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Presuntas irregularidades en un contrato suscrito por dos exgobernadores del Meta habrían terminado en graves daños ambientales, según la Fiscalía que el pasado martes 20 de abril les imputó cargos a los exgobernadores Darío Vásquez Sánchez (2008-2011) y Alan Edmundo Jara Urzola (2012-2015). Según el ente investigador, ambos habrían cometido errores en la celebración de un contrato que tenía como fin la remodelación de un colegio internado que está ubicado en el Parque Natural Tinigua, un área de especial protección ambiental de La Macarena. (Lea también: Alan Jara: “No perdonar a las Farc, es como seguir secuestrado”)
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que los exmandatarios habrían participado en irregularidades de trámite, celebración y liquidación de ese convenio y con ese argumento los presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y les imputó a ambos los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado.
Los hechos que hoy comprometen a los exgobernadores iniciaron en el año 2010, durante la administración de Darío Vásquez Sánchez. Ese año el Instituto de Desarrollo del Meta tramitó y celebró un contrato (N° 081 de 2011) para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, ubicada en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta). (Le puede interesar: Gobernación de Cundinamarca rechaza explotación minera en el río Neusa)
Hasta ese punto, todo bien. Pero la investigación de la Fiscalía dio cuenta de que el contrato, que superó los $4.100 millones, se tramitó y celebró sin el cumplimiento de una licencia ambiental y otros permisos de ley. Para el ente investigador, ese presunto incumplimiento contractual y de la normatividad ambiental vigente por parte de los exgobernadores provocó un grave daño a los recursos naturales de la zona.
Según la Fiscalía, las obras afectaron el componente hídrico, el suelo, fauna y pasaje del Parque Nacional Natural Tinigua. Los exmandatarios, por su parte, no aceptaron los cargos y, en ese sentido, el proceso judicial en su contra continúa. Mientras tanto, la Fiscalía anunció que el próximo 3 de mayo se realizará la imputación contra cuatro exfuncionarios de la Gobernación del Meta, inscritos al Instituto de Desarrollo del departamento, por estos mismos hechos. (Noticia relacionada: Desregulación ambiental, uno de los riesgos de la reactivación económica)