Por falsos positivos, 21 militares han reconocido su responsabilidad ante la JEP

A la fecha, 21 miembros del Ejército y un civil han reconocido formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el macrocaso de falsos positivos. Según explicó la corporación, creada con el Acuerdo de Paz con las Farc, un general, once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil aceptaron su rol en el asesinato y desaparición forzada de personas inocentes en hechos ocurridos en el Catatumbo (entre 2007 y 2008) y en Cesar (entre 2002 y 2005). Ahora los magistrados iniciaron el trámite para citar a una audiencia de reconocimiento con las víctimas.

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El oficial de más alto rango en aceptar su rol en los falsos positivos es el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30, con jurisdicción en Norte de Santander, e imputado por lo sucedido en Catatumbo. En su escrito de reconocimiento escribió: “Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador”.

Según la Jurisdicción, los 21 militares y el civil, a través de los escritos que enviaron a la Sala de Reconocimiento, “reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad y, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en sus objetivos”. Este paso era esencial para el proceso que lleva la justicia especial y, el siguiente paso, es que los implicados reconozcan formalmente lo ocurrido ante las víctimas.

Así las cosas, la Sala de Reconocimiento de Verdad inició el trámite para que se den estas audiencias de reconocimiento. Según explicó la JEP, “el objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron”. Según la JEP, entonces, tendrán en cuenta las manifestaciones y las expectativas de las víctimas sobre cómo será el reconocimiento y el proceso restaurativo, que es uno de los pilares de la Jurisdicción creada con el Acuerdo de Paz.

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Y para ello, los magistrados de la Sala de Reconocimiento emitieron un auto en el que dieron cuatro órdenes para poner en marcha el trámite de estas audiencias: “1) realizar acciones pedagógicas del proceso adelantado en el caso 03, subcasos Norte de Santander y Costa Caribe; 2) identificar las expectativas y valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad que deben presentar los máximos responsables en una audiencia pública; 3) realizar encuentros restaurativos privados entre víctimas y comparecientes y 4) preparar el camino restaurativo para la formulación de propuestas del componente reparador de la sanción propia a que haya lugar”.

Durante los tres años que cumplió la JEP en funcionamiento, por este macrocaso, que es uno de los más avanzados en esa jurisdicción, han sido imputados varios miembros del Ejército acusados de haber conformado organizaciones criminales para asesinar civiles y hacerlos pasar por bajas en combate. Los casos contra dos de los imputados, los coroneles (r) Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, fueron enviadosa la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Los coroneles (r) Mejía y Figueroa fueron imputados en la JEP en julio de 2021. Con él, otros 14 exmilitares también fueron señalados cometer más de 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas como miembros del batallón La Popa, ubicado en el departamento del Cesar. En el expediente se habla de premios a cambio de bajas en combate y una fuerte agresión a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como de una alianza con el Bloque Norte de las Auc, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo Jorge 40.

Mejía, quien tiene aspiraciones presidenciales para el 2022, tiene una condena de 14 años de prisión, pues como comandante del Batallón La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, se alió con las Auc para cometer ejecuciones extrajudiciales. Se demostró que patrulló de manera conjunta con paramilitares y les suministró de armas y uniformes, a cambio de víctimas.

Lea aquí: La imputación de la JEP por falsos positivos atribuidos al batallón La Popa

Semanas antes de imputar a los exmiembros del batallón La Popa, la JEP ya había imputado a otroas militares por falsos positivos en Catatumbo. Se trata del general (r) Paulino Coronado, otros nueve militares y un civil por 120 casos ocurridos en esta subregión de Norte de Santander entre 2007 y 2008. La decisión fue apoyada en avances investigativos que ya se tenían en la jurisdicción ordinaria y se contó también con las confesiones de varios militares que se sometieron a la justicia especial.

En esa ocasión se conoció que la imputación era por 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas ocurridas en la convulsa región del Catatumbo y atribuibles al Ejército. “Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, dijo la magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del macrocaso 03, quien señaló que las víctimas fueron seleccionadas a través de actividades irregulares de inteligencia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A la fecha, 21 miembros del Ejército y un civil han reconocido formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el macrocaso de falsos positivos. Según explicó la corporación, creada con el Acuerdo de Paz con las Farc, un general, once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil aceptaron su rol en el asesinato y desaparición forzada de personas inocentes en hechos ocurridos en el Catatumbo (entre 2007 y 2008) y en Cesar (entre 2002 y 2005). Ahora los magistrados iniciaron el trámite para citar a una audiencia de reconocimiento con las víctimas.

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Según la Jurisdicción, los 21 militares y el civil, a través de los escritos que enviaron a la Sala de Reconocimiento, “reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad y, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en sus objetivos”. Este paso era esencial para el proceso que lleva la justicia especial y, el siguiente paso, es que los implicados reconozcan formalmente lo ocurrido ante las víctimas.

Así las cosas, la Sala de Reconocimiento de Verdad inició el trámite para que se den estas audiencias de reconocimiento. Según explicó la JEP, “el objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron”. Según la JEP, entonces, tendrán en cuenta las manifestaciones y las expectativas de las víctimas sobre cómo será el reconocimiento y el proceso restaurativo, que es uno de los pilares de la Jurisdicción creada con el Acuerdo de Paz.

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Y para ello, los magistrados de la Sala de Reconocimiento emitieron un auto en el que dieron cuatro órdenes para poner en marcha el trámite de estas audiencias: “1) realizar acciones pedagógicas del proceso adelantado en el caso 03, subcasos Norte de Santander y Costa Caribe; 2) identificar las expectativas y valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad que deben presentar los máximos responsables en una audiencia pública; 3) realizar encuentros restaurativos privados entre víctimas y comparecientes y 4) preparar el camino restaurativo para la formulación de propuestas del componente reparador de la sanción propia a que haya lugar”.

Durante los tres años que cumplió la JEP en funcionamiento, por este macrocaso, que es uno de los más avanzados en esa jurisdicción, han sido imputados varios miembros del Ejército acusados de haber conformado organizaciones criminales para asesinar civiles y hacerlos pasar por bajas en combate. Los casos contra dos de los imputados, los coroneles (r) Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, fueron enviadosa la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Los coroneles (r) Mejía y Figueroa fueron imputados en la JEP en julio de 2021. Con él, otros 14 exmilitares también fueron señalados cometer más de 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas como miembros del batallón La Popa, ubicado en el departamento del Cesar. En el expediente se habla de premios a cambio de bajas en combate y una fuerte agresión a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como de una alianza con el Bloque Norte de las Auc, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo Jorge 40.

Mejía, quien tiene aspiraciones presidenciales para el 2022, tiene una condena de 14 años de prisión, pues como comandante del Batallón La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, se alió con las Auc para cometer ejecuciones extrajudiciales. Se demostró que patrulló de manera conjunta con paramilitares y les suministró de armas y uniformes, a cambio de víctimas.

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En esa ocasión se conoció que la imputación era por 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas ocurridas en la convulsa región del Catatumbo y atribuibles al Ejército. “Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, dijo la magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del macrocaso 03, quien señaló que las víctimas fueron seleccionadas a través de actividades irregulares de inteligencia.

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