Por delitos menores, consumidores de drogas irán a terapia y no a la cárcel

Este sábado se conoció la integridad de la nueva política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro, durante una conferencia internacional en la materia en Cali. Si bien los puntos clave van desde la protección al campesino cocalero, hasta la asfixia al gran narcotraficante, el documento oficial contiene una estrategia llamativa: la justicia terapéutica y restaurativa.

En contexto: Esta es la política de drogas oficial del gobierno de Gustavo Petro

Se trata de una acción estratégica para garantizar el acceso a la detección, tratamiento y atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas. La iniciativa es clara: las personas que hayan cometido delitos relacionados con drogas, con ocasión del consumo problemático de sustancias psicoactivas, accederán a tratamiento en salud y garantizarán la reparación de las víctimas, a cambio de no recibir una pena en una cárcel.

“El enfoque de justicia terapéutica permite desarrollar programas de tratamiento, así como la prevención del delito a través de la construcción de nuevos proyectos de vida personales, familiares y comunitarios”, se lee en el documento final de la política de drogas, en lo que respecta al capítulo sobre “consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos”.

Le puede interesar: Colombia vuelve a romper récord de cultivos de coca: hubo 230.000 hectáreas en 2022

Asimismo, el Ministerio de Justicia, cartera que presentó la nueva política de drogas, sostiene que para que la implementación de esa política sea un éxito necesita que el colombiano reconozca que esa persona que está o puede ser condenada, tiene un problema de salud. Para ello, el Gobierno espera que el fenómeno de las drogas sea entendido desde la evidencia y no desde la estigmatización.

A modo de ejemplo, el Ministerio de Justicia argumentó que, bajo la misma perspectiva, se plantean “medidas socioeconómicas” a favor de los pequeños cultivadores de coca, en lugar de acciones penales. Y que la reacción de la comunidad puede ser positiva, siempre y cuando se entienda que no se trata de narcotraficantes, sino que su vinculación al mercado ilícito se debe a las condiciones de pobreza y marginalidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Este sábado se conoció la integridad de la nueva política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro, durante una conferencia internacional en la materia en Cali. Si bien los puntos clave van desde la protección al campesino cocalero, hasta la asfixia al gran narcotraficante, el documento oficial contiene una estrategia llamativa: la justicia terapéutica y restaurativa.

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Se trata de una acción estratégica para garantizar el acceso a la detección, tratamiento y atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas. La iniciativa es clara: las personas que hayan cometido delitos relacionados con drogas, con ocasión del consumo problemático de sustancias psicoactivas, accederán a tratamiento en salud y garantizarán la reparación de las víctimas, a cambio de no recibir una pena en una cárcel.

“El enfoque de justicia terapéutica permite desarrollar programas de tratamiento, así como la prevención del delito a través de la construcción de nuevos proyectos de vida personales, familiares y comunitarios”, se lee en el documento final de la política de drogas, en lo que respecta al capítulo sobre “consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos”.

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Asimismo, el Ministerio de Justicia, cartera que presentó la nueva política de drogas, sostiene que para que la implementación de esa política sea un éxito necesita que el colombiano reconozca que esa persona que está o puede ser condenada, tiene un problema de salud. Para ello, el Gobierno espera que el fenómeno de las drogas sea entendido desde la evidencia y no desde la estigmatización.

A modo de ejemplo, el Ministerio de Justicia argumentó que, bajo la misma perspectiva, se plantean “medidas socioeconómicas” a favor de los pequeños cultivadores de coca, en lugar de acciones penales. Y que la reacción de la comunidad puede ser positiva, siempre y cuando se entienda que no se trata de narcotraficantes, sino que su vinculación al mercado ilícito se debe a las condiciones de pobreza y marginalidad.

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