Por error capturan a Bernardo Hoyos, exalcalde de Barranquilla

Bernardo Hoyos Montoya, exalcalde de Barranquilla en los periodos 1992-1994 y 1998-2000.

Foto: Policía

El exsacerdote Bernardo Hoyos Montoya, exalcalde de Barranquilla en los periodos 1992-1994 y 1998-2000, fue capturado en el barrio La Chinita, al suroriente de la capital del Atlántico, tras ser requisado, al parecer, por miembros de la Policía que lo llevaron a una Unidad de Reacción Inmediata (URI). Hoyos fue detenido nuevamente justo por el mismo proceso por el que paga una pena de siete años en prisión domiciliaria, que le acarreó una orden de captura en abril de 2017.

En contexto: Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisgberg, exalcaldes de Barranquilla, condenados a 7 y 9 años de cárcel.

Aunque las primeras versiones indicaban que fue arrestado para que cumpla su condena por el delito de peculado por apropiación, sentenciada por el Juzgado Tercero Penal de Circuito de Bucaramanga el 21 de junio de 2020, lo cierto es que desde hace más de seis meses Bernardo Hoyos Montoya cumple su pena en prisión domiciliaria. La captura durante la tarde de hoy se debe a un error administrativo, confirmaron a este diario fuentes de la Policía y la Fiscalía.

El abogado Carlos Altamar, representante del llamado cura Hoyos, explicó a medios locales que se trata de una equivocación “porque la orden de captura fue revocada tras ordenarle prisión domiciliaria y, por orden de los jueces, en 2018 le dieron permiso para trabajar con la comunidad”. El abogado aseguró que precisamente estaba en el barrio La Chinita adelantando un trabajo para los habitantes del sector y que por eso no se encontraba en su casa.

De acuerdo con la Fiscalía, durante el periodo 1992-1994, Hoyos Montoya aprobó la remodelación y adecuación de un edificio para el despacho de la Alcaldía de Barranquilla, que inicialmente se acordó por alrededor de $1.500 millones. Sin embargo, en menos de seis meses, el político suscribió una adición de $1.495 millones. Cuatro años después, cuando el exalcalde volvió al escritorio, se pagaron cerca de $3.500 millones en supuestas obras adicionales bajo el mismo objeto contractual.

“Dentro de las irregularidades demostradas, la Fiscalía evidenció sobrecostos. Por ejemplo, para la cancelación del contrato inicial se pagaría el 40% y con actas de entrega se abonaría el 60% restante; sin embargo, a los tres meses de suscrito el convenio, y sin iniciar las obras, ya se había pagado el 94% del valor total. Adicionalmente, hubo excesos como el cobro de 15 millones de pesos para aseo o instalación de campamentos de la obra”, describió la Fiscalía durante el proceso.

Por otro lado, el ente investigador encontró que en 1998 el exalcalde Hoyos Montoya realizó un acuerdo con el contratista Fernando Throne y le autorizó un giro de más de $3.400 millones, por supuestos trabajos relacionados con el contrato para la Alcaldía, el cual no contó con los soportes contables y contractuales. Ahí, según la Fiscalía, hubo sobrecostos por más de $140 millones. Incluso, el ente investigador aseguró que el juicio duró cerca de 11 años, porque la defensa del exsacerdote recurrió a maniobras dilatorias.

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Bernardo Hoyos, en compañía del también exalcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg (2004-2006), ya había sido condenado anteriormente a cuatro años de prisión, en 2011, por el mismo delito: peculado por apropiación. En aquella oportunidad, un juez de Barranquilla determinó que ambos funcionarios actuaron irregularmente tras la compra de dos lotes del municipio de Galapa (Atlántico) para la construcción de 25.000 viviendas de interés social durante la administración de Hoenigsberg.

La Corte Suprema de Justicia se pronuncia en medio del escándalo

Durante el transcurso de la tarde, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su decisión sobre una acción de tutela instalada por el exalcalde Bernardo Hoyos Montoya, la cual buscaba que se le impugnara su condena de 10 años de prisión y una multa de más de $1.100 millones por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, ordenada el 2 de diciembre de 2013, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Barranquilla. Tal despacho judicial le aumentó las penas, luego de que tanto él como la Fiscalía apelara la decisión inicial del Juzgado de Circuito de Barranquilla.

El exsacerdote aseguró que el Tribunal Superior de Barranquilla lo condenó porque “no pagó una suma de dinero exigida desde esa corporación”, como quedó evidenciado en un documento conocido por El Espectador. Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia ese no es motivo para admitir la acción de tutela: “la acusación del peticionario que aduce que el motivo de la condena en apelación fue no pagar una suma de dinero supuestamente exigida desatiende el presupuesto de subsidiariedad, pues si él estima que se cometieron conductas penal o disciplinariamente reprobables, a su arbitrio está impetrar la respectiva denuncia”.

Asimismo, el exalcalde de Barranquilla quiso librarse de su sentencia, apelando al recurso de la “impugnación especial”, que es una posibilidad a la que pueden optar las personas que han sido condenadas por primera ves en segunda instancia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia respondió que, en este caso manejado por la Sala Civil, no dará validez al recurso porque los crímenes castigados no sucedieron dentro de la temporalidad establecida, es decir, después del 29 de octubre de 2014.