Por título de Julián Bedoya condenan a exempleados de la Universidad de Medellín
Un juez condenó al exsecretario académico y a la exjefa de Derecho de ese centro educativo por irregularidades en las que incurrieron para que el exsenador obtuviera su título como abogado. Le contamos.
La exsecretaria y exjefa del programa de Derecho de la Universidad de Medellín, Yolanda Cossio Rincón, y el exsubsecretario académico de esa misma institución, Juan Felipe Hernández Giraldo, fueron condenados por un juez de Medellín por el delito de falsedad ideológica en documento público, por haber incurrido en irregularidades para que el exsenador Julián Bedoya obtuviera su título como abogado. Mientras Cossio Rincón fue sentenciada a cuatro años y cuatro meses, Hernández Giraldo tendrá que purgar una pena de cinco años. La condena la cumplirán en su lugar de residencia.
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La investigación por la que fueron condenados y por la que también es investigado Bedoya apunta a que el exsenador obtuvo su título de abogado irregularmente. En el expendiente en su contra que reposa en la Corte Suprema de Justicia, no solo hay pruebas documentales que evidencian que habría sido imposible, o por lo menos “inhumano”, que Bedoya hiciera exámenes y preparatorios en tiempo extremo, sino también testimonios de lo sucedido.
La Corte encontró que, aunque el exsenador había estado vinculado a la Universidad desde 2001, cuando realmente volvió para graduarse fue en el segundo semestre del 2018. En ese momento, su regreso a clases debía ser aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho. Sin embargo, su reintegro terminó siendo aprobado por el Consejo Académico, otra instancia administrativa, sin ninguna explicación de por qué el cambio. Aunque se esperaba que al menos hubiera sido una decisión en pleno del Consejo, lo que encontró la Corte es que la única persona que firmó el acta para su regreso fue Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la Universidad de Medellín.
En ese contexto, el juez Quinto Penal del Circuito de Medellín condenó a Hernández por precisamente no ser la persona competente para firmar el reintegro del exsenador. “Juan Felipe, por su labor como secretario, se aprovechó para darle el trámite a la petición a través de una comisión que no era competente”. Por su parte, Cossio Rincón, según la investigación, fue la encargada de seleccionar el grupo de profesores que debían firmar las actas en blanco, revisó la carpeta de estudiante y dio el visto bueno para la graduación
Lea: Fiscalía pedirá cerrar investigación por título de abogado de Julián Bedoya
En septiembre pasado, un juez también dejó en firme la investigación por estos hechos contra el exsenador Bedoya, al negar una solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía. Aunque para el fiscal delegado Fernando Augusto Arias Velázquez, quien recibió el caso luego de que el exsenador Bedoya dejó de ser congresista (lo que significa que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía), debía precluirse porque las pruebas en su contra no constituían los delitos por los que es investigado, el juez consideró todo lo contrario.
En primer lugar, porque la Fiscalía no presentó pruebas diferentes a las que recopiló la Corte Suprema de Justicia, que sí encontró asidero en la acusación. En ese sentido, cuestionó la labor del ente investigador en este caso porque para realizar la solicitud solo interrogó a una testigo: Sandra Patricia Giraldo. Y por si fuera poco dijo que los argumentos del fiscal delegado en esta solicitud fueron casi los mismos que expuso el abogado defensor de Bedoya en el alto tribunal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La exsecretaria y exjefa del programa de Derecho de la Universidad de Medellín, Yolanda Cossio Rincón, y el exsubsecretario académico de esa misma institución, Juan Felipe Hernández Giraldo, fueron condenados por un juez de Medellín por el delito de falsedad ideológica en documento público, por haber incurrido en irregularidades para que el exsenador Julián Bedoya obtuviera su título como abogado. Mientras Cossio Rincón fue sentenciada a cuatro años y cuatro meses, Hernández Giraldo tendrá que purgar una pena de cinco años. La condena la cumplirán en su lugar de residencia.
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La investigación por la que fueron condenados y por la que también es investigado Bedoya apunta a que el exsenador obtuvo su título de abogado irregularmente. En el expendiente en su contra que reposa en la Corte Suprema de Justicia, no solo hay pruebas documentales que evidencian que habría sido imposible, o por lo menos “inhumano”, que Bedoya hiciera exámenes y preparatorios en tiempo extremo, sino también testimonios de lo sucedido.
La Corte encontró que, aunque el exsenador había estado vinculado a la Universidad desde 2001, cuando realmente volvió para graduarse fue en el segundo semestre del 2018. En ese momento, su regreso a clases debía ser aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho. Sin embargo, su reintegro terminó siendo aprobado por el Consejo Académico, otra instancia administrativa, sin ninguna explicación de por qué el cambio. Aunque se esperaba que al menos hubiera sido una decisión en pleno del Consejo, lo que encontró la Corte es que la única persona que firmó el acta para su regreso fue Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la Universidad de Medellín.
En ese contexto, el juez Quinto Penal del Circuito de Medellín condenó a Hernández por precisamente no ser la persona competente para firmar el reintegro del exsenador. “Juan Felipe, por su labor como secretario, se aprovechó para darle el trámite a la petición a través de una comisión que no era competente”. Por su parte, Cossio Rincón, según la investigación, fue la encargada de seleccionar el grupo de profesores que debían firmar las actas en blanco, revisó la carpeta de estudiante y dio el visto bueno para la graduación
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En septiembre pasado, un juez también dejó en firme la investigación por estos hechos contra el exsenador Bedoya, al negar una solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía. Aunque para el fiscal delegado Fernando Augusto Arias Velázquez, quien recibió el caso luego de que el exsenador Bedoya dejó de ser congresista (lo que significa que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía), debía precluirse porque las pruebas en su contra no constituían los delitos por los que es investigado, el juez consideró todo lo contrario.
En primer lugar, porque la Fiscalía no presentó pruebas diferentes a las que recopiló la Corte Suprema de Justicia, que sí encontró asidero en la acusación. En ese sentido, cuestionó la labor del ente investigador en este caso porque para realizar la solicitud solo interrogó a una testigo: Sandra Patricia Giraldo. Y por si fuera poco dijo que los argumentos del fiscal delegado en esta solicitud fueron casi los mismos que expuso el abogado defensor de Bedoya en el alto tribunal.
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