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El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, destituyó e inhabilitó por 20 años para el ejercicio de cargos públicos a Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, en su condición de Gobernador del departamento de Santander, tras comprobar que promovió y colaboró con las Autodefensas.
El Ministerio Público señaló que Aguilar Naranjo, con el apoyo de los bloques Central Bolívar y Bloque de Puerto Boyacá de las Autodefensas, accedió al cargo de gobernador de ese departamento, poniendo su investidura a disposición de dicha estructura armada ilegal.
Las pruebas allegadas al proceso demuestran que el disciplinado promocionó y colaboró con el grupo paramilitar Bloque Bolívar de las AUC, en razón a que aceptó el respaldo de dicho grupo ilegal para así obtener la votación suficiente que le permitiera ser elegido Gobernador y en contraprestación a ello, una vez en ejercicio del cargo, apoyó y permitió el auge de la organización armada ilegal durante su administración, lo que se vio reflejado en la designación y vinculación como servidor de su gabinete a Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación departamental, quien en su declaración señaló que su vinculación a ese cargo obedeció a la promesa efectuada por el entonces Gobernador a Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, de darle una secretaría de despacho.
Señaló el procurador general de la Nación que el sancionado intervino desde su posición como primer mandatario del departamento de Santander en el desarrollo de proyecto paramilitar, “toda vez, que al ser impulsada su candidatura por el comandante Iván Roberto Duque, entre otros, dejó incondicionalmente su investidura a disposición de las autodefensas” (…).
Se comprobó además que Aguilar Naranjo asistió de manera voluntaria a reuniones convocadas por los líderes paramilitares, en las cuales se evidenciaba la relación de cercanía con este grupo ilegal. Con su conducta Aguilar Naranjo promovió y colaboró con la señalada organización, en contravía de la sujeción especial con el Estado, relación que ostentaba en su calidad de servidor público.