Por posible participación en política denuncian al general Eduardo Zapateiro

Al despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, llegó una denuncia de 13 páginas en contra del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. El documento consigna la posible participación en política por parte del oficial al publicar en su cuenta de Twitter, información en contra del candidato presidencial Gustavo Petro.

El comandante del Ejército está en la palestra porque le salió al paso a un trino que publicó el líder del Pacto Histórico en el que mencionaba que algunos generales de la institución castrense estaban en la nómina del Clan del Golfo. El oficial, en un hilo de seis trinos, le respondió al candidato. Resaltó que a quién más le duele la muerte de un soldado es a quienes portan el uniforme. Además, le reprochó que en su condición de senador haga “politiquería” y lo cuestionó por un proceso judicial del cual Petro salió bien librado en la Corte Suprema de Justicia.

“A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, es uno de los últimos trinos que puso al general en la palestra. Si bien desde varios sectores coinciden en que estaba defendiendo la institución que lidera, otros más consideran que sus publicaciones son una evidente participación en política.

Lea aquí: Investigarán preliminarmente a Zapateiro por presunta participación en política

Para el abogado, Jorge Eliécer Molano, quien presentó la denuncia en la Fiscalía, el oficial ocasionó una “grave violación al Estado de Derecho” por incumplir la Constitución que le prohíbe participar en política por su condición de militar. Por lo anterior, en la misiva allegada al fiscal general, el penalista le solicitó al jefe del búnker priorizar el caso. Designar un fiscal especializado y un equipo de investigadores para que recopile información que permita evaluar la conducta del oficial.

Además de ello, el penalista dijo que con el fin de que sus conductas no se repitan se “promueva la adopción de medida de aseguramiento, que conlleve a la suspensión en el ejercicio del cargo. A su juicio, la permanencia del general en su puesto “constituye un riesgo para la sociedad, para el Estado social de derecho y para el carácter democrático del mismo”.

“Dichas expresiones y conceptos, vulneran la Constitución Nacional, puesto que se desconoce la prohibición de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas y a su vez, niega el mandato constitucional que consagra que la Fuerza Pública no es deliberante y que sus integrantes mientras permanezcan en servicio activo, no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, explicó el abogado en su documento.

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Además de sus argumentos, el penalista también trajo a colación una serie de testimonios que reprochan la publicación del oficial. Por ejemplo, el exnegociador de Paz, Humberto de la Calle, consideró que el presidente Iván Duque debe llamar a calificar servicios al general. “Es una inédita intervención en política claramente inconstitucional”, está en el documento. Para el exministro Guillermo Rivera es preocupante que el comandante del Ejército controvierta públicamente a un candidato presidencial, no solo por la violación a la Constitución, sino porque estima ese rifirrafe “un retroceso” para la democracia.

Para el abogado Molano, “las calificaciones hechas por el comandante del Ejército, desconoce que en el Estado democrático pluralista niega que la política se mueva en una incesante dialéctica amigo enemigo, de tal suerte que quien no comparta una determinada estrategia política, económica o de seguridad definida por los órganos políticos pueda ser calificado como un enemigo de la Nación que debe ser perseguido”.

Si bien para el penalista la publicación de Zapateiro puede ser una evidente vulneración a la Constitución Política, el abogado fue más allá y le solicitó al fiscal general que el equipo especializado de analizar el caso, verifique si incurrió en otro tipo de conductas penales como prevaricato por acción, que no es otra cosa que la responsabilidad que cae sobre un funcionario público que manifiesta un concepto contrario a la ley.

Lea también: “Art. 219: La Fuerza Pública no es deliberante...”

El documento que consigna los argumentos del abogado será analizado, entonces, por un delegado del búnker quien considerará si es pertinente o no acoger la hipótesis del penalista que busca apartar del cargo al oficial. En materia penal, esta es la primera denuncia que se conoce en contra del general. No obstante, en cuanto al tema disciplinario, este lunes la Procuraduría dejó en firme la investigación preliminar en su contra.

El Ministerio Público extrajo cada uno de los trinos emitidos por el oficial con el fin de analizar si incurrió en alguna falta disciplinaria. En el documento de tres páginas que deja en firme la investigación, la Procuraduría recordó: “La Constitución Política de Colombia, en su artículo 219, es clara al señalar que la fuerza pública no es deliberante: no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Al despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, llegó una denuncia de 13 páginas en contra del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. El documento consigna la posible participación en política por parte del oficial al publicar en su cuenta de Twitter, información en contra del candidato presidencial Gustavo Petro.

El comandante del Ejército está en la palestra porque le salió al paso a un trino que publicó el líder del Pacto Histórico en el que mencionaba que algunos generales de la institución castrense estaban en la nómina del Clan del Golfo. El oficial, en un hilo de seis trinos, le respondió al candidato. Resaltó que a quién más le duele la muerte de un soldado es a quienes portan el uniforme. Además, le reprochó que en su condición de senador haga “politiquería” y lo cuestionó por un proceso judicial del cual Petro salió bien librado en la Corte Suprema de Justicia.

“A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, es uno de los últimos trinos que puso al general en la palestra. Si bien desde varios sectores coinciden en que estaba defendiendo la institución que lidera, otros más consideran que sus publicaciones son una evidente participación en política.

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Para el abogado, Jorge Eliécer Molano, quien presentó la denuncia en la Fiscalía, el oficial ocasionó una “grave violación al Estado de Derecho” por incumplir la Constitución que le prohíbe participar en política por su condición de militar. Por lo anterior, en la misiva allegada al fiscal general, el penalista le solicitó al jefe del búnker priorizar el caso. Designar un fiscal especializado y un equipo de investigadores para que recopile información que permita evaluar la conducta del oficial.

Además de ello, el penalista dijo que con el fin de que sus conductas no se repitan se “promueva la adopción de medida de aseguramiento, que conlleve a la suspensión en el ejercicio del cargo. A su juicio, la permanencia del general en su puesto “constituye un riesgo para la sociedad, para el Estado social de derecho y para el carácter democrático del mismo”.

“Dichas expresiones y conceptos, vulneran la Constitución Nacional, puesto que se desconoce la prohibición de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas y a su vez, niega el mandato constitucional que consagra que la Fuerza Pública no es deliberante y que sus integrantes mientras permanezcan en servicio activo, no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, explicó el abogado en su documento.

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Además de sus argumentos, el penalista también trajo a colación una serie de testimonios que reprochan la publicación del oficial. Por ejemplo, el exnegociador de Paz, Humberto de la Calle, consideró que el presidente Iván Duque debe llamar a calificar servicios al general. “Es una inédita intervención en política claramente inconstitucional”, está en el documento. Para el exministro Guillermo Rivera es preocupante que el comandante del Ejército controvierta públicamente a un candidato presidencial, no solo por la violación a la Constitución, sino porque estima ese rifirrafe “un retroceso” para la democracia.

Para el abogado Molano, “las calificaciones hechas por el comandante del Ejército, desconoce que en el Estado democrático pluralista niega que la política se mueva en una incesante dialéctica amigo enemigo, de tal suerte que quien no comparta una determinada estrategia política, económica o de seguridad definida por los órganos políticos pueda ser calificado como un enemigo de la Nación que debe ser perseguido”.

Si bien para el penalista la publicación de Zapateiro puede ser una evidente vulneración a la Constitución Política, el abogado fue más allá y le solicitó al fiscal general que el equipo especializado de analizar el caso, verifique si incurrió en otro tipo de conductas penales como prevaricato por acción, que no es otra cosa que la responsabilidad que cae sobre un funcionario público que manifiesta un concepto contrario a la ley.

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El documento que consigna los argumentos del abogado será analizado, entonces, por un delegado del búnker quien considerará si es pertinente o no acoger la hipótesis del penalista que busca apartar del cargo al oficial. En materia penal, esta es la primera denuncia que se conoce en contra del general. No obstante, en cuanto al tema disciplinario, este lunes la Procuraduría dejó en firme la investigación preliminar en su contra.

El Ministerio Público extrajo cada uno de los trinos emitidos por el oficial con el fin de analizar si incurrió en alguna falta disciplinaria. En el documento de tres páginas que deja en firme la investigación, la Procuraduría recordó: “La Constitución Política de Colombia, en su artículo 219, es clara al señalar que la fuerza pública no es deliberante: no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.