La justicia tuvo que obligar al Ministerio del Deporte para que hiciera una diligente inspección, vigilancia y control a los estatutos y reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor). Así lo determinó el Consejo de Estado, luego de evaluar una serie de solicitudes impulsadas por el sindicato de futbolistas, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).
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A través de una sentencia, el Consejo ordenó contra la cartera del deporte un expediente de cumplimiento, por lo que, a partir de ahora, debe hacer caso a tres decretos y una ley que, desde 1995, lo obligaban a vigilar detalladamente las reglas con las que se practica el balompié profesional en Colombia. Desde la constitución de la liga, hasta los pormenores administrativos del fútbol nacional, como qué puede, o no, hacer un futbolista con sus derechos.
Acolfutpro solicita que el Ministerio del Deporte ponga la lupa sobre disposiciones de la FCF y la Dimayor que estarían violando las garantías de los futbolistas. “Como por ejemplo, la prohibición de acudir a la justicia ordinaria, la prohibición de inscribir futbolistas en competiciones oficiales por conflictos entre clubes y prohibir el derecho a la protesta”, explicó la asociación de futbolistas, que históricamente ha apoderado a jugadores en sus luchas legales por derechos fundamentales.
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Según las acciones de Acolfutpro ante la justicia, el actual Estatuto del Jugador de la FCF no se le han hecho actualizaciones desde 2021, a pesar de que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FCF) ya ha hecho cuatro modificaciones, que debieron haber sido incluidas. Asimismo, recalcan que no solo los futbolistas se verán beneficiados, pues la ley y los decretos establecen la función de vigilancia y control sobre las demás entidades del deporte.
De acuerdo con el Consejo de Estado, el Ministerio del Deporte solo se ha limitado a vigilar los estatutos sociales de la FCF y solo ha hecho una labor meramente de registro. No hay pruebas que demuestren un interés por la verificación, el análisis y la aprobación de estatutos. Una tarea que hizo entre 2013 y 2017, pero que, en el Gobierno del presidente Iván Duque y lo que va del Gobierno de Gustavo Petro, brilló por su ausencia.
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