Preguntas y respuestas que deja la suspensión de Leyva: ¿y los decretos que firmó?

El presidente Gustavo Petro está cerca de nombrar como canciller encargado al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, acatando la suspensión provisional por tres meses que la Procuraduría ordenó contra el canciller Álvaro Leyva. De hecho, Murillo aterrizó en Bogotá el pasado viernes para conocer los detalles del nombramiento. De otro lado, la mano derecha del presidente, el ministro de las Relaciones Exteriores, fue llamado a juicio disciplinario por su gestión de la licitación de pasaportes, por la que Colombia terminó demandada por $117.000 millones. Aunque la decisión disciplinaria es del pasado 24 de enero, recién este 2 de febrero Leyva saldría oficialmente del cargo. En ese tiempo, el investigado firmó decenas de decretos y queda la duda de si son válidos o no. Además de ello, estas son preguntas y respuestas que rodean el caso.

El presidente Gustavo Petro está cerca de nombrar como canciller encargado al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, acatando la suspensión provisional por tres meses que la Procuraduría ordenó contra el canciller Álvaro Leyva. De hecho, Murillo aterrizó en Bogotá el pasado viernes para conocer los detalles del nombramiento. De otro lado, la mano derecha del presidente, el ministro de las Relaciones Exteriores, fue llamado a juicio disciplinario por su gestión de la licitación de pasaportes, por la que Colombia terminó demandada por $117.000 millones. Aunque la decisión disciplinaria es del pasado 24 de enero, recién este 2 de febrero Leyva saldría oficialmente del cargo. En ese tiempo, el investigado firmó decenas de decretos y queda la duda de si son válidos o no. Además de ello, estas son preguntas y respuestas que rodean el caso.

En contexto: Procuraduría suspende al canciller Álvaro Leyva por contrato de pasaportes

¿Por qué Leyva sigue despachando a pesar de estar suspendido?

Expertos en derecho disciplinario le explicaron a El Espectador que la suspensión es una medida administrativa, como la que podría tomar una oficina de control disciplinario de un municipio o una entidad pública. De tal manera que, según la ley, el “nominador” de la entidad afectada, en este caso la Cancillería, es quien debe hacer efectiva la suspensión, siempre y cuando garantice la continuidad del servicio público. En este caso, el “nominador” es el mismo Petro, quien, en términos coloquiales, es el jefe directo del canciller y, por tanto, el único en capacidad de nombrar un reemplazo, de tal manera que se siga ejecutando las labores de relaciones exteriores. Leyva, por su parte, apenas podía responder con un recurso de consulta, porque la suspensión no tiene segunda instancia.

A pesar de ello, expertos como Camilo Sampedro, profesor de derecho penal de la Universidad Externado, señaló que Leyva debía haber actuado de inmediato como sujeto investigado y notificado. “La Procuraduría existe como entidad institucional y sus órdenes se deben acatar. Su orden, en virtud del Código Disciplinario, es una orden para Leyva, quien debió darse por notificado de su suspensión el argumento según el cual sigue trabajando hasta que se provea su reemplazo, no es válido. ¿Qué pasa si el fiscal general sigue fungiendo como tal, aún fuera de término? Pues todo lo que haga es ilegítimo. En ese sentido, podría inclusive construir una nueva falta disciplinaria o hasta un delito”, dijo.

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¿Qué va a pasar con las decisiones que tomó Leyva en estos días?

Este es un caso sui generis, por lo que, según académicos, todo está en el campo de la interpretación. Por ejemplo, se podría decir que el canciller Leyva siguió adelantando su trabajo por no incurrir en abandono del cargo. De hecho, solo el 30 de enero pasado 12 firmó doce decretos relacionados con movimientos de funcionarios en cargos en diferentes instancias de la Cancillería, incluidos algunos en el exterior. Entre esos está el nombramiento del periodista Alfredo Molano Jimeno como consejero adscrito a la Embajada de Colombia en México, o el que mueve a Sandra Lorena Arboleda del consultado de Caracas, en Venezuela, al de San Francisco, en Estados Unidos.

Pedro Alfonso Hernández, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y experto en derecho disciplinario, considera que las actuaciones de Leyva tienen plena validez. “Mientras el nominador (Petro) no de cumplimiento a la orden de la decisión de la autoridad disciplinaria, la permanencia del empleado investigado es legítima, hasta que se dé cumplimiento a la suspensión o se revoque”, señaló. Por su parte, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, consideró lo contrario en entrevista con El País: “carecen de plena validez jurídica, por cuanto ese funcionario ya no tiene competencia para así hacerlo”. Todo indica que, a menos de que un ciudadano demande los decretos de Leyva, en el Consejo de Estado, no habrá alguna luz sobre la validez de los actos. El Código Disciplinario Único no dice nada al respecto.

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¿Por qué Leyva no puede ejercer funciones de canciller?

La suspensión ordenada por la Procuraduría tiene que verse, en los papeles, como una acción de prevención. Según la Sala que tomó la medida, Álvaro Leyva hizo todo lo posible por destinar la licitación de pasaportes a lo que únicamente él consideraba conveniente. No solo declaró desierto el proceso que estaba a punto de ganar la firma Thomas Greg and Sons, a pesar de la negativa del Comité Asesor de Contratación de la Cancillería, sino también se negó a conciliar una vez el contratista avisó que iniciaría acciones legales. Y contrario a las voces del Comité de Conciliación de la entidad, la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, porque está en curso la nueva licitación y quien tiene la última palabra es el canciller en ejercicio.

¿Cuándo terminará la suspensión?

Antes de los tres meses, solo cuando desaparezcan los motivos que fundamentaron la suspensión. “El peligro de la reiteración depende de la oportunidad que tenga el funcionario. Es probable que la procuraduría prorrogue la suspensión, si está convencida de que Leyva lo pueda volver a hacer. Si existen las circunstancias propicias para que vuelva a pasar”, agrega el profesor Sampedro. Incluso, el Código Disciplinario establece que la Procuraduría está en capacidad de prorrogar la suspensión por otros tres meses. Sin embargo, el exmagistrado auxiliar Hernández cree que, de hecho, reiterar la presunta falta es improbable, pues nadie garantiza que en la nueva licitación se presente, otra vez, un solo oferente. De hecho, ya cambiaron los parámetros del pliego de cargos.

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¿Leyva podrá recobrar los meses de salario que dejará de percibir?

La única manera de que el canciller Álvaro Leyva recupere el salario de los meses que dure su suspensión es que el juicio disciplinario que tiene en contra, que inicia el próximo 15 de febrero, concluya a su favor. Bien sea por archivo del caso o porque sea declarado libre de responsabilidad. En una carta del pasado 1 de febrero, Leyva respondió a la Procuraduría que la suspensión no obedeció a motivos objetivos e imparciales, y hasta le pidió a la procuradora general Margarita Cabello declararse impedida dentro del caso. Y, en todo caso, que toda acción durante el proceso de licitación de pasaportes lo hizo salvaguardando los principios de la contratación estatal.

Desde la Procuraduría han expresado públicamente que tanto el presidente como el canciller han incurrido en desacato a la justicia. Además, afirman que “si las autoridades desvían su conducta de los principios democráticos, debilitan la Constitución y erosionan las bases de su legitimidad”. Así mismo, los decretos, respuestas y documentos que hasta ahora habría firmado el canciller, posterior a su suspensión, estarían en el centro del debate. En el caso de que estos afecten a una persona, esta podría demandarlos, argumentando la condición en la que se encontraba el funcionario que los emitió y por su no habilitación, también podrían caerse nombramientos, explica el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Franscisco Bernate.

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