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La Unidad para la Reparación Integral de Víctimas ordenó la indemnización por desplazamiento forzado al exembajador de Colombia en Perú, Jorge Aníbal Visbal. La decisión cobija a su grupo familiar. La entidad consideró que el estudio realizado a la solicitud que presentó el exfuncionario cumple con los requisitos para otorgarle el beneficio administrativo.
El proceso administrativo que le dio el espaldarazo a Visbal reconoció que el beneficio le fue otorgado en aras de garantizar el debido proceso de las víctimas que se encuentran en condición de extrema vulnerabilidad o urgencia manifiesta. En el documento de seis páginas consideraron que sus hijas María Alexandra Visbal, Diana Lucía Visbal, Martha Cecilia Visbal, y su esposa Martha Cecilia Tamara, también debía ser cobijadas con la medida.
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Visbal, en 2004, fue nombrado por el entonces presidente Álvaro Uribe como embajador de Colombia en Canadá y se desempeñó en este cargo hasta el 2006, cuando regresó al país para aspirar al Senado en las elecciones de 2006. Su intento por suplir la plaza en el legislativo contó con total de 26,412 votos que resultaron insuficientes para que lograra una curul. Sin embargo, logró ocupar una silla en junio de 2007 en reemplazo de Luis Guillermo Vélez Trujillo quien falleció en febrero de esa anualidad.
En mayo de 2009, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Por causa de esta investigación presentó renuncia a su curul en mayo de 2009. No obstante, a pesar de tener esta investigación abierta, fue nombrado, en 2010, por el expresidente Juan Manuel Santos como embajador ante Perú. En este cargo estuvo hasta marzo de 2012 cuando renunció debido a que la Fiscalía General ordenó su detención por el delito de concierto para delinquir que cometió cuando presidía Fedegán.
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Visbal estuvo bajo la lupa de las autoridades por nexos con paramilitares. El también exsenador del Partido de la U y expresidente de Fedegan fue condenado a nueve años de prisión por su participación y promoción de las entonces AUC, entre 1997 hasta su desmovilización. La investigación en su contra se inició por solicitud de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de la compulsa de copias de las declaraciones que entregó el excomandante paramilitar Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”. En su proceso judicial se tuvieron en cuenta las declaraciones de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Murillo Bejarano alias “Don Berna”.