¿Por qué es necesario un Conpes para buscar a los desaparecidos?
Una de las prioridades de la Unidad de Búsqueda (UBPD) será promover la creación de un documento de política pública, Conpes, para la búsqueda de desaparecidos. La iniciativa es respaldada por organismos internacionales y obedece, también, a las dificultades que ha identificado la Unidad creada con el Acuerdo de Paz en su labor.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció este jueves que una de sus prioridades será impulsar la creación de una política pública para atender la búsqueda. Según la directora de la entidad, Luz Marina Monzón, hay procedimientos en todo el Estado que están relacionados con el fenómeno de la desaparición y que están desarticulados, de allí la necesidad de un instrumento que los coordine, asigne responsabilidades y evite “el peloteo” al que se enfrentan las víctimas, quienes terminan tocando puertas de entidad en entidad sin respuesta sobre el paradero de sus familiares.
(En contexto: “Priorizar no es postergar la búsqueda”: directora de la UBPD anuncia hoja de ruta)
La recomendación la respaldó Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En el lanzamiento de la estrategia de priorización de la UBPD, De Rivero explicó que lineamientos internacionales de derechos humanos recomiendan que “es necesario tener una política pública para articular las distintas instituciones alrededor de la búsqueda de desaparecidos. Sin una política pública integral es muy difícil lograr esa coordinación”. Y en Colombia, el instrumento para hacerlo, es un documento Conpes.
Se trata de los documentos que define el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la máxima instancia de planeación en el país. Ante esa instancia, la UBPD impulsará la adopción de una estrategia de Estado para buscar a los desaparecidos, pues, según explicó Monzón este jueves, “la búsqueda no ha sido asumida como una estrategia de Estado”, lo que lleva a que haya una superposición de las actividades que realizan las distintas entidades involucradas, bajos presupuestos y, en general, desorganización.
(Lea también: ¿Qué pasó con los desaparecidos del paro nacional?)
La representante De Rivero respaldó la iniciativa, pues, distintas experiencias de búsqueda de desaparecidos en el mundo han llevado al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a concluir que es necesario abordar esta problemática como una prioridad “del Estado en su conjunto”. La diplomática añadió que, en línea con el mandato que el Acuerdo de Paz le dio a la UBPD, “para impulsar la no repetición del conflicto armado es importante formular una política pública que permita prevenir y atender distintas situaciones de desaparición”.
En el documento de priorización nacional de la UBPD se explica que se pretenden varias cosas con el eventual Conpes. Por ejemplo, “contar con una política pública de custodia, preservación y dignificación de los cuerpos recuperados”, así como “fortalecer y consolidar procesos de articulación interinstitucional alrededor del propósito común de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas”.
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En una entrevista con El Espectador en la, Monzón aterrizó lo que pretenden con el Conpes. “Por poner un ejemplo, una de las estrategias priorizadas en términos de lugares es: fortalecer políticas a nivel regional sobre la conservación e identificación de cuerpos en los cementerios. En todos los cementerios hay cuerpos no identificados que rotan, hasta llegar a un osario común, que, en estricto sentido, parece un basurero. El día que alguien va a buscar el cuerpo que dejó allá, no lo encuentra. Entonces, se deben generar políticas públicas a nivel territorial. Ahí hay todo un tema: los alcaldes, los administradores de cementerios, no tienen recursos. No tienen capacitación, no hay un sepulturero fijo, no hay un administrador, no hay archivos organizados”, explicó.
A lo anterior, la directora de la UBPD añadió: “Puedo mencionar otras (problemáticas): el Banco Genético. La metodología no está fortalecida, el banco no está completo. El sistema de cruce de información es bastante precario porque se hacen búsquedas una a una, no de manera masiva. Hay otra serie de problemas: la información que está en las bases de datos de la Fiscalía no la tenemos toda. O los trámites que hay que hacer en la Registraduría para inhumar a una persona identificada. Son procedimientos relacionados con la búsqueda que no están articulados con la búsqueda. Una política pública podría unir puntos en una estrategia de Estado”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció este jueves que una de sus prioridades será impulsar la creación de una política pública para atender la búsqueda. Según la directora de la entidad, Luz Marina Monzón, hay procedimientos en todo el Estado que están relacionados con el fenómeno de la desaparición y que están desarticulados, de allí la necesidad de un instrumento que los coordine, asigne responsabilidades y evite “el peloteo” al que se enfrentan las víctimas, quienes terminan tocando puertas de entidad en entidad sin respuesta sobre el paradero de sus familiares.
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La recomendación la respaldó Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En el lanzamiento de la estrategia de priorización de la UBPD, De Rivero explicó que lineamientos internacionales de derechos humanos recomiendan que “es necesario tener una política pública para articular las distintas instituciones alrededor de la búsqueda de desaparecidos. Sin una política pública integral es muy difícil lograr esa coordinación”. Y en Colombia, el instrumento para hacerlo, es un documento Conpes.
Se trata de los documentos que define el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la máxima instancia de planeación en el país. Ante esa instancia, la UBPD impulsará la adopción de una estrategia de Estado para buscar a los desaparecidos, pues, según explicó Monzón este jueves, “la búsqueda no ha sido asumida como una estrategia de Estado”, lo que lleva a que haya una superposición de las actividades que realizan las distintas entidades involucradas, bajos presupuestos y, en general, desorganización.
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La representante De Rivero respaldó la iniciativa, pues, distintas experiencias de búsqueda de desaparecidos en el mundo han llevado al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a concluir que es necesario abordar esta problemática como una prioridad “del Estado en su conjunto”. La diplomática añadió que, en línea con el mandato que el Acuerdo de Paz le dio a la UBPD, “para impulsar la no repetición del conflicto armado es importante formular una política pública que permita prevenir y atender distintas situaciones de desaparición”.
En el documento de priorización nacional de la UBPD se explica que se pretenden varias cosas con el eventual Conpes. Por ejemplo, “contar con una política pública de custodia, preservación y dignificación de los cuerpos recuperados”, así como “fortalecer y consolidar procesos de articulación interinstitucional alrededor del propósito común de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas”.
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En una entrevista con El Espectador en la, Monzón aterrizó lo que pretenden con el Conpes. “Por poner un ejemplo, una de las estrategias priorizadas en términos de lugares es: fortalecer políticas a nivel regional sobre la conservación e identificación de cuerpos en los cementerios. En todos los cementerios hay cuerpos no identificados que rotan, hasta llegar a un osario común, que, en estricto sentido, parece un basurero. El día que alguien va a buscar el cuerpo que dejó allá, no lo encuentra. Entonces, se deben generar políticas públicas a nivel territorial. Ahí hay todo un tema: los alcaldes, los administradores de cementerios, no tienen recursos. No tienen capacitación, no hay un sepulturero fijo, no hay un administrador, no hay archivos organizados”, explicó.
A lo anterior, la directora de la UBPD añadió: “Puedo mencionar otras (problemáticas): el Banco Genético. La metodología no está fortalecida, el banco no está completo. El sistema de cruce de información es bastante precario porque se hacen búsquedas una a una, no de manera masiva. Hay otra serie de problemas: la información que está en las bases de datos de la Fiscalía no la tenemos toda. O los trámites que hay que hacer en la Registraduría para inhumar a una persona identificada. Son procedimientos relacionados con la búsqueda que no están articulados con la búsqueda. Una política pública podría unir puntos en una estrategia de Estado”.
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