Preguntas y respuestas para entender el lío por contrato de brazaletes para presos
La USPEC abrirá una licitación por alrededor de $116.000 millones para contratar la operación de los brazaletes electrónicos impuestos a miles de presos en Colombia. Por cuatro años, se contrató única y exclusivamente con una empresa. Contraloría tiene la lupa puesta en el caso.
La Contraloría está haciendo una auditoría a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por cuenta de la reiterada contratación con la empresa Buddi Limited Colombia, la cual desde 2019 ofrece el servicio de brazaletes electrónicos a los presos beneficiados con prisión domiciliaria. La USPEC es vigilada, pues hace cuatro años que no abre una licitación pública para el servicio de monitoreo de hasta 5.500 personas y, en su lugar, ha contratado exclusivamente con Buddi utilizando la figura de urgencia manifiesta. ¿Cómo entender la polémica? Estas son las preguntas y respuestas que pueden ayudarle.
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¿Por qué no se ha abierto una licitación pública?
Según explicó el director de la USPEC, Ludwing Joel Valero, durante los últimos cuatro años la entidad ha estado, prácticamente, forzada a contratar con la misma empresa: Buddi Limited Colombia. “Palabras más, palabras menos, no se había celebrado licitación porque técnicamente el único oferente que podía prestarlo era el que está hoy”, señaló. De esta manera, hasta cuatro veces se les renovó el contrato a través de la figura de urgencia manifiesta.
¿Cómo está el panorama a corte de finales de septiembre?
El último contrato de urgencia manifiesta con Buddi Limited Colombia terminará este año. Actualmente, presta el servicio para 5.570 privados de la libertad, quienes fueron cobijados con el beneficio de la prisión domiciliaria. El presente contrato de Buddi se firmó por $26.000 millones y, en promedio, desde 2019, cada año ha renovado sus servicios por alrededor de $100.000 millones.
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¿Cómo va a solucionar este problema la USPEC?
Según explicó el director Valero, desde este 26 de septiembre se colgará en la página del SECOP II un proceso de licitación pública, para que a partir de 2024 y hasta mediados de 2025, se elija al contratista que preste el servicio de brazaletes mediante un proceso de selección. La ficha técnica ya está lista y, como conoció este diario, se prevé que el contrato le cueste al Estado $116.000 millones.
¿Por qué el contrato va hasta 2025?
Porque a ningún posible contratista le hubiese parecido atractivo firmar solo por seis meses.
¿Qué influyó en la apertura de la licitación?
De un lado, la lupa puesta por las entidades de control, entre ellas la Procuraduría que tendría una indagación previa por un contrato de urgencia manifiesta firmado el año pasado. Por el otro, las propuestas allegadas a la USPEC por parte de posibles contratistas, los cuales estuvieron reunidos con el propio director de la entidad con el objetivo de conocer las exigencias que solicitará.
¿Qué sigue en el proceso?
A partir de hoy, los contratistas que busquen quedarse con el millonario contrato deberán estudiar la propuesta publicada por la USPEC y presentar ofertas que giren entorno a diversas capacidades. Entre ellas, la oferta económica o la experiencia específica en la prestación del servicio. Según el director Valero, en 45 o 50 días se conocerá al próximo contratista, el cual “comience el empalme de transición con el operador actual”.
¿Buddi Limited Colombia se puede presentar?
Así es. Con un dato clave adicional: según lo reconoció el mismo director de la USPEC, a día hoy, es el único contratista que presenta las condiciones para prestar ininterrumpidamente el servicio. Además, cuenta con el software necesario para almacenar la información y cuenta con los equipos necesarios para mantener la operación ininterrumpidamente.
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¿Cómo se evitará que el proceso de selección sea real?
Según le respondió el director Valero a El Espectador, aunque no se pueden revelar detalles del pliego de condiciones hasta que quede colgado en SECOP II, se “ajustó la experiencia” requerida en la ficha técnica. “Si hubiéramos salidos con la anterior, muy seguramente este oferente hubiera ganado porque era el único”, explicó.
¿Qué ofertas ha escuchado la entidad?
A los oídos de la entidad han llegado propuestas, entre ellas una de una empresa de telefonía, que ofrecía modalidades más avanzadas tecnológicamente, sin embargo, según el director Valero en este momento la Ley solo permite que operen brazaletes y manillas. Asimismo, este diario conoció que entre los posibles contratistas están empresas extranjeras, quienes deberán hacer una inversión inicial de hasta $40.000 millones en tecnología para quedarse con la licitación pública y prestar el servicio hasta 2025.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Contraloría está haciendo una auditoría a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por cuenta de la reiterada contratación con la empresa Buddi Limited Colombia, la cual desde 2019 ofrece el servicio de brazaletes electrónicos a los presos beneficiados con prisión domiciliaria. La USPEC es vigilada, pues hace cuatro años que no abre una licitación pública para el servicio de monitoreo de hasta 5.500 personas y, en su lugar, ha contratado exclusivamente con Buddi utilizando la figura de urgencia manifiesta. ¿Cómo entender la polémica? Estas son las preguntas y respuestas que pueden ayudarle.
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¿Por qué no se ha abierto una licitación pública?
Según explicó el director de la USPEC, Ludwing Joel Valero, durante los últimos cuatro años la entidad ha estado, prácticamente, forzada a contratar con la misma empresa: Buddi Limited Colombia. “Palabras más, palabras menos, no se había celebrado licitación porque técnicamente el único oferente que podía prestarlo era el que está hoy”, señaló. De esta manera, hasta cuatro veces se les renovó el contrato a través de la figura de urgencia manifiesta.
¿Cómo está el panorama a corte de finales de septiembre?
El último contrato de urgencia manifiesta con Buddi Limited Colombia terminará este año. Actualmente, presta el servicio para 5.570 privados de la libertad, quienes fueron cobijados con el beneficio de la prisión domiciliaria. El presente contrato de Buddi se firmó por $26.000 millones y, en promedio, desde 2019, cada año ha renovado sus servicios por alrededor de $100.000 millones.
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¿Cómo va a solucionar este problema la USPEC?
Según explicó el director Valero, desde este 26 de septiembre se colgará en la página del SECOP II un proceso de licitación pública, para que a partir de 2024 y hasta mediados de 2025, se elija al contratista que preste el servicio de brazaletes mediante un proceso de selección. La ficha técnica ya está lista y, como conoció este diario, se prevé que el contrato le cueste al Estado $116.000 millones.
¿Por qué el contrato va hasta 2025?
Porque a ningún posible contratista le hubiese parecido atractivo firmar solo por seis meses.
¿Qué influyó en la apertura de la licitación?
De un lado, la lupa puesta por las entidades de control, entre ellas la Procuraduría que tendría una indagación previa por un contrato de urgencia manifiesta firmado el año pasado. Por el otro, las propuestas allegadas a la USPEC por parte de posibles contratistas, los cuales estuvieron reunidos con el propio director de la entidad con el objetivo de conocer las exigencias que solicitará.
¿Qué sigue en el proceso?
A partir de hoy, los contratistas que busquen quedarse con el millonario contrato deberán estudiar la propuesta publicada por la USPEC y presentar ofertas que giren entorno a diversas capacidades. Entre ellas, la oferta económica o la experiencia específica en la prestación del servicio. Según el director Valero, en 45 o 50 días se conocerá al próximo contratista, el cual “comience el empalme de transición con el operador actual”.
¿Buddi Limited Colombia se puede presentar?
Así es. Con un dato clave adicional: según lo reconoció el mismo director de la USPEC, a día hoy, es el único contratista que presenta las condiciones para prestar ininterrumpidamente el servicio. Además, cuenta con el software necesario para almacenar la información y cuenta con los equipos necesarios para mantener la operación ininterrumpidamente.
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¿Cómo se evitará que el proceso de selección sea real?
Según le respondió el director Valero a El Espectador, aunque no se pueden revelar detalles del pliego de condiciones hasta que quede colgado en SECOP II, se “ajustó la experiencia” requerida en la ficha técnica. “Si hubiéramos salidos con la anterior, muy seguramente este oferente hubiera ganado porque era el único”, explicó.
¿Qué ofertas ha escuchado la entidad?
A los oídos de la entidad han llegado propuestas, entre ellas una de una empresa de telefonía, que ofrecía modalidades más avanzadas tecnológicamente, sin embargo, según el director Valero en este momento la Ley solo permite que operen brazaletes y manillas. Asimismo, este diario conoció que entre los posibles contratistas están empresas extranjeras, quienes deberán hacer una inversión inicial de hasta $40.000 millones en tecnología para quedarse con la licitación pública y prestar el servicio hasta 2025.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.