el Tribunal en la audiencia virtual que se realizó el pasado 22 de abril para resolver su petición de casa por cárcel. Por ello, señaló la corporación se “justifica un tratamiento riguroso y serio, en atención al mayor reproche que esos asuntos demandan por ser masivos y extremadamente crueles”. El prontuario de Beltrán Luque , sin embargo, no fue lo único que se puso en la balanza a la hora de abordar este dilema.

“Su situación actual es incompatible con una detención carcelaria”, concluyó el togado, quien agregó que, mientras esté detenido en su casa, Beltrán Luque tendrá también los permisos necesarios para los controles médicos que debe hacerse. Con una advertencia: “Una vez superada la pandemia aludida en esta providencia, previa declaración de la OMS y controlado el virus por el Gobierno Nacional, esta decisión dejará de tener efecto”. Lo cual, según proyecciones de expertos, podría tomar de uno a dos años.

Beltrán Luque, certificó su familia, estará radicado en Santa Marta con ellos. Se le ordenó suscribir un “acta donde se comprometa a permanecer en el lugar de residencia, a no cambiar ese sitio de reclusión especial, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, a someterse al programa que para él diseñe la ARN y a someterse a vigilancia electrónica”. Esta última se manejará con un dispositivo “que garantice un monitoreo permanente”, solicitó el magistrado.

De esta forma, Beltrán Luque podría salvarse de correr una suerte que parece estar sellada ya para cientos de reclusos en todo el país. En cuatro prisiones (Villavicencio, La Picota, Heliconias y Guaduas) ya se han confirmado 126 casos de contagio en total, con Villavicencio a la cabeza con más de 90 de los pacientes, entre guardias y guardianes, quienes están igual de expuestos. La primera cárcel en dar resultados positivos fue la ubicada en la capital del Meta, de donde se trasladaron los internos contagiados a los otros centros penales.

 El Inpec y el Ministerio de Justicia aseguran que están haciendo todo lo posible por evitar que las cárceles se vuelvan focos de infección del COVID-19. Las cifras, por un buen tiempo, parecían darles la razón. Pero hace 15 días se confirmó el primer caso en Villavicencio y, desde entonces, el asunto del nuevo coronavirus en las cárceles pasó de ser bolita de nieve a ser avalancha. El Ministerio dijo que el decreto de excarcelaciones sería muy útil, pero expertos lo han calificado de tardío e inútil.