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El 2 de mayo de 2002, miembros del bloque 58 de las Farc lanzaron un cilindro bomba que cayó sobre el techo de la iglesia de Bojayá (Chocó), en medio de un enfrentamiento con paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas. Murieron al menos 80 personas y otro centenar resultaron heridas. La masacre se convirtió en uno de los hechos más violentos de la confrontación armada en Colombia y los sobrevivientes son hoy símbolos de la resiliencia de las víctimas del conflicto armado. Por primera vez en 20 años, seis hombres que militaron en las filas de las Farc, aceptaron su responsabilidad ante la justicia colombiana.
Lo hicieron ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en una serie de audiencias de versión colectiva que se realizaron en Dabeiba (Antioquia), entre el 9 y 10 de septiembre de 2021. Además de aceptar su responsabilidad ante los magistrados, los comparecientes ante este sistema especial de justicia dieron detalles de su participación en otros hechos violentos, como las tomas guerrilleras a los puestos de Policía de poblaciones como Santa María la Antigua del Darién (1987), Balboa (1989), y Acandí, en Chocó (1993); y San Pedro de Urabá, en Antioquia (1994).
(En contexto: El día en que la vida de Bojayá explotó)
Los primeros exguerrilleros en aceptar su responsabilidad en estos hechos son: Fancy María Orrego, alias Erica Montero, integrante del Estado Mayor Central desde 2015; Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias El Viejo o Isaías Trujillo, comandante del Bloque José María Córdoba; José Ignacio Sánchez Ramírez, alias Melquis Andrade, segundo al mando del Estado Mayor del frente 34; Vianey de Jesús Hernández, alias Ezequiel Martínez o El Flaco, tercero al mando del Estado Mayor del frente 34; Pedro Baracutao García Ospina, comandante del frente 34 entre 2012 y 2016, y Nelson Elías Benites Urrego, alias Daimer o El Negro Benites, hombre que hizo parte, desde 2013, del Estado Mayor del Frente 34.
Primer día de audiencias:
Sobre Bojayá, los exFarc le relataron a la JEP cómo llegaron a este municipio y le entregaron un mapa con las ruta que tomaron en 2002 para perpetrar la masacre. Además, explicaron la importancia para el grupo guerrillero del corredor que se encontraraba en el cañón de La Llorona, pues era por donde se movían alimentos, dotaciones y finanzas para sus tropas. Nelson Benites les aclaró a los magistrados ese trayecto comenzaba en el túnel de Dadeiba y pasaba por Mutatá. El dominio de las Farc, agregó el exguerrrillero, era por la zona de Santa Teresa, siempre al costado derecho del cañón, bajando hasta Riosucio (Chocó).
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El mismo Benites fue quien aceptó su responsabilidad durante la audiencia Benites en la muerte violenta de cuatro militares del batallón contraguerrilla Arhuacos que se registró entre 1998 y 1999. “Cogimos 4 militares en un retén. Era la cúpula del batallón, iban en una camioneta blanca sin placas, eso fue en Pegadó. Creo que uno de ellos era un teniente, iba un sargento y un cabo; del otro no me acuerdo. Me parece que uno se llamaba Hernández, iban de civil y al requisarlos encontramos los papeles y pasamontañas. El comandante Jacobo Arango dio la orden que los ajusticiáramos y se tiraron al río”, reveló el exguerrilero.
Segundo día de audiencias:
Los exFarc que participaron de estas audiencias también aceptaron la responsabilidad colectiva del frente 34 en la toma de Uramita (Antioquia), perpetrada el 8 de junio de 1991. Ese día fueron secuestrados dos miembros de la fuerza pública y hubo varias afectaciones a la población civil. Según un comunicado de prensa de la JEP, los comparecientes también aceptaron haber participado y ordenado operaciones de hostigamiento en contra de las fuerzas militares y también de haber organizado retenes en los que se robaron víveres y afectaron vehículos que transitaban por la zona.
Durante las audiencias, los exguerrilleros aceptaron colectivamente su responsabilidad en otras cinco tomas de puestos municipales de la Policía en el Urabá. Los hechos ocurrieron en los municipios chocoanos de Balboa (1989); Acandí (1990), en donde murieron varios policías y destruyeron la Caja Agraria; Riosucio (1992); y en los territorios antioqueños de Peque (1994), y San Pedro de Urabá (1994). “Asimismo, reconocieron las afectaciones a las empresas que no pagaban las vacunas exigidas, como lo fue la quema a 15 buses de la empresa Gómez Hernández y 7 buses de AsotraUrabá”, señaló la JEP.
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