Que se vincule al sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno a la investigación que adelanta la Fiscalía por la desaparición forzada del guerrillero del M-19 Luis Otero, quien comandó la operación de toma del Palacio de Justicia, solicitó el abogado de las víctimas, Rafael Barrios.
El jurista señaló que hay testimonios que indican que el líder insurgente abandonó el edificio con vida, portando una cédula falsa, y hoy no se tiene certeza de su paradero, si vivió o murió.
Barrios solicitó que se investigue al ex agente de inteligencia Bernardo Garzón Garzón por las torturas que, según lo denunció él mismo, se cometieron en las instalaciones del Cantón Norte en contra de personas que se identificaron como de la cafetería.
Por los mismos hechos, el abogado pidió que la Fiscalía investigue al denominado ‘Rambo Criollo’, un civil que habría ingresado al Palacio de Justicia para apoyar las labores de recuperación del edificio tomado por el M-19.
También solicitó que se vincule penalmente a todos los funcionarios que integraban la cadena de mando, es decir, los mandos militares superiores, desde su directriz, como presuntos responsables de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, durante la retoma.
La solicitud se produjo en medio del alegato de conclusión de la parte civil en el juicio que se adelanta contra el general (r) Iván Ramírez Quintero, máxima cabeza del Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, Coici, y sus subalternos Fernando Blanco Gómez y Gustavo Arévalo Moreno, en contra de quienes solicitó una condena de 60 años.
El jurista solicitó que, de ser condenados, los militares (r) sean trasladados a una penitenciaría común, como lo dispuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que en la sentencia por el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas dispuso una prohibición para que agentes estatales inmersos en la comisión de delitos de lesa humanidad sigan siendo recluidos en guarniciones militares.