¿Por qué presentaron queja contra juez que liberó a miembros de primera línea?

La Procuraduría, en cabeza de la procuradora general, Margarita Cabello, consideró que delegados de esa entidad no fueron tenidos en cuenta en las diligencias penales que se adelantaron días atrás en las que se otorgaron la libertad a dos personas señaladas de hacer parte de la denominada primera línea y, que hoy, son gestores de paz del Gobierno. Por ese motivo, el Ministerio Público radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura. La queja fue presentada contra la jueza Lilyan Jhoana Bastidas Huertas.

En contexto: Gestores de paz: las claves sobre libertad para miembros de Primera Línea

“El órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la Primera Línea que serán voceros de paz”, aseguró la Procuraduría a través de un comunicado.

La diligencia por la cual se presentó esta queja se adelantó en los juzgados de Paloquemao el pasado 22 y 23 de diciembre. De acuerdo con la carta enviada por el procurador delegado en asuntos penales, Jairo Ignacio Acosta, la jueza no citó a la Procuraduría a este trámite y tampoco le otorgó información sobre la diligencia, lo que habría impedido al ministerio público para que ejerciera oportunamente su papel.

Lea aquí: Voceros de paz: dejan en libertad a dos bogotanos capturados en Paro Nacional 2021

Además, la Procuraduría afirmó que está investigando la competencia de la funcionaria judicial para otorgarles este tipo de beneficios como son las órdenes de libertad. “Tampoco se les compartió información para actuar en esos casos, y que la persona que firmó las órdenes de libertad, la Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para otorgarlas””, aseguró el ente de control.

Sobre esto se pronunció la procuradora general, Margarita Cabello, en entrevista con RCN. “Como Procuraduría General de la Nación tenemos a nuestros procuradores judiciales que actúan ante la justicia penal y, frente a la orden de libertad otorgada a los voceros de paz, la semana pasada encontramos que quien entregó esa orden o quien firmó esa orden de libertad fue la coordinadora del Centro de Servicio Judiciales de Paloquemao, persona que, según consideramos, no tiene competencia para ello y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones para determinar si tenía o no competencia para hacerlo”, afirmo Cabello.

Lea también: Liberan a dos miembros de la Primera Línea que serán voceros de paz

La Procuraduría afirmó que se realizarán las denuncias pertinentes en caso que encuentren alguna irregularidad en los procedimientos que les otorgó la libertad a los dos jóvenes. Finalmente, el Ministerio Público señaló que sus representantes deben ser citados a las audiencias ante los jueces de control de garantías, quienes son los autorizados para emitir las órdenes de libertad.

Los señalados miembros de la primera línea son Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, quienes fueron liberados después de haber sido enviados a prisión el 21 de noviembre de 2021 tras haber sido imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, entre otros.

Lea: Liberan a dos miembros de la Primera Línea que serán voceros de paz

Bermeo Súa hizo parte de una Junta de Acción Comunal en Bogotá y se dedicaba a causas animalistas y a ser líder comunitaria desde hace cinco años. Sobre Santiago Márquez se sabe que es estudiante de pedagogía y que ha trabajado con la recolección de ropa y juguetes para niños de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Junto a ellos, otros cinco jóvenes fueron seleccionados para ser gestores de paz del gobierno. Ellos son Arles Andrés Bolaños Zemanate, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque Ruiz, Bremmen Hinestroza.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Procuraduría, en cabeza de la procuradora general, Margarita Cabello, consideró que delegados de esa entidad no fueron tenidos en cuenta en las diligencias penales que se adelantaron días atrás en las que se otorgaron la libertad a dos personas señaladas de hacer parte de la denominada primera línea y, que hoy, son gestores de paz del Gobierno. Por ese motivo, el Ministerio Público radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura. La queja fue presentada contra la jueza Lilyan Jhoana Bastidas Huertas.

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“El órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la Primera Línea que serán voceros de paz”, aseguró la Procuraduría a través de un comunicado.

La diligencia por la cual se presentó esta queja se adelantó en los juzgados de Paloquemao el pasado 22 y 23 de diciembre. De acuerdo con la carta enviada por el procurador delegado en asuntos penales, Jairo Ignacio Acosta, la jueza no citó a la Procuraduría a este trámite y tampoco le otorgó información sobre la diligencia, lo que habría impedido al ministerio público para que ejerciera oportunamente su papel.

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Además, la Procuraduría afirmó que está investigando la competencia de la funcionaria judicial para otorgarles este tipo de beneficios como son las órdenes de libertad. “Tampoco se les compartió información para actuar en esos casos, y que la persona que firmó las órdenes de libertad, la Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para otorgarlas””, aseguró el ente de control.

Sobre esto se pronunció la procuradora general, Margarita Cabello, en entrevista con RCN. “Como Procuraduría General de la Nación tenemos a nuestros procuradores judiciales que actúan ante la justicia penal y, frente a la orden de libertad otorgada a los voceros de paz, la semana pasada encontramos que quien entregó esa orden o quien firmó esa orden de libertad fue la coordinadora del Centro de Servicio Judiciales de Paloquemao, persona que, según consideramos, no tiene competencia para ello y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones para determinar si tenía o no competencia para hacerlo”, afirmo Cabello.

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La Procuraduría afirmó que se realizarán las denuncias pertinentes en caso que encuentren alguna irregularidad en los procedimientos que les otorgó la libertad a los dos jóvenes. Finalmente, el Ministerio Público señaló que sus representantes deben ser citados a las audiencias ante los jueces de control de garantías, quienes son los autorizados para emitir las órdenes de libertad.

Los señalados miembros de la primera línea son Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, quienes fueron liberados después de haber sido enviados a prisión el 21 de noviembre de 2021 tras haber sido imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, entre otros.

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Bermeo Súa hizo parte de una Junta de Acción Comunal en Bogotá y se dedicaba a causas animalistas y a ser líder comunitaria desde hace cinco años. Sobre Santiago Márquez se sabe que es estudiante de pedagogía y que ha trabajado con la recolección de ropa y juguetes para niños de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Junto a ellos, otros cinco jóvenes fueron seleccionados para ser gestores de paz del gobierno. Ellos son Arles Andrés Bolaños Zemanate, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque Ruiz, Bremmen Hinestroza.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.