Por una verdad que reconcilie

Los procesos judiciales son mecanismos para proteger los derechos. Fiscales y jueces hacen posible el acceso a la justicia, y sus decisiones deben permitir resolver de manera civilizada las diferencias entre las personas, amparar a las víctimas y castigar a los responsables de los delitos.

En las situaciones de normalidad o paz, el Estado aplica las leyes; las instituciones de justicia, los órganos del poder público operan ordinariamente. Pero en situaciones de anormalidad, como el conflicto armado interno, se requería un proceso autocompositivo de las partes, acompañado de normas e instituciones de carácter excepcional que facilitaran dialogar, escuchar las versiones y percepciones del otro, saber lo que ocurrió, sin el apremio y la ritualidad de lo judicial, es decir, buscar una verdad que reconcilie, que ayude a sanar las heridas. 

(Lea: “Cualquier gesto que contribuya a la verdad es positivo”: Gobierno)

El presidente de la República posesionó a los once miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Este grupo, como dato de contexto, tiene su cimiento en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 14 de noviembre de 2016. Dentro del proceso de implementación el Congreso de Colombia expidió el Acto Legislativo 01 de 2017 compuesto por un conjunto de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, siendo la Comisión uno de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Su labor como órgano temporal y extrajudicial será, ni más ni menos, esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, para lo cual le corresponderá, primero, buscar conocer la verdad de lo sucedido; segundo, contribuir al esclarecimiento de la violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas dentro de esa confrontación armada; tercero, ofrecer una explicación amplia a la sociedad sobre la complejidad del conflicto; cuarto, promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa o indirectamente en las hostilidades; y quinto, promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición.

(Vea: ¿Cuándo empieza a funcionar la Comisión de la Verdad?)

Es importante aclarar que las tareas encomendadas a la Comisión no tienen carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella, conforme lo dispone el artículo 2 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017.

Su función está bien concebida, pues el prolongado y cruento conflicto armado colombiano ha dejado muerte y profundas cicatrices que recuerdan día a día los horrores de la guerra. No se sabe lo que ciertamente pasó, la verdad la de los procesos judiciales no puede ser considerada como única e irrefutable; aún persisten las dudas y hay incertidumbre e interrogantes sin resolver que entristecen, que duelen y enlutan.

(Lea: Santos instala la Comisión de la Verdad y espera que aporte a reconciliación)

De ahí la importancia de la justicia transicional. No es el cambio de un juez por otro, sino un conjunto de medidas judiciales y políticas que, luego de la perpetración de violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos, busca que los responsables rindan cuentas, reparen integralmente a las víctimas y satisfagan los derechos a la justicia y la verdad.

Como lo ha explicado la Corte Constitucional, la justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política profunda. Si la verdad es un principio de la justicia transicional y se constituye en un derecho individual que tienen las víctimas a saber que ocurrió, las comisiones de la verdad como mecanismos o procedimientos no judiciales, alternativos, facilitan la reconciliación, ayudan a reconstruir el tejido social.

(Le puede interesar: El espaldarazo de los militares a la Comisión de la Verdad)

Las comisiones de la verdad han sido utilizadas en diferentes procesos de paz en el mundo, una vez superada la guerra, las dictaduras, o suscritos los acuerdos de paz: Argentina, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1983); Chile, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990); Salvador, Comisión de la Verdad (1992); Guatemala, Comisión de Esclarecimiento Histórico (1994); Sudáfrica, Comisión para la Verdad y la Reconciliación (1995).

Las tareas de documentación adelantadas por las comisiones han permitido esclarecer graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, develaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, evidenciaron con mayor extensión quienes fueron las víctimas y los victimarios.  

La Comisión de la Verdad que se acaba de posesionar en Colombia, y que funcionará durante tres años, realizará su trabajo en 26 lugares del territorio nacional y está integrada en forma plural. Sus miembros tienen una importante trayectoria y reconocimiento, por eso su trabajo será muy importante y trascendental, con la finalidad de alentar la esperanza de conseguir una paz estable y duradera. Lo mínimo que se puede hacer como sociedad es contribuir con su gestión, las víctimas merecen conocer la verdad.

(Le puede interesar: “La memoria debe trascender al Gobierno de turno”: Ana Guglielmucci)

* Kenneth Burbano dirige el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

Los procesos judiciales son mecanismos para proteger los derechos. Fiscales y jueces hacen posible el acceso a la justicia, y sus decisiones deben permitir resolver de manera civilizada las diferencias entre las personas, amparar a las víctimas y castigar a los responsables de los delitos.

En las situaciones de normalidad o paz, el Estado aplica las leyes; las instituciones de justicia, los órganos del poder público operan ordinariamente. Pero en situaciones de anormalidad, como el conflicto armado interno, se requería un proceso autocompositivo de las partes, acompañado de normas e instituciones de carácter excepcional que facilitaran dialogar, escuchar las versiones y percepciones del otro, saber lo que ocurrió, sin el apremio y la ritualidad de lo judicial, es decir, buscar una verdad que reconcilie, que ayude a sanar las heridas. 

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El presidente de la República posesionó a los once miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Este grupo, como dato de contexto, tiene su cimiento en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 14 de noviembre de 2016. Dentro del proceso de implementación el Congreso de Colombia expidió el Acto Legislativo 01 de 2017 compuesto por un conjunto de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, siendo la Comisión uno de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Su labor como órgano temporal y extrajudicial será, ni más ni menos, esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, para lo cual le corresponderá, primero, buscar conocer la verdad de lo sucedido; segundo, contribuir al esclarecimiento de la violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas dentro de esa confrontación armada; tercero, ofrecer una explicación amplia a la sociedad sobre la complejidad del conflicto; cuarto, promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa o indirectamente en las hostilidades; y quinto, promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición.

(Vea: ¿Cuándo empieza a funcionar la Comisión de la Verdad?)

Es importante aclarar que las tareas encomendadas a la Comisión no tienen carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella, conforme lo dispone el artículo 2 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017.

Su función está bien concebida, pues el prolongado y cruento conflicto armado colombiano ha dejado muerte y profundas cicatrices que recuerdan día a día los horrores de la guerra. No se sabe lo que ciertamente pasó, la verdad la de los procesos judiciales no puede ser considerada como única e irrefutable; aún persisten las dudas y hay incertidumbre e interrogantes sin resolver que entristecen, que duelen y enlutan.

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De ahí la importancia de la justicia transicional. No es el cambio de un juez por otro, sino un conjunto de medidas judiciales y políticas que, luego de la perpetración de violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos, busca que los responsables rindan cuentas, reparen integralmente a las víctimas y satisfagan los derechos a la justicia y la verdad.

Como lo ha explicado la Corte Constitucional, la justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política profunda. Si la verdad es un principio de la justicia transicional y se constituye en un derecho individual que tienen las víctimas a saber que ocurrió, las comisiones de la verdad como mecanismos o procedimientos no judiciales, alternativos, facilitan la reconciliación, ayudan a reconstruir el tejido social.

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Las comisiones de la verdad han sido utilizadas en diferentes procesos de paz en el mundo, una vez superada la guerra, las dictaduras, o suscritos los acuerdos de paz: Argentina, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1983); Chile, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990); Salvador, Comisión de la Verdad (1992); Guatemala, Comisión de Esclarecimiento Histórico (1994); Sudáfrica, Comisión para la Verdad y la Reconciliación (1995).

Las tareas de documentación adelantadas por las comisiones han permitido esclarecer graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, develaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, evidenciaron con mayor extensión quienes fueron las víctimas y los victimarios.  

La Comisión de la Verdad que se acaba de posesionar en Colombia, y que funcionará durante tres años, realizará su trabajo en 26 lugares del territorio nacional y está integrada en forma plural. Sus miembros tienen una importante trayectoria y reconocimiento, por eso su trabajo será muy importante y trascendental, con la finalidad de alentar la esperanza de conseguir una paz estable y duradera. Lo mínimo que se puede hacer como sociedad es contribuir con su gestión, las víctimas merecen conocer la verdad.

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* Kenneth Burbano dirige el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.