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Hace cuatro meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó a la familia Cano Busquets y a sus abogados para buscar soluciones a un error del organismo en el proceso instaurado por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano. A pesar de que en febrero de 2001, la CIDH había concluido que el Estado incumplió su obligación de garantizar la vida del periodista y tampoco atendió su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, ni de brindar protección a las víctimas y a sus familiares, el trámite jurídico del caso se detuvo sin explicación alguna.
La reunión se realizó el 2 de octubre de 2018 en la Universidad de Boulder, en Colorado (Estados Unidos), con la vocería del relator para los derechos humanos de la CIDH, Francisco Eguiguren, quien además de lamentar lo sucedido y admitir que se trataba de “una situación inexplicable”, se declaró dispuesto a buscar soluciones. La posición de la familia Cano y sus abogados fue que el trámite del caso en la CIDH debía revisarse integralmente y que el organismo reconociera sus errores. El comisionado Eguiguren pidió disculpas por lo sucedido y agregó su compromiso con el expediente.
Sin embargo, el pasado 25 de enero, la CIDH le envió una comunicación a la familia Cano Busquets y los abogados para notificarles que, tras una deliberación, se consideró que la solicitud planteada no es procedente. Además, agregó que la Comisión “mantuvo su decisión de seguir supervisando el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en su informe de fondo”. En otras palabras, dio validez a su informe de febrero de 2001, en el que concluyó los incumplimientos del Estado, pero sin la opción de que el caso pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es decir, a una condena contra el Estado colombiano.
(Lea: La reunión que podría reabrir la investigación por el asesinato de Guillermo Cano en la CIDH)
En su defecto, la CIDH dio un plazo de un mes para que se presente al organismo “toda la información actualizada sobre el estado del cumplimiento de las recomendaciones, con miras a que la Comisión decida sobre la publicación de su informe de fondo, conforme al artículo 51 de la Convención Americana”. En otras palabras, que después de 18 años busca determinar en qué van sus recomendaciones respecto a “una investigación seria, exhaustiva e imparcial por parte de la justicia”, la indemnización a las víctimas, las disculpas públicas y la solicitud de investigación por posibles hechos de incumplimiento y delitos contra la justicia.
El día del encuentro de la CIDH con la familia Cano Busquets y los abogados, el comisionado Eguiguren y algunos de sus asesores pudieron escuchar buena parte de lo que ahora quieren conocer: que lo único que ha rondado el expediente por el asesinato de Guillermo Cano es impunidad y que a pesar de que la Fiscalía, en julio de 2010, declaró el hecho como un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, en una década el mayor avance ha sido citar a indagatoria a John Jairo Velásquez (alias Popeye) y a alias Maxwell, quien no compareció porque, según él, no tiene abogado.
(Lea:El caso de Guillermo Cano que se embolató en la CIDH)
La CIDH resaltó en su última comunicación que, por la relevancia del caso, piensa realizar un acto simbólico de disculpas a la familia Cano Busquets por los errores en el trámite del caso, para lo cual solicitará al Estado la visita del relator del país y del relator especial para la libertad de expresión. Los abogados preparan una respuesta a este planteamiento y, por supuesto, enviarán la información sobre el incumplimiento de las recomendaciones que fueron formuladas en 2001, pero que inexplicablemente no conoció la sociedad colombiana.
Sin castigo ni verdad
La historia de este insólito caso en la CIDH comenzó en julio de 1996, casi diez años después del asesinato de Guillermo Cano. En aquella fecha, el Tribunal Superior de Bogotá, al fallar el caso en segunda instancia, absolvió a casi todos los procesados y únicamente ratificó una condena de 16 años de prisión contra Luis Carlos Molina Yepes, responsable de la cuenta bancaria de donde salieron los dineros con los que se compró la moto utilizada para perpetrar el crimen. Ante este saldo de impunidad, agravado por el hecho de que Molina estaba prófugo desde 1988, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) intervino.
La SIP le pidió al gobierno de Ernesto Samper que mediara ante las autoridades judiciales para que al menos se recapturara a Molina Yepes, hecho que sucedió el 19 de febrero de 1997, y además decidió llevar el caso ante la CIDH. Mediante un escrito de 166 páginas, la SIP detalló cómo la investigación del caso Guillermo Cano terminó en un itinerario de “destitución de jueces por soborno, amenazas contra magistrados, asesinato de investigadores, jueces y periodistas, impericia judicial e infiltración en la justicia de personas del cartel de Medellín, que se apoderaron de vital información”.
(Lea:Piden versión en el caso de Guillermo Cano)
En marzo de 1997, la CIDH abrió el caso y notificó al Estado. Un año después, la Cancillería colombiana respondió pidiendo la inadmisión de la investigación, resaltando que en el asesinato de Cano no estaba comprometido funcionario estatal alguno. En julio de 1998, la SIP reclamó que se trataba de “un proceso plagado de irregularidades”, y recalcó cómo este magnicidio “había marcado el inicio de una oleada de violencia contra la libertad de prensa en Colombia”. La SIP insistió en que nunca se intentó averiguar la connivencia entre autoridades y carteles de la droga para acabar con El Espectador.
El 23 de febrero de 2001, tres días después, la Comisión produjo su informe de conclusiones. Vinieron algunos trámites de rigor, pero en adelante no se supo más del caso. 16 años después, en representación de la familia Cano, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) decidió averiguar qué había pasado en la CIDH y constató lo sucedido hasta 2001. Cuando El Espectador dio a conocer lo que pasó, se produjo la reunión en la universidad de Boulder. Desde entonces, la expectativa era que la CIDH, además de admitir su error, recobrara el caso. Lo primero sucedió pero la oportunidad de conocer la verdad en el caso Guillermo Cano seguirá tan incierta como en la justicia colombiana.
(Lea: La arremetida contra la justicia)