La reconocida modelo y actriz porno Esperanza Gómez tendrá un espacio único e inédito para defender su cuenta de Instagram ante la Corte Constitucional. En medio de un proceso de tutela, la alta corte citó Gómez y a la multinacional Meta, dueña de la aplicación, para tener todos los argumentos posibles antes de decidir sobre un asunto definitivamente novedoso.
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Esperanza Gómez presentó una tutela contra Instagram, en mayo de 2021, dado que la aplicación le cerró una cuenta con más de cinco millones de seguidores. La multinacional se escudó en que la actriz porno infringió las normas comunitarias al, supuestamente, ofrecer servicios sexuales.
“Según la modelo, nunca infringió los derechos de autor, siempre publicó contenido real apto para todo público, cumplió las normas legales, respetó al resto de miembros de la comunidad, no amenazó ni acosó a ninguna persona y siempre usó un lenguaje apropiado”, agregó la Corte Constitucional.
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Otro de los argumentos de Esperanza Gómez contra Instagram es que sus publicaciones jamás incluyeron servicios sexuales para adultos, pues contenía fotografías suyas en ropa interior, como lo hacen otras modelos e influencers, quienes siguen con su cuenta activa.
Para tomar una decisión de fondo, la Sala Novena de Revisión de la Corte convocó a una sesión técnica para obtener mayores elementos de juicio. La audiencia será virtual e intervendrán, como protagonistas, tanto Esperanza Gómez, como las empresas Meta Platforms Inc y Facebook Colombia SAS.
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“El caso analizado es novedoso, puede tener impactos sobre muchos otros usuarios de la red social Instagram y está relacionado con un espectro amplio de temas que van desde el derecho corporativo hasta la libertad de expresión y la igualdad, pasando por la prevención de la explotación sexual y de la trata de personas”, concluyó la Corte.
La audiencia está fechada para el próximo 15 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m. y será transmitida por los canales y las redes sociales de la Corte Constitucional. También harán parte un grupo de expertos en libertad de expresión, género y curación de contenidos en redes sociales, así como autoridades en derecho al trabajo y administración de cuentas en internet.
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