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El ingeniero civil Jorge Enrique Pizano ha sido noticia en los medios de comunicación en los últimos días por su muerte el pasado 8 de noviembre, y por la revelación de Noticias Uno este fin de semana de una grabación de agosto de 2015 en la que se le escucha hablar con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre presuntas irregularidades en la Ruta del Sol 2. Un escándalo que tiene al fiscal en el ojo del huracán.
(Vea Grabación de agosto de 2015: ecos de un diálogo sobre el caso Odebrecht)
En ese audio se oye a Pizano contándole a Martínez, quien ya había salido el Ministerio de la Presidencia, que tenía pruebas en su poder para mostrar que, desde 2012, se habrían realizado contrataciones irregulares en el Concesionaria Ruta del Sol 2, una alianza empresarial entre Odebrecht como socio mayoritario y Episol –vehiculo financiero de Corficolombiana, que pertenece al Grupo Aval– socio minoritario. Su testimonio fue clave para procesar a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, quien fue llamado a juicio en diciembre del año pasado.
Pizano recaudó documentos claves para tratar de mostrar estas irregularidades porque fungió como controller de la concesionaria, es decir, uno de los principales responsables de evitar riesgos financieros, operacionales y estratégicos durante el desarrollo de las obras de la Ruta del Sol 2. A ese cargo llegó luego de que Corficolombiana lo contactara. Allí estuvo entre el 1° de agosto de 2010 y el 10 noviembre de 2017, y desde esa posición empezó a recopilar evidencias para advertir a sus jefes de irregularidades.
(Le sugerimos: Las evidencias de la SIC que comprometen a Odebrecht, Corficolombiana y el Grupo Aval)
Una de las primeras medidas que implementó Pizano fue la puesta en marcha del Sarlaft, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. A pesar de que promovió capacitaciones para su aplicación, no todos cumplieron y fue así como se dio cuenta de que no recibía toda la información contractual para su revisión. Según los correos que entregó a las autoridades como pruebas, los directivos, en cabeza de Eder Ferracuti (representante legal de la concesionaria), la escondían.
A partir de 2013, cuando empezó a detectar las primeras anomalías en pagos de contratos que no cumplían con los requisitos exigidos, Pizano solicitó por escrito una auditoría externa para aclarar la situación, Según él, informó a Corficolombiana de todo lo que sucedía, primero verbalmente y luego a través de correos. En 2014, ante sus reiterados llamados de atención, optó por crear una base de datos en la que quedaran registrados todos los contratos. Pizano siguió insistiendo en las irregularidades ante los directivos, pese a su silencio.
(En contexto: Las alertas de corrupción que no fueron oídas en la Ruta del Sol)
Para junio de 2015, Pizano le envió un documento a Corficolombiana con información sobre todos los contratos en los que había encontrado reparos. En dicho informe, el controller resaltó los casos de incumplimiento en los procedimientos de compras y suministros o la ausencia de verificación de listas cautelares de algunos contratistas. En el aparte final del documento reseñó cinco contratos que denominó “casos especiales”, en los cuales se realizaron 18 pagos irregulares entre marzo de 2013 y abril de 2015. De estos hechos, según Pizano, también sabían la Concesionaria Ruta del Sol y Corficolombiana.
En octubre de ese mismo año, Pizano envió otro informe y agregó los nombres de más empresas con contratos en entredicho que sumaban más de $21.000 millones en pagos. Entre las empresas mencionadas aparecieron Inversores Profesionales y Desimpro, dos firmas que, según Pizano, suscribieron contratos para asesorías económicas que no habrían realizado. En la misma clasificación apareció Consultores Unidos, firma a través de la cual Eduardo Zambrano, quien fue llamado a juicio en noviembre de 2017, habría lavado dinero de sobornos de Odebrecht.
(Lea también: Empresarios le lavaron plata a Odebrecht: Fiscalía)
En ese mismo mes apareció otro informe con otros contratos irregulares. El nuevo listado, evaluado por Pizano y por su par en Consol, Javier Mejía, dio cuenta de cinco proveedores que habrían recibido millonarios recursos por obras no ejecutadas, indemnizaciones injustificadas o con vacíos en la aprobación de los desembolsos de dinero. Entre ellas se encuentran el Consorcio Sion, RGQ Logistics, el Consorcio Torrosa, Asesores Presoam S.A.S. En total, el monto de los contratos irregulares reportados por Pizano en la Concesionaria Ruta del Sol y Consol ascendió a $55.000 millones.
Todas estas anomalías fueron denunciadas por Jorge Enrique Pizano ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Superintendencia de Industria y Comercio y un tribunal de arbitramento. La Fiscalía lo quería procesar por las irregularidades que rodearon la adjudicación del contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas, cuando oficiaba como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (que también habría ganado Odebrecht a punta de sobornos). En octubre del año pasado le anunciaron la imputación de cargos, pero esto nunca sucedió, y en noviembre lo echaron de su puesto como controller. En su defensa, siempre dijo ser inocente y aportó gran material probatorio para demostrarlo.
A pesar de sus informes nada sucedió hasta 2017. Mientras luchaba contra un cáncer, Pizano recorrió despachos judiciales explicando lo que había sucedido al interior de la Concesionaria Ruta del Sol. Fue él quien dio las pruebas para saber quiénes ordenaron los pagos y qué empresarios los recibieron. La Fiscalía descubrió que esa modalidad de contratación ficitica fue la que permitió el pago de sobornos de Odebrecht a políticos y funcionarios para que le adjudicaran la construcción de megaobras, como la Ruta del Sol 2. Pizano, al ver que no era escuchado en Colombia, buscó protección como testigo en Estados Unidos.
Su muerte, en principio, se creía resultado de causas naturales. Pero el domingo pasado, cuando su hijo menor, Alejandro Pizano, fue a recoger algunas de sus cosas en la finca de Subachoque donde falleció, tomó agua de una botella que se encontraba en el lugar y murió poco después. La vicefiscal, María Paulina Riveros, confirmó ayer que Alejandro Pizano murió envenenado con cianuro, y anunció que se investigará tanto este hecho como la muerte aparentemente natural del testigo clave de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano.