La Fiscalía General condicionó el preacuerdo con el polémico contratista Emilio Tapia a la devolución de mas de 2.500 millones de pesos dentro del proceso que se le adelanta por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
La fiscalía tercera delegada ante la Corte Suprema busca recuperar el dinero que se perdió por los malos manejos de los anticipios de los contratos de la malla vial en la capital de la República.
Si Tapia no devuelve este dinero, las negociaciones del preacuerdo se detendrán y la Fiscalía continuará con el proceso en su contra que continua con la imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir porgramada para el próximo 2 de diciembre.
El contratista podría ser la tercera persona en llegar a un preacuerdo con el ente acusador junto con el exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, y el también contratista Julio Gómez, quien espera el aval por parte de un juez de conocimiento en los próximos días.
De acuerdo con el testimonio de Inocencio Meléndez, Gómez y Tapia junto al abogado Álvaro Dávila, habrían sido piezas fundamentales en la adjudicación de los multimillonarios contratos al controvertido grupo Nule, al que cobraban una serie de comisiones con el fin de que resultaran beneficiados de los convenios para la construcción de la tercera fase de TransMilenio y el mantenimiento de la malla vial.
La colaboración de Tapia pasaría a ser testigo clave en los procesos que se adelantan contra el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, su hermano, el congresista, Iván Moreno Rojas; el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi.