Por gestión de expresidente de Fiduprevisora, Colombia casi pierde $90.000 millones

Con $90.000 millones pueden comprarse 30 penthouses en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, adquirir 70 autos Ferrari Portofino modelo 2019, o responder por el 12 % del presupuesto anual para gastos de una entidad pública como el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, una institución responsable por la salud y las prestaciones sociales de los más de 31.000 afiliados, en su mayoría mayores de 60 años, que conformaron el extinto sistema de ferrocarriles del país. John Mauricio Marín, quien fuera presidente de la Fiduprevisora en el gobierno de Gustavo Petro (2023-2024), fue también el director general de ese fondo, pero, contrario a lo que se esperaba para su cargo, estuvo dispuesto a perder hasta $90.000 millones en un proceso arbitral. Un caso que, como lo sentenció el Consejo de Estado tuvo “arbitrariedades”, y que, incluso, está en poder de la Fiscalía.

Con $90.000 millones pueden comprarse 30 penthouses en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, adquirir 70 autos Ferrari Portofino modelo 2019, o responder por el 12 % del presupuesto anual para gastos de una entidad pública como el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, una institución responsable por la salud y las prestaciones sociales de los más de 31.000 afiliados, en su mayoría mayores de 60 años, que conformaron el extinto sistema de ferrocarriles del país. John Mauricio Marín, quien fuera presidente de la Fiduprevisora en el gobierno de Gustavo Petro (2023-2024), fue también el director general de ese fondo, pero, contrario a lo que se esperaba para su cargo, estuvo dispuesto a perder hasta $90.000 millones en un proceso arbitral. Un caso que, como lo sentenció el Consejo de Estado tuvo “arbitrariedades”, y que, incluso, está en poder de la Fiscalía.

El Espectador conoció un reciente fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que amparó los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del Fondo de Ferrocarriles. El expediente fue impulsado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) que, en síntesis, salvó a último momento a Colombia de pagar tal cantidad de dinero. El Consejo de Estado anuló una especie de fallo, denominado técnicamente como laudo arbitral, emitido en agosto de 2022 por la Cámara de Comercio de Cali, lugar donde los privados van a solucionar sus líos empresariales. La decisión revocada obligaba al Fondo de Ferrocarriles a pagarles $90.000 millones a los empresarios vallunos de Zalka S.A.S. Estos últimos son conocidos en la región por sus proyectos inmobiliarios y de caña de azúcar, pero también, por representar a los socios y quedar a cargo de las obligaciones de la extinta Clínica Santiago de Cali, liquidada en 2021 por millonarias y asfixiantes deudas.

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Para entender el caso, hay que remontarse a 2013. Entonces, el Fondo de Ferrocarriles le entregó un contrato por $27.000 millones a la Clínica Santiago de Cali, para que, por un año, prestara servicios integrales de salud a sus afiliados en el Pacífico. Al finalizar la prestación de los servicios, el Fondo de Ferrocarriles quiso liquidar el contrato, pero la Clínica Santiago de Cali no aceptó, pues las cuentas no cuadraban, en su concepto, y aseguró haber sufrido pérdidas que la afectaron y que habrían sido cruciales para, luego, declararse en quiebra. En 2015, no obstante, el Fondo de Ferrocarriles logró que la Superintendencia de Salud mediara y concluyera que las reclamaciones de la Clínica eran infundadas y, con ese pronunciamiento, se firmó el paz y salvo final del contrato, en formato de resolución. No hay registro de que la Clínica haya interpuesto algún recurso judicial para dar vuelta a esa decisión.

Luego de ello, en 2016, la Clínica Santiago de Cali se ahogó en deudas y solicitó ser parte de un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, para acreditarse como una empresa viable a futuro y que podía ser rescatada. Por esa fecha, las tapas de los diarios señalaban que, para salvarse, la clínica tuvo que convertirse en una inmobiliaria. Ahí es cuando entra a esta historia Zalka S.A.S., reconocida en el sector de los bienes raíces del Valle, que quedó como cesionaria de la clínica, a cargo de sus derechos y obligaciones. Sin embargo, como logró probar la Andje, durante el proceso de reorganización ante la Supersociedades, la clínica nunca registró créditos litigiosos a favor de los socios de Zalka S.A.S. Es decir, no se acordó que la sociedad inmobiliaria recibiera dinero por concepto de sentencias judiciales. Aun así, no se quedaron de brazos cruzados con su reclamación sobre el contrato de 2013, e iniciaron un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Cali. Y, ahí es cuando entran pesos pesados en este expediente.

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El expresidente de la Fiduprevisora, John Mauricio Marín, aceptó a finales de 2021, como director general y con el visto bueno de su comité de defensa judicial, someter al Fondo de Ferrocarriles a la controversia arbitral. Todo un error, como se explicará a continuación. En agosto de 2022, el tribunal elegido por la Cámara de Comercio de Cali dio a conocer su laudo arbitral en contra de Ferrocarriles, y le ordenó pagar los $90.000 millones a los socios de Zalka S.A.S., a pesar de que ellos no tuvieron nada que ver con el contrato de 2013, y sin ser beneficiarios de créditos litigiosos. La decisión la tomaron prestigiosos árbitros en el gremio empresarial: Óscar Yezid Ibáñez Parra, quien trabaja para la firma internacional Dechert LLP con sede en París y Washington; Lyda Mercedes Crespo Ríos, secretaria de tribunales en las cámaras de Comercio en Bogotá y Cali, así como profesora en las Universidades Javeriana y San Buenaventura; y Eugenio David Martinelli, sin tanta trayectoria, pero con antecedentes como contratista del Estado.

Con semejante laudo millonario en contra del país, la Andje se remangó e intervino con la acción de tutela. Según encontró probado el Consejo de Estado, los árbitros Ibáñez Parra, Crespo Ríos y Martinelli quedaron retratados cometiendo “arbitrariedades”. El Consejo explicó que, al contrario de lo que planteó el trío de juristas, los socios de Zalka S.A.S no están legitimados para recibir un solo peso del Fondo de Ferrocarriles. Para empezar, para cuando John Mauricio Marín firmó el pacto arbitral y se sometió la controversia a laudo, la Clínica ya estaba liquidada. El regaño del Consejo por no haber advertido tal error fue así: “Esa interpretación de la norma se antoja arbitraria, pues no responde a parámetros de mínima razonabilidad jurídica”. Y les reprochó haber malentendido el mismísimo Código Civil, pues, en Colombia, si una persona jurídica desaparece, sus socios no están legitimados para demandar a nombre de aquella, y “menos aún recibir las condenas impuestas en sentencia judicial”.

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“Cuando se disuelve y liquida una persona jurídica no es posible tratar a sus exsocios como una suerte de herederos, y eso fue justamente lo que hizo el Tribunal y censura esta Sala”, concluyó el Consejo. Esos exsocios son Édgar Salazar Castelblanco, Juan Manuel Salazar Castelblanco, Lina Marcela Salazar Castelblanco, Yolanda Rivera de Salazar y Guillermo Villalobos Salazar. Según el fallo conocido por El Espectador, ahora el Consejo les ordenó a los mismos árbitros de la Cámara de Comercio de Cali proferir un nuevo laudo, que sí tenga una correcta aplicación del Código Civil, y presentando un “análisis serio y riguroso de la responsabilidad contractual y de quienes están habilitados para formular pretensiones con fundamento en ésta”. Tienen plazo hasta mañana, 30 de agosto.

Este diario consultó al director de la Andje, César Palomino, quien celebró que el Consejo de Estado haya tenido en cuenta la acción de tutela, que es una medida excepcional y que busca proteger de manera inmediata derechos fundamentales. “Esta decisión es un referente en materia de protección al derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las entidades públicas, sin dejar de lado el impacto frente a la protección de recursos públicos. En la Agencia tenemos el compromiso absoluto de cuidar el patrimonio público. Por eso acudiremos a todos los mecanismos necesarios, cuando de proteger los recursos de los colombianos se trate”, señaló.

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Además, El Espectador solicitó una respuesta por escrito al expresidente de la Fiduprevisora, Marín, quien envió un oficio de dos páginas. En principio, señaló que someter este tipo de controversia a un tribunal de arbitraje es completamente legitimo y se aprobó esa decisión de la mano del comité de contratación del Fondo Ferrocarriles, que “el cual considero ajustado a derecho y a los intereses del fondo acudir a este mecanismo legal”. Para Marín, los tribunales de arbitramento “tienen muchas bondades entre las cuales esta descongestionar la rama, acelerar los tiempos de la decisión, pues son mucho más cortos que en la jurisdicción ordinaria y son procesos que permiten tener personal idóneo estudiando los asuntos que se cuestionan, pues para ser perito se requieren unas condiciones muy especializadas, dependiente al asunto de debate”.

Asimismo, Marín explica que los costos del tribunal fueron asumidos por los socios de la Clínica Santiago de Cali y que se intentó evitar episodios pasados en los que se sentenció al Fondo de Ferrocarriles y que tuvieron un periodo de debate tan largo que terminó costándole mucho más a la entidad pública. Y pidió que no se deje de tener en cuenta que esta decisión del Consejo de Estado es de segunda instancia y que fue contraria a lo que determinó la Sección Segunda de esa corporación en abril de este año. “Hasta mi permanencia en el Fondo, que fue el 02 de abril de 2023, las decisiones que en conjunto se tomaron con las directivas de la entidad, fue agotar todas las instancias existentes y acudir a todas las entidades competentes que nos pudieran brindar acompañamiento y brindar garantías para defender los intereses del Fondo”, concluyó.

La historia, no obstante, no termina ahí. Los descubrimientos de la Andje con respecto al expediente la llevaron a presentar un oficio a la Fiscalía para la investigación de “presuntos hechos delictivos”, cometidos por miembros del Fondo de Ferrocarriles, los exsocios de la Clínica Santiago de Cali, y los prestigiosos árbitros de la Cámara de Comercio de Cali. El oficio fue allegado directamente a la oficina del exfiscal general Francisco Barbosa, pero, no pasó, ni ha pasado nada. “¿Por qué razón el Tribunal resolvió a favor de los demandantes cuando no tenían legitimidad para ello?”, le preguntó la Andje a la Fiscalía. “La presente información se remite en defensa de los intereses y patrimonio de una entidad pública del orden nacional, condición que reúne el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales”, concluye el oficio conocido por este diario.

Así mismo, la pregunta que la Andje le hizo a la Fiscalía sobre Marín reúne momentos clave del caso: “Si el contrato estaba liquidado desde 2014, si el Fondo se declaró a paz y salvo con la sociedad, si sobre el acto administrativo de liquidación no se emprendió ningún tipo de actuación judicial o administrativa, si para enero de 2022 ya no era procedente ninguna acción por haber operado el término de caducidad, y la sociedad Clínica Santiago de Cali había sido liquidada por orden de la Superintendencia de Sociedades, ¿por qué razón, a pesar de ello, el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles decidió suscribir un compromiso arbitral con quienes en el pasado fungieron como socios de la Clínica liquidada y que no fueron adjudicatarios de ningún crédito en el proceso de liquidación de aquella?”. La respuesta la tiene, ahora, la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo.

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Así las cosas, a menos de que algo extraordinario ocurra, Colombia se salvó de pagar $90.000 millones del Fondo de Ferrocarriles y los árbitros de la Cámara de Comercio de Cali tomarán una decisión en derecho. No es, precisamente, el mejor presente para John Mauricio Marín, quien a finales de mayo pasado renunció a su puesto en la Fiduprevisora, entidad que gestiona, maneja y administra recursos como los de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo del Magisterio (Fomag). La masa de maestros del país puso su nombre en el ojo del huracán, pues cerca de 800.000 afiliados al sistema de salud se quedaron sin el servicio, por cuenta de la cancelación de contratos a prestadores de servicios. Esta ficha del Partido de la U, incluso, fue citado a debate de control político en el Senado. Ahora, Marín quedó envuelto en un expediente, por poner en riesgo recursos de la entidad que dirige, lo cual podría tener consecuencias penales, si la Fiscalía así lo asume.

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