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El Consejo de Estado compulsó copias contra el director de la cárcel La Picota (Bogotá), el dragoneante Horacio Bustamante. Una sala de pérdida de investidura, de esa corte, estudia la muerte política de Mario Castaño, sin embargo, el exsenador corrupto no se ha podido conectar a las audiencias virtuales programadas en el proceso. Ahora podría tomar cartas en el asunto la Procuraduría.
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Ayer, 13 de febrero, la sala del Consejo de Estado se reunió para avanzar con el expediente contra Castaño. Se conectaron los magistrados, la Procuraduría y quien pide la muerte política del exsenador Liberal, el ciudadano Joan Sebastián Moreno. Castaño no se presentó nunca, a pesar de que en la audiencia pasada solicitó aplazamiento porque aseguró no tener abogado.
En medio de la audiencia fallida, uno de los dragoneantes de La Picota señaló que la estructura donde permanece preso Castaño no tiene conexión a internet, razón por la cual el prisionero no se puede conectar a la audiencia. Allí permanece privado de su libertad desde mediados del año pasado, cuando la Fiscalía obtuvo suficiente material probatorio para llevarlo a prisión por liderar una estructura criminal que manejaba la contratación estatal en Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima.
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Por tanto, el Consejo “ordenó compulsar copias para que se inicie una investigación disciplinaria contra el Director del establecimiento de reclusión de la Picota por falta de colaboración con la administración de justicia debido a que a lo largo de este proceso no ha desarrollado las labores necesarias para garantizar la conexión del demandado Mario Alberto Castaño”.
La alta corte estudia la posibilidad de quitarle la investidura a Castaño por dos razones: la primera, porque está a punto de ser condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión; y la segunda, porque, como estaba tras las rejas, nunca llegó el pasado 20 de julio al Congreso, cuando se instaló esa corporación.
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Mario Castaño aceptó su responsabilidad en septiembre pasado y está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia defina la cantidad de años que pasará en prisión. La Fiscalía tiene como probar que defraudó del erario hasta $43.000 millones de dinero público, destinado a obras de interés comunitario y para el deporte. El Consejo, por su parte, estudia si sacarlo por siempre de la política.
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