¿Por qué había sido condenado el coronel (r) Plazas Vega?

 En junio de 2010, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá determinó que el coronel (r) Alfonso Plazas Vega era responsable de la desaparición forzada de diez civiles y una guerrillera del M-19, y lo condenó a 30 años de prisión. Según la jueza María Stella Jara, las pruebas evaluadas eran suficientes para determinar esa responsabilidad.

Lo que la justicia no ha puesto en duda, en ninguna instancia, es que la Escuela de Caballería -que comandaba entonces Plazas Vega- participó en la recuperación del Palacio de Justicia y "todas las unidades tácticas recibieron la orden de actuar en coordinación con el fin de 'rescatar los secuestrados recuperar el palacio y reducir el grupo subversivo' (sic)". La Escuela de Caballería llegó al Palacio de Justicia hacia las 12:30 del 6 de noviembre de 1985, apenas un rato después de que el M-19 se tomara la máxima sede de la justicia.

De acuerdo con el fallo del Juzgado Tercero Especializado, Plazas Vega además "comandó, desde una posición relevante, buena parte de las maniobras tácticas y de inteligencia desplegadas a tal punto que, como se verá enseguida, varios de los declarantes en este proceso lo destacaron como 'el Comandante de las Operaciones'". Así se lo confirmaron también al presidente de la época, Belisario Betancur, y al entonces ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe (quien también era el suegro de Plazas Vega).

Plazas Vega ha aseverado públicamente que la guerrillera del M-19 Irma Franco fue desaparecida por personal de inteligencia del Ejército, que en esa fecha estaba bajo el mando del general (r) Iván Ramírez, quien lideraba el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici). Al respecto, el Juzgado destacó que según Ramírez: "Fue él (Plazas Vega) quien mandó ahí, no lo podemos negar, acuérdese que él tenía línea directa con el ministro (Vega Uribe) y yo me atrevo a decir algo, de pronto hasta pasaba por alto al general Arias (Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII durante la toma del Palacio), entonces ahora verse detenido y que todas las operaciones que hizo no valieron y que su heroísmo se acabó, entonces tiene que mirar a [buscar] un culpable y es la inteligencia...".

Plazas Vega también, resaltó el Juzgado, fue quien coordinó a otros uniformados para trasladar rehenes a la Casa del Florero, la cual estaba totalmente a cargo de los militares. Testimonios como el de Yolanda Santodomingo, estudiante del Externado que fue torturada por militares, dejó saber que Plazas Vega también tenía mando en la Casa del Florero. El Juzgado resaltó que la reacción del Ejército, Plazas Vega incluido, fue desmedida bajo el pretexto de salvaguardar la democracia.

"Llama poderosamente la atención del Juzgado, la presencia recurrente del coronel (r) Plazas Vega en la Casa Museo del 20 de Julio", en donde se había establecido un puesto de mando militar avanzado y en donde "se identificaban, enlistaban y retenían preventivamente en el segundo piso a quienes se había catalogado como 'especiales' o 'sospechosos'". Presencia que, señaló el Juzgado, no fue circunstancial.

Para el Juzgado también quedó claro que varios de esos detenidos "sospechosos" resultaron siendo trasladados a la Escuela de Caballería, comandada por el coronel (r) Plazas Vega, en la cual supuestamente se creó un "área reservada" para unidades contraguerrilla. Con base en declaraciones de otros militares y de trabajadores de la Cruz Roja, el Juzgado determinó que sin lugar a dudas Plazas Vega había tenido responsabilidad en el manejo de rehenes rescatados.

Testimonios como el del soldado Édgar Villamizar fueron claves para que el Juzgado concluyera que Plazas Vega no sólo había manejado rehenes, sino que en ciertos casos "impartió órdenes respecto del tratamiento que debía brindársele a los sobrevivientes que habían sido trasladados a la Escuela de Caballería y que finalmente fueron desaparecidos". De ahí viene una de las frases que más trascendió en el juicio contra el coronel (r) Plazas Vega: "Alguien le pregunta al coronel Plazas: '¿Qué hacemos con la gente?' y es donde manifiesta abiertamente: 'Cuelguen a esos hijueputas'".

El testimonio de César Sánchez Cuesta también fue fundamental. Sánchez, entonces trabajador de la Alcaldía de Bogotá, testificó haber visto salir a Carlos Rodríguez con vida, a quien conocía como cliente asiduo de la cafetería del Palacio. Luego, ayudando a la esposa y al padre de Carlos Rodríguez, César Sánchez se fue a sedes militares a preguntar por él, para recibir sólo portazos e intimidaciones. Hasta que tuvo un encuentro con el propio Plazas Vega: "Me dijo que por mi bien y como amigo me recomendaba que dejara de andar metiéndome en esas cuestiones, indagando por personas por quienes no tenía que andar indagando", testificó Sánchez.

"Con base en lo hasta aquí expuesto, resulta innegable que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, como comandante de la Escuela de Caballería, debió conocer los censurables actos perpetrados por personal militar en contra de varios sobrevivientes (del Palacio), entre ellos los once desaparecidos, en dependencias militares a su cargo", concluyó el Juzgado Tercero Especializado.

Así fue como el 9 de junio de 2010, el coronel (r) Plazas Vega resultó condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada de diez civiles: Carlos Rodríguez, Cristina Guarín, Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, David Suspes, Gloria Stella Lizarazo, Norma Esguerra y Gloria Isabel Anzola de Henao. También de la guerrillera Irma Franco.

En enero 30 de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó parcialmente la condena. Concluyó que en los casos de Carlos Rodríguez e Irma Franco, la evidencia era suficiente para atribuirle al coronel (r) Plazas Vega responsabilidad por su desaparición. En los nueve casos restantes, el Tribunal pidió que se siguiera investigando.

El pasado 20 de octubre, los restos de tres mujeres -que hacían parte de esos nueve casos en incógnita- fueron hallados por la Fiscalía: Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela y Cristina Guarín. Las circunstancias de su muerte, sin embargo, son ahora tarea pendiente por establecer.

La Corte Suprema, sin embargo, concluyó que las evidencias que tenía el expediente de Plazas Vega no eran directas. Que si bien sí se cometieron excesos y delitos en la recuperación del Palacio de Justicia, las pruebas no mostraban la responsabilidad del coronel retirado en las desapariciones de once personas y, por eso, lo declararon hombre inocente y libre.

 En junio de 2010, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá determinó que el coronel (r) Alfonso Plazas Vega era responsable de la desaparición forzada de diez civiles y una guerrillera del M-19, y lo condenó a 30 años de prisión. Según la jueza María Stella Jara, las pruebas evaluadas eran suficientes para determinar esa responsabilidad.

Lo que la justicia no ha puesto en duda, en ninguna instancia, es que la Escuela de Caballería -que comandaba entonces Plazas Vega- participó en la recuperación del Palacio de Justicia y "todas las unidades tácticas recibieron la orden de actuar en coordinación con el fin de 'rescatar los secuestrados recuperar el palacio y reducir el grupo subversivo' (sic)". La Escuela de Caballería llegó al Palacio de Justicia hacia las 12:30 del 6 de noviembre de 1985, apenas un rato después de que el M-19 se tomara la máxima sede de la justicia.

De acuerdo con el fallo del Juzgado Tercero Especializado, Plazas Vega además "comandó, desde una posición relevante, buena parte de las maniobras tácticas y de inteligencia desplegadas a tal punto que, como se verá enseguida, varios de los declarantes en este proceso lo destacaron como 'el Comandante de las Operaciones'". Así se lo confirmaron también al presidente de la época, Belisario Betancur, y al entonces ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe (quien también era el suegro de Plazas Vega).

Plazas Vega ha aseverado públicamente que la guerrillera del M-19 Irma Franco fue desaparecida por personal de inteligencia del Ejército, que en esa fecha estaba bajo el mando del general (r) Iván Ramírez, quien lideraba el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici). Al respecto, el Juzgado destacó que según Ramírez: "Fue él (Plazas Vega) quien mandó ahí, no lo podemos negar, acuérdese que él tenía línea directa con el ministro (Vega Uribe) y yo me atrevo a decir algo, de pronto hasta pasaba por alto al general Arias (Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII durante la toma del Palacio), entonces ahora verse detenido y que todas las operaciones que hizo no valieron y que su heroísmo se acabó, entonces tiene que mirar a [buscar] un culpable y es la inteligencia...".

Plazas Vega también, resaltó el Juzgado, fue quien coordinó a otros uniformados para trasladar rehenes a la Casa del Florero, la cual estaba totalmente a cargo de los militares. Testimonios como el de Yolanda Santodomingo, estudiante del Externado que fue torturada por militares, dejó saber que Plazas Vega también tenía mando en la Casa del Florero. El Juzgado resaltó que la reacción del Ejército, Plazas Vega incluido, fue desmedida bajo el pretexto de salvaguardar la democracia.

"Llama poderosamente la atención del Juzgado, la presencia recurrente del coronel (r) Plazas Vega en la Casa Museo del 20 de Julio", en donde se había establecido un puesto de mando militar avanzado y en donde "se identificaban, enlistaban y retenían preventivamente en el segundo piso a quienes se había catalogado como 'especiales' o 'sospechosos'". Presencia que, señaló el Juzgado, no fue circunstancial.

Para el Juzgado también quedó claro que varios de esos detenidos "sospechosos" resultaron siendo trasladados a la Escuela de Caballería, comandada por el coronel (r) Plazas Vega, en la cual supuestamente se creó un "área reservada" para unidades contraguerrilla. Con base en declaraciones de otros militares y de trabajadores de la Cruz Roja, el Juzgado determinó que sin lugar a dudas Plazas Vega había tenido responsabilidad en el manejo de rehenes rescatados.

Testimonios como el del soldado Édgar Villamizar fueron claves para que el Juzgado concluyera que Plazas Vega no sólo había manejado rehenes, sino que en ciertos casos "impartió órdenes respecto del tratamiento que debía brindársele a los sobrevivientes que habían sido trasladados a la Escuela de Caballería y que finalmente fueron desaparecidos". De ahí viene una de las frases que más trascendió en el juicio contra el coronel (r) Plazas Vega: "Alguien le pregunta al coronel Plazas: '¿Qué hacemos con la gente?' y es donde manifiesta abiertamente: 'Cuelguen a esos hijueputas'".

El testimonio de César Sánchez Cuesta también fue fundamental. Sánchez, entonces trabajador de la Alcaldía de Bogotá, testificó haber visto salir a Carlos Rodríguez con vida, a quien conocía como cliente asiduo de la cafetería del Palacio. Luego, ayudando a la esposa y al padre de Carlos Rodríguez, César Sánchez se fue a sedes militares a preguntar por él, para recibir sólo portazos e intimidaciones. Hasta que tuvo un encuentro con el propio Plazas Vega: "Me dijo que por mi bien y como amigo me recomendaba que dejara de andar metiéndome en esas cuestiones, indagando por personas por quienes no tenía que andar indagando", testificó Sánchez.

"Con base en lo hasta aquí expuesto, resulta innegable que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, como comandante de la Escuela de Caballería, debió conocer los censurables actos perpetrados por personal militar en contra de varios sobrevivientes (del Palacio), entre ellos los once desaparecidos, en dependencias militares a su cargo", concluyó el Juzgado Tercero Especializado.

Así fue como el 9 de junio de 2010, el coronel (r) Plazas Vega resultó condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada de diez civiles: Carlos Rodríguez, Cristina Guarín, Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, David Suspes, Gloria Stella Lizarazo, Norma Esguerra y Gloria Isabel Anzola de Henao. También de la guerrillera Irma Franco.

En enero 30 de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó parcialmente la condena. Concluyó que en los casos de Carlos Rodríguez e Irma Franco, la evidencia era suficiente para atribuirle al coronel (r) Plazas Vega responsabilidad por su desaparición. En los nueve casos restantes, el Tribunal pidió que se siguiera investigando.

El pasado 20 de octubre, los restos de tres mujeres -que hacían parte de esos nueve casos en incógnita- fueron hallados por la Fiscalía: Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela y Cristina Guarín. Las circunstancias de su muerte, sin embargo, son ahora tarea pendiente por establecer.

La Corte Suprema, sin embargo, concluyó que las evidencias que tenía el expediente de Plazas Vega no eran directas. Que si bien sí se cometieron excesos y delitos en la recuperación del Palacio de Justicia, las pruebas no mostraban la responsabilidad del coronel retirado en las desapariciones de once personas y, por eso, lo declararon hombre inocente y libre.