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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió la libertad transitoria condicionada y anticipada al exgobernador de Córdoba, Benito Antonio Osorio Villadiego. El político es investigado por sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia y ha colaborado con la justicia creada tras el Acuerdo de Paz.
Osorio Villadiego había sido condenado el 30 de abril de 2015 a la pena de 19 años, 6 meses y 9 días de prisión, así como a una multa económica de 25.789 salarios mínimos mensuales, equivalentes que debían ser pagados a la Unidad de Víctimas (UARIV). Esto, porque había sido encontrado responsable de los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir.
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En su más reciente decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP sostuvo que los aportes que hizo Osorio a la verdad fueron extensos y de alguna manera satisfactorios para los casos en los que se investigaba su participación. Según dijo la Sala, “en el marco de la audiencia de verdad hizo entrega de un extenso escrito en el cual se refirió a cada uno de los informes que se le trasladaron, adicionalmente, ofreció la entrega de varios documentos que formaban parte de su archivo personal, y un disco duro que bajo su consideración contiene información relevante para el esclarecimiento de los hechos”.
Asimismo, el abogado del exgobernador de Córdoba allegó a esa jurisdicción una serie de archivos en los que incluyó la relación de acciones del Fondo Ganadero de Córdoba, copia de una carta firmada por Sor Teresa Gómez, actas del Fondo Ganadero de Córdoba y relación de bienes entregados para reparar en la jurisdicción ordinaria por parte Osorio Villadiego. Estos documentos fueron tenidos en cuenta como aportes a la verdad hechos por el político cordobés.
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Otro de los puntos que tuvo en cuenta la JEP para conceder la libertad a Osorio Villadiego fue que, desde el inicio de su sometimiento ante esta jurisdicción, el ganadero reconoció su responsabilidad en los desplazamientos de población que tuvieron lugar en la zona de Tulapas (Antioquia). Según la Sala, el exgobernador de Córdoba admitió que ganaderos, accionistas y directivos del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) apoyaron la iniciativa de la casa Castaño para la adquisición de tierra “en cabeza de la señora Sor Teresa Gómez”, cuñada de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.
Igualmente, la JEP afirma que Osorio Viladiego “dio a conocer diversos nombres de personas, funcionarios y autoridades públicas que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo en la zona de Tulapas, agregando que la casa Castaño cedió el control territorial de la zona al Bloque Elmer Cárdenas que era dirigido por Fredy Rendón Herrera alias El Alemán”. Adicionalmente, el político reconoció que fue testaferro de los exparamilitares Aram Asias y Salvatore Mancuso, además de dar fe de “los pactos que se hicieron entre miembros de la fuerza pública y los dirigentes paramilitares, al igual de cómo incidían las Autodefensas Unidas de Colombia en la vida política del departamento de Córdoba”.
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Con los aportes del exgobernador a la verdad, la Sala decidió que “el testimonio expuesto por el compareciente en su alcance supera los hechos por los cuales fue condenado y que fueron ventilados en la Justicia Penal Ordinaria”. Para la JEP, los datos entregados por Osorio “en este momento son suficientes para demostrar un interés genuino en contribuir con la verdad, de ahí que lo aportado por el compareciente fue suficientemente claro y comprensivo, aportando información coincidente y lógica”.
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