Por falsos positivos en Vichada y nexos con “Cuchillo”, condenan a coronel (r) del Ejército

Un juez de Puerto Carreño (Vichada) condenó al coronel (r) Oscar Orlando Gómez por su responsabilidad en el asesinato de John Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez en zona rural de Cumaribo (Vichada). Las dos víctimas fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate, cuando en realidad eran civiles desarmados. Gómez tendrá que pagar 37 años y medio de cárcel y una multa de 2.750 salarios mínimos —más de $2.000 millones— por los delitos de homicidio a persona protegida, concierto para delinquir y falsedad en documento público.

>>Los falsos positivos que regaló el Erpac

Los hechos se remontan a diciembre de 2006, cuando murieron John Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez. Tropas del Batallón de Infantería N° 43, comandadas por Gómez, reportaron que se enfrentaron con un grupo armado al margen de la ley y en los registros del Ejército se plasmaron las dos muertes del supuesto grupo enemigo y varias armas incautadas. Sin embargo, las versión de los soldados no coincidió con lo que los pobladores le contaron a las autoridades. Años después se confirmó que los cuerpos eran de Rodríguez y Álvarez, habitantes del sector que no pertenecían a ningún grupo armado.

En la condena a Gómez, el juzgado estableció que el coronel (r) del Ejército era el contacto en la Fuerza Pública con Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, líder del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), una organización criminal que fundó él mismo cuando se desmovilizó de las Autodefensas Unidas de Colombia. Un subalterno de Cuchillo señaló durante el proceso que el oficial (r) Gómez estaba en la nómina y que “estaban saliendo más caros los policías que los militares” porque a estos últimos les entregaban civiles para hacerlos pasar por milicianos muertos en combate y Rodríguez y Álvarez “eran el regalo para ese día”.

>>Fiscalía con pruebas contra militares que simularon muerte de alias Cuchillo 

La sentencia añade que sus cómplices eran los tenientes Jaír Arturo Aguilar Restrepo y Jimmy Julián Sandoval Cortés, y el sargento Édgar Eduardo Erazo Londoño. Este último era conocido por los miembros del Erpac como Ramazotti. En total, son 13 los militares de esta división señalados por un fiscal de derechos humanos de estar presuntamente vinculados a estos hechos, pero la condena a Gómez como comandante, y por haber encubierto lo sucedido pues recibía dinero de Cuchillo, lo vuelve un hito.

Según la versión que había quedado en los registros del Ejército, los hombres del coronel (r) Gómez atendieron un llamado de la comunidad en el que se decía que dos personas habían llegado a una finca de Cumaribo a cobrar vacunas. “Llegando a la finca observaron dos sujetos en una motocicleta, quienes hicieron unos disparos, por lo cual, la tropa reaccionó corriendo tras ellos, y como a una distancia de 500 metros se botaron”, aseguraron en ese momento. Los dos sujetos eran John Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez.

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A partir de los testimonios de dos soldados que hicieron parte del Batallón Nº 43, y un desmovilizado del Erpac, así como de la necropsia de Rodríguez y Álvarez, se reconstruyó esta historia y se supo que la versión de los registros no era cierta. Con lo que le narraron a la Fiscalía los uniformados se conocieron los pormenores de las ejecuciones extrajudiciales —entre las que están las muertes de Rodríguez y Álvarez— que se habrían llevado a cabo entre diciembre de 2006 y febrero de 2008.

Entre los testigos estuvo también el soldado John Fredy Quirama, quien en indagatoria en 2009, dijo que el coronel (r) Oscar Gómez “trabajaba con paracos”, entre los que estaba Cuchillo. Sobre el caso de Rodríguez y Álvarez, el uniformado contó que en diciembre de 2006 hubo una reunión con los hombres del líder paramilitar. Los subalternos de Cuchillo bajaron a dos personas de una camioneta, los soldados les dispararon y recogieron los cuerpos con guantes para no dejar rastros. Después de esto, los uniformados dejaron los cuerpos en la cuneta de una carretera e implantaron fusiles disparados a su lado. Una vez la escena estuvo armada, Gómez ordenó el levantamiento de cuerpos.

>>Falsos positivos, el caso 003 de la JEP

Al comienzo de la investigación, el fiscal que llevó a cabo le pidió al CTI que le tomaran las huellas a las víctimas y las comparara con las bases de datos de la Registraduría. Así se confirmó la identidad de los supuestos muertos en combate: Mauricio Álvarez, conductor de transporte público en el Vichada, y John Jairo Rodríguez, quien trabajaba en un negocio de velas en Bogotá. No existían indicios de que hubieran pertenecido a grupos armados.

Entre las pruebas ordenadas por la Fiscalía estaban las declaraciones de los soldados que estaban bajo el mando de Gómez, quienes dicen que dispararon 141 cartuchos hacia la moto en la que supuestamente huían Álvarez y Rodríguez. Nunca apareció una moto con esa cantidad de impactos y los impactos de bala que recibieron las víctimas no indicaban que hubieran sido en un combate. Además, con el registro de la minuta de la unidad militar, se pudo determinar que la camioneta Toyota blanca en la que se movían los hombres de Gómez estuvo presente en el lugar de los hechos.

>>Militares de falsos positivos le darán la cara a la JEP

El coronel (r) Gómez ha negado su participación en estos hechos tajantemente. Durante el juicio, su defensa alegó que el testimonio del soldado Quirama había sido obtenido de manera ilegal y aseguró que el uniformado “no fue su escolta o estafeta (de Gómez), razón por la cual no sabe de dónde saca esa información”.          

Sin embargor, las pruebas que presentó la Fiscalía le permitieron establecer al juez del caso que el coronel (r) Orlando Gómez entabló un trato con la banda criminal liderada por Cuchillo, quien le pagaba en ese entonces $700 millones mensuales. A cambio del dinero y de las bajas de civiles que les entregaba el Erpac, los militares les daban vía libre para el negocio de narcotráfico que llevaba el grupo en la zona.

Después de un análisis a todas las pruebas, el juzgado concluyó que no había duda de la responsabilidad del coronel (r) en los homicidios de John Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez. Por lo tanto, deberá cumplir una condena de 37 años y medio.

Un juez de Puerto Carreño (Vichada) condenó al coronel (r) Oscar Orlando Gómez por su responsabilidad en el asesinato de John Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez en zona rural de Cumaribo (Vichada). Las dos víctimas fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate, cuando en realidad eran civiles desarmados. Gómez tendrá que pagar 37 años y medio de cárcel y una multa de 2.750 salarios mínimos —más de $2.000 millones— por los delitos de homicidio a persona protegida, concierto para delinquir y falsedad en documento público.

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En la condena a Gómez, el juzgado estableció que el coronel (r) del Ejército era el contacto en la Fuerza Pública con Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, líder del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), una organización criminal que fundó él mismo cuando se desmovilizó de las Autodefensas Unidas de Colombia. Un subalterno de Cuchillo señaló durante el proceso que el oficial (r) Gómez estaba en la nómina y que “estaban saliendo más caros los policías que los militares” porque a estos últimos les entregaban civiles para hacerlos pasar por milicianos muertos en combate y Rodríguez y Álvarez “eran el regalo para ese día”.

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Según la versión que había quedado en los registros del Ejército, los hombres del coronel (r) Gómez atendieron un llamado de la comunidad en el que se decía que dos personas habían llegado a una finca de Cumaribo a cobrar vacunas. “Llegando a la finca observaron dos sujetos en una motocicleta, quienes hicieron unos disparos, por lo cual, la tropa reaccionó corriendo tras ellos, y como a una distancia de 500 metros se botaron”, aseguraron en ese momento. Los dos sujetos eran John Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez.

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Entre los testigos estuvo también el soldado John Fredy Quirama, quien en indagatoria en 2009, dijo que el coronel (r) Oscar Gómez “trabajaba con paracos”, entre los que estaba Cuchillo. Sobre el caso de Rodríguez y Álvarez, el uniformado contó que en diciembre de 2006 hubo una reunión con los hombres del líder paramilitar. Los subalternos de Cuchillo bajaron a dos personas de una camioneta, los soldados les dispararon y recogieron los cuerpos con guantes para no dejar rastros. Después de esto, los uniformados dejaron los cuerpos en la cuneta de una carretera e implantaron fusiles disparados a su lado. Una vez la escena estuvo armada, Gómez ordenó el levantamiento de cuerpos.

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Entre las pruebas ordenadas por la Fiscalía estaban las declaraciones de los soldados que estaban bajo el mando de Gómez, quienes dicen que dispararon 141 cartuchos hacia la moto en la que supuestamente huían Álvarez y Rodríguez. Nunca apareció una moto con esa cantidad de impactos y los impactos de bala que recibieron las víctimas no indicaban que hubieran sido en un combate. Además, con el registro de la minuta de la unidad militar, se pudo determinar que la camioneta Toyota blanca en la que se movían los hombres de Gómez estuvo presente en el lugar de los hechos.

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El coronel (r) Gómez ha negado su participación en estos hechos tajantemente. Durante el juicio, su defensa alegó que el testimonio del soldado Quirama había sido obtenido de manera ilegal y aseguró que el uniformado “no fue su escolta o estafeta (de Gómez), razón por la cual no sabe de dónde saca esa información”.          

Sin embargor, las pruebas que presentó la Fiscalía le permitieron establecer al juez del caso que el coronel (r) Orlando Gómez entabló un trato con la banda criminal liderada por Cuchillo, quien le pagaba en ese entonces $700 millones mensuales. A cambio del dinero y de las bajas de civiles que les entregaba el Erpac, los militares les daban vía libre para el negocio de narcotráfico que llevaba el grupo en la zona.

Después de un análisis a todas las pruebas, el juzgado concluyó que no había duda de la responsabilidad del coronel (r) en los homicidios de John Jairo Rodríguez y Mauricio Álvarez. Por lo tanto, deberá cumplir una condena de 37 años y medio.