“Presenté querella porque José Obdulio Gaviria vulneró mi honor”: Augusto Ibáñez

Usted fue presidente de la Corte Suprema en 2009 y magistrado hasta 2012. ¿A qué se dedica ahora?

Me retiré de la Corte Suprema, a la cual tuve el honor de pertenecer, en mayo de 2012, es decir, hace seis años. Desde entonces me he dedicado al ejercicio de la profesión, a la docencia en la Universidad Javeriana y a asistir a foros internacionales. Como es lógico, por respeto y prudencia tomé distancia de la actividad judicial. Las instituciones siguen y nuestra actividad también, pero por carriles diferentes.

Dos exmagistrados de la Corte de esos años, usted y el doctor Jaime Arrubla, denunciaron penalmente al senador del uribismo José Obdulio Gaviria, quien será llamado a audiencia de conciliación pronto por la misma Corte. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?

En septiembre pasado aparecieron unos trinos en la cuenta del senador José Obdulio Gaviria, en los que este hacía señalamientos contra varios exmagistrados, entre quienes me mencionó. Al ser su contenido violento, denigrante y, por demás, contrario a la verdad y, por tanto, vulnerar mi buen nombre y dignidad, presenté querella ante la Corte Suprema, corporación a la que, por competencia, corresponde la investigación.

¿Usted y el exmagistrado Arrubla actuaron en conjunto o cada uno puso una denuncia por separado?

Cada uno presentó su respectiva querella. En mi caso, la fundamenté en la vulneración a mi honor, que se vio afectado con la conducta del senador por las razones expuestas.

¿Qué dijo el parlamentario en redes para que usted tomara esa opción?

Él mezcló, en sus mensajes, hechos y situaciones ocurridos en épocas absolutamente diferentes a las que me correspondieron en la Corte e hizo afirmaciones carentes de veracidad: no conocí al señor Sale, tampoco al señor (Gustavo) Moreno. Además afirmó que recibí plata del narcotráfico y de la corrupción sin presentar ninguna prueba, como no las podría presentar porque no existe ninguna.

¿Por qué cree que el parlamentario vuelve a atacar a los magistrados que ejercieron hace una década y se retiraron hace seis años?

Pensaría que busca aumentar su cuenta de seguidores a través del desprestigio de la Corte, con intenciones a las que no me quiero referir. Lo que sí puedo decir es que ese congresista parece buscar en el pasado una notoriedad presente.

¿Usted estaría interesado en conciliar con él?

No. ¿Cómo hacerlo sobre algo tan delicado como mi buen nombre? No se pueden ir lanzando afirmaciones falsas sin que haya consecuencias.

Las fechas de publicación de los trinos de Gaviria coinciden con las noticias sobre el cartel de la toga. ¿Por qué los vincula a ustedes con ese escándalo?

No tengo idea. Lo cierto es que pretende involucrarme con un episodio totalmente ajeno a mí y a la Corte de la época. Entonces puedo concluir que la finalidad de esas afirmaciones, independientemente del resultado procesal que surja del escándalo del llamado cartel de la toga, es hacerle daño a mi nombre y, por supuesto, restarles legitimidad a las decisiones que adoptó la Corte en los diferentes procesos de importancia del momento, como el del fenómeno de la parapolítica.

Precisamente, Gaviria se refiere a la Corte Suprema de los años en los en que el gobierno Uribe se le enfrentó, cuando ustedes investigaban a parlamentarios de la coalición oficial por vínculos con los paramilitares. ¿Podría tratarse de una retaliación o de una reedición de aquella confrontación?

Es posible. Pero permítame afirmar que cuando estuvimos en la Corte nunca hubo enfrentamiento o persecución de la corporación y sus magistrados al Gobierno, como trataron de hacerlo creer. Lo que hicimos fue cumplir las funciones constitucionales de investigación y juzgamiento que tiene la Corte, y se tomaron decisiones que se fundamentan en los expedientes con todas sus pruebas, como el país lo sabe y lo puede volver a constatar. Claro que en este desorden institucional en que estamos inmersos, ejercer apropiadamente las funciones que otorga la Constitución podría llegar a ser una disculpa para que se pretenda ejercer una retaliación.

Si eso fuera cierto, ¿se podría concluir que la condena a más de 65 parapolíticos afectó los intereses políticos del Gobierno de la época?

Por supuesto. Si, de memoria, se hace la evaluación de lo que dijo Mancuso cuando un grupo de parlamentarios lo invitó a visitar el Capitolio, sobre al porcentaje de congresistas que serían cercanos al paramilitarismo, se podría afirmar también que sus frases quedaron plenamente demostradas. A tal punto que, descontadas las curules y votos de los senadores y representantes procesados y condenados, las mayorías gubernamentales en el Congreso y la aprobación de los proyectos oficiales hubieran quedado seriamente afectados.

Uno de los trinos de José Obdulio Gaviria decía: “tiempos tenebrosos… implantaron dictadura de jueces como Ibáñez, Arrubla, Bustos, Ricaurte… Prevaricaban, chantajeaban”. ¿Qué comentarios le merece esa frase?

Con las expresiones utilizadas se atribuye la comisión de delitos a unas personas y, al asignarles a estas la ejecución de esos actos sin ningún sustento, se configura la figura de la calumnia con una gravedad mayor cuando quien incurre en esa falta es un senador. Y cuando, para dar la impresión de verdad y deslegitimar la labor de la Corte en las decisiones mencionadas, se mezclan maliciosamente nuestros nombres con los de algunos de los involucrados con el escándalo del cartel de la toga.

Me parece más delicado el mensaje que Gaviria reenvío a todos sus contactos y según el cual “… Corte Arrubla, Ibáñez, Ramírez y Cía mantenían tratos con el mafioso Sale ¿El $ en qué lo transportaban? Preguntar a Moreno”. En consecuencia, le pregunto: ¿usted conoció a Giorgio Sale (condenado por narcotráfico) y qué tuvo que ver con él? Dos: ¿recibió algún dinero de él y por cuál motivo? Tres: ¿conoció o tuvo algún tipo de trato con Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción detenido por corrupto?

Esas afirmaciones serían risibles si no tuvieran la gravedad de su contenido. Resulta que jamás conocí a una persona llamada Giorgio Sale y tampoco conozco ni conocí al señor Moreno. Como si ya no fuera suficientemente mendaz, las afirmaciones de dicho senador se agravan cuando añade que recibimos dinero, lo cual maximiza el calibre de la acusación. Y, desde luego, la vulneración al buen nombre.

¿Es cierto que ustedes “llamaron a rendir cuentas a Uribe por haber extraditado a paramilitares”, como sostuvo el parlamentario Gaviria, quien también aseguró que sí eran “¿cosas del vil $?”? ¿La Corte Suprema podía llamar a “rendir cuentas” al exmandatario?

Todo el mundo sabe que la Corte Suprema no es el juez natural del presidente de la República; luego, mal podría haberlo hecho. Lo que sí es cierto, y allí se tergiversa, es que la Corte, y también el país entero, tenían, con razón, preocupación por la suerte que correría la verdad judicial en los procesos que se adelantaban en Colombia con base en las declaraciones de algunos jefes paramilitares que iban a ser extraditados, pues era posible que esa verdad se esfumara. Por fortuna, el gobierno de Estados Unidos puso todo su empeño en que los extraditados entregaran sus versiones tanto a Justicia y Paz como a los procesos de la parapolítica que tramitaba la Corte, en su Sala Penal. Los resultados son evidentes.

Complementa el senador uribista sus mensajes acusatorios con el siguiente: “Aquí recordando cosas. Como la repulsa de los presidentes de Corte Ibáñez, arrubla (sic) & Cía a la extradición de Macaco, Mancuso y otros”. ¿Hubo alguna decisión judicial en que se repudiara la extradición de los paramilitares?

Nunca. Eso es totalmente irreal.

¿Cuál fue la posición de la Corte y sus pronunciamientos cuando se iba a autorizar la extradición de los jefes del paramilitarismo?

La Corte Suprema condicionó la extradición de esas personas a que dijeran la verdad y repararan a sus víctimas en Colombia. El presidente de la República, de todos modos, tenía la última palabra, y en sus manos estaba la decisión de extraditarlos o no.

La mención de alias “Macaco” por parte del congresista Gaviria me llama la atención, porque el exministro de ese mismo gobierno, Diego Palacio, que acaba de quedar en libertad luego de pagar condena por comprar el voto de Yidis Medina para la reelección presidencial, afirmó en entrevista de esta semana que Yidis se dejó condenar aceptando falsedades porque recibió dinero de ese mismo paramilitar. ¿Por qué cree que aparece el narco “Macaco” en dos circunstancias tan disímiles?

Se trata, por supuesto, de dos situaciones diferentes, pero la lógica indica que es a esa persona cuyo alias es Macaco a la que se le debe preguntar si es verdad cada caso en que lo mencionan. Pero, además, la suya es una buena pregunta: ¿cuál será la razón para resaltar a alias Macaco en situaciones diferentes? ¿Sabe? No me lo había preguntado.

Estos ataques del uribismo a la Corte Suprema con la que se enfrentó ese gobierno, ¿los preocupan como grupo? Y ¿qué harían?

Desde luego que preocupan, y mucho. En un ambiente de polarización como el actual, cualquier cosa puede suceder. Mire usted lo que ha pasado en los últimos días, cuando se ha tratado de coartar la libertad de expresión de unos periodistas. ¿No le parece preocupante? Frente a esa situación, el único mecanismo que tenemos es el de acudir a la justicia.

Pero, con todo respeto, no me contestó: ¿van a tomar alguna acción internacional de grupo los exmagistrados de la Corte Suprema como colectivo?

Ha habido algunas manifestaciones del grupo, sobre todo de expresidentes de la corporación, pero, en concreto, frente a casos de corrupción como el del cartel de la toga. Aclaro que no se ha pensado en una acción internacional, porque estamos seguros de que los mecanismos internos funcionan cabalmente.

Frente a la actual Corte, ya ve usted la penosa conducta del magistrado Malo y la del exmagistrado Bustos: ambos tratando de burlar la justicia… La corporación va a terminar peor parada de lo que ya está.

Es absolutamente cierto. La Corte tiene la obligación de propiciar los mecanismos para que las decisiones se tomen lo más pronto posible, independientemente de la persona de que se trate. En juego no está el prestigio de los investigados, sino el de la titularidad de la corporación.

Súmele el retraso en procesos de tan hondo significado como el pendiente de condena o absolución del exgobernador Luis Alfredo Ramos, al que parecen estarle haciéndole el quite.

Le doy una respuesta académica y no de casos concretos: la justicia no puede tener altibajos o excepciones en la aplicación de la ley. Mientras se implementan los mecanismos nuevos previstos recientemente, hay que aplicar los anteriores que todavía conservan vigencia.

El candidato Iván Duque ha propuesto cerrar las cortes actuales, cambiar 100 % la cúpula de magistrados y crear una única supercorte. ¿Qué opina de esta idea?

La pregunta es de tal dimensión que podría hacerse un conversatorio: la reforma a la justicia es necesaria, pero una reforma de verdad, repensando la forma de impartir justicia y el acceso a la misma como un derecho. Si el Congreso no ha podido hacer la reforma, se debe insistir en que la haga. Y la “arquitectura” judicial sería la siguiente pregunta: con equilibrio de poder, independencia y autonomía como sus pilares. Surgen después muchas otras preguntas: ¿cuántas cortes? ¿Es pertinente el control constitucional, incluida la tutela, en órgano independiente? ¿Los controles fiscales, disciplinarios y acusatorios se deben conservar en la forma actual? Esas son inquietudes que se responden como consecuencia del desarrollo de los criterios iniciales, pero que no son causa por sí mismas de una reforma.

Con los antecedentes históricos del uribismo, ¿cree que esta agrupación política tiene credibilidad para adelantar una reforma a la justicia que implique eliminación de los altos tribunales?

Me limito a decir lo siguiente: espero que la reforma sea institucional y no pasional.

El eventual próximo gobierno, si llega el partido que lidera las encuestas y cuyo jefe y algunos de sus familiares tienen procesos pendientes en la Corte Suprema y en otras instancias judiciales, ¿cuenta con legitimidad para reformar la justicia?

Se debe proteger el equilibrio de poderes con independencia de las personas que estén siendo investigadas. Si no fuere así, la reforma no tendría ninguna legitimidad.

Denuncia de otro expresidente de la Corte Suprema

El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, también denunció penalmente por injuria y calumnia al senador del uribismo José Obdulio Gaviria por sus afirmaciones en redes sociales contra él y contra su colega Augusto Ibáñez que hicieron parte de esa corporación hace una década. Consultado por los motivos que habrían llevado al congresista a mencionarlos, de nuevo, tanto tiempo después de los acontecimientos que generaron tensión entre los altos tribunales y la administración Uribe, Arrubla contestó:

“Con un marcado oportunismo, el parlamentario Gaviria intenta aprovecharse de la crisis creada por el escándalo del ‘cartel de la toga’ para meter en el mismo costal los casos de personas que fueron condenadas por la Corte Suprema de entonces, por los hechos delictivos conocidos como la yidispolitica, la parapolítica y Agroingreso Seguro y a quienes el gobierno del momento tenía interés en defender. Tales procesos no tienen ninguna relación con los que fueron contaminados por el ‘cartel de la toga’ que, al parecer, surge a partir del 2012, año en que nosotros nos retiramos. Mi denuncia contra Gaviria es, tal como la del doctor Ibáñez, por sus mensajes calumniosos en medios digitales, agravados porque los repitió en una cadena de radio de alta sintonía.

“No hay impedimentos para juzgar al senador querellado”

Los magistrados actuales de la Sala Penal, ¿pueden adelantar los casos interpuestos por usted y el doctor Arrubla? ¿Tendrán la voluntad de hacerlo en momentos en que el partido al que pertenece el senador Gaviria gana en las encuestas electorales?

Como lo ordena la Constitución, la corte es competente para conocer de las conductas punibles cometidas por los congresistas. Desde luego, espero que se cumpla, cabalmente, la función de hacerlo por parte de los magistrados actuales y no tengo ninguna duda al respecto. Afirmo categóricamente que la corte no tiene en cuenta, en sus determinaciones y decisiones, el avatar político. Así ocurre en todas las democracias.

¿No cree que algunos se podrían declarar impedidos en caso de que los hubieran conocido a ustedes o hubieran tenido cargos en la corte que ustedes integraron?

No creo. La Corte Suprema se ciñe a sus funciones y  a sus deberes constitucionales, como he dicho varias veces.  Y si los cumplen, no pueden existir impedimentos en ellos ni tampoco nadie los puede recusar porque los hechos que nos endilga la persona querellada, son anteriores al ingreso de los miembros de la actual Sala Penal.

Usted fue presidente de la Corte Suprema en 2009 y magistrado hasta 2012. ¿A qué se dedica ahora?

Me retiré de la Corte Suprema, a la cual tuve el honor de pertenecer, en mayo de 2012, es decir, hace seis años. Desde entonces me he dedicado al ejercicio de la profesión, a la docencia en la Universidad Javeriana y a asistir a foros internacionales. Como es lógico, por respeto y prudencia tomé distancia de la actividad judicial. Las instituciones siguen y nuestra actividad también, pero por carriles diferentes.

Dos exmagistrados de la Corte de esos años, usted y el doctor Jaime Arrubla, denunciaron penalmente al senador del uribismo José Obdulio Gaviria, quien será llamado a audiencia de conciliación pronto por la misma Corte. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?

En septiembre pasado aparecieron unos trinos en la cuenta del senador José Obdulio Gaviria, en los que este hacía señalamientos contra varios exmagistrados, entre quienes me mencionó. Al ser su contenido violento, denigrante y, por demás, contrario a la verdad y, por tanto, vulnerar mi buen nombre y dignidad, presenté querella ante la Corte Suprema, corporación a la que, por competencia, corresponde la investigación.

¿Usted y el exmagistrado Arrubla actuaron en conjunto o cada uno puso una denuncia por separado?

Cada uno presentó su respectiva querella. En mi caso, la fundamenté en la vulneración a mi honor, que se vio afectado con la conducta del senador por las razones expuestas.

¿Qué dijo el parlamentario en redes para que usted tomara esa opción?

Él mezcló, en sus mensajes, hechos y situaciones ocurridos en épocas absolutamente diferentes a las que me correspondieron en la Corte e hizo afirmaciones carentes de veracidad: no conocí al señor Sale, tampoco al señor (Gustavo) Moreno. Además afirmó que recibí plata del narcotráfico y de la corrupción sin presentar ninguna prueba, como no las podría presentar porque no existe ninguna.

¿Por qué cree que el parlamentario vuelve a atacar a los magistrados que ejercieron hace una década y se retiraron hace seis años?

Pensaría que busca aumentar su cuenta de seguidores a través del desprestigio de la Corte, con intenciones a las que no me quiero referir. Lo que sí puedo decir es que ese congresista parece buscar en el pasado una notoriedad presente.

¿Usted estaría interesado en conciliar con él?

No. ¿Cómo hacerlo sobre algo tan delicado como mi buen nombre? No se pueden ir lanzando afirmaciones falsas sin que haya consecuencias.

Las fechas de publicación de los trinos de Gaviria coinciden con las noticias sobre el cartel de la toga. ¿Por qué los vincula a ustedes con ese escándalo?

No tengo idea. Lo cierto es que pretende involucrarme con un episodio totalmente ajeno a mí y a la Corte de la época. Entonces puedo concluir que la finalidad de esas afirmaciones, independientemente del resultado procesal que surja del escándalo del llamado cartel de la toga, es hacerle daño a mi nombre y, por supuesto, restarles legitimidad a las decisiones que adoptó la Corte en los diferentes procesos de importancia del momento, como el del fenómeno de la parapolítica.

Precisamente, Gaviria se refiere a la Corte Suprema de los años en los en que el gobierno Uribe se le enfrentó, cuando ustedes investigaban a parlamentarios de la coalición oficial por vínculos con los paramilitares. ¿Podría tratarse de una retaliación o de una reedición de aquella confrontación?

Es posible. Pero permítame afirmar que cuando estuvimos en la Corte nunca hubo enfrentamiento o persecución de la corporación y sus magistrados al Gobierno, como trataron de hacerlo creer. Lo que hicimos fue cumplir las funciones constitucionales de investigación y juzgamiento que tiene la Corte, y se tomaron decisiones que se fundamentan en los expedientes con todas sus pruebas, como el país lo sabe y lo puede volver a constatar. Claro que en este desorden institucional en que estamos inmersos, ejercer apropiadamente las funciones que otorga la Constitución podría llegar a ser una disculpa para que se pretenda ejercer una retaliación.

Si eso fuera cierto, ¿se podría concluir que la condena a más de 65 parapolíticos afectó los intereses políticos del Gobierno de la época?

Por supuesto. Si, de memoria, se hace la evaluación de lo que dijo Mancuso cuando un grupo de parlamentarios lo invitó a visitar el Capitolio, sobre al porcentaje de congresistas que serían cercanos al paramilitarismo, se podría afirmar también que sus frases quedaron plenamente demostradas. A tal punto que, descontadas las curules y votos de los senadores y representantes procesados y condenados, las mayorías gubernamentales en el Congreso y la aprobación de los proyectos oficiales hubieran quedado seriamente afectados.

Uno de los trinos de José Obdulio Gaviria decía: “tiempos tenebrosos… implantaron dictadura de jueces como Ibáñez, Arrubla, Bustos, Ricaurte… Prevaricaban, chantajeaban”. ¿Qué comentarios le merece esa frase?

Con las expresiones utilizadas se atribuye la comisión de delitos a unas personas y, al asignarles a estas la ejecución de esos actos sin ningún sustento, se configura la figura de la calumnia con una gravedad mayor cuando quien incurre en esa falta es un senador. Y cuando, para dar la impresión de verdad y deslegitimar la labor de la Corte en las decisiones mencionadas, se mezclan maliciosamente nuestros nombres con los de algunos de los involucrados con el escándalo del cartel de la toga.

Me parece más delicado el mensaje que Gaviria reenvío a todos sus contactos y según el cual “… Corte Arrubla, Ibáñez, Ramírez y Cía mantenían tratos con el mafioso Sale ¿El $ en qué lo transportaban? Preguntar a Moreno”. En consecuencia, le pregunto: ¿usted conoció a Giorgio Sale (condenado por narcotráfico) y qué tuvo que ver con él? Dos: ¿recibió algún dinero de él y por cuál motivo? Tres: ¿conoció o tuvo algún tipo de trato con Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción detenido por corrupto?

Esas afirmaciones serían risibles si no tuvieran la gravedad de su contenido. Resulta que jamás conocí a una persona llamada Giorgio Sale y tampoco conozco ni conocí al señor Moreno. Como si ya no fuera suficientemente mendaz, las afirmaciones de dicho senador se agravan cuando añade que recibimos dinero, lo cual maximiza el calibre de la acusación. Y, desde luego, la vulneración al buen nombre.

¿Es cierto que ustedes “llamaron a rendir cuentas a Uribe por haber extraditado a paramilitares”, como sostuvo el parlamentario Gaviria, quien también aseguró que sí eran “¿cosas del vil $?”? ¿La Corte Suprema podía llamar a “rendir cuentas” al exmandatario?

Todo el mundo sabe que la Corte Suprema no es el juez natural del presidente de la República; luego, mal podría haberlo hecho. Lo que sí es cierto, y allí se tergiversa, es que la Corte, y también el país entero, tenían, con razón, preocupación por la suerte que correría la verdad judicial en los procesos que se adelantaban en Colombia con base en las declaraciones de algunos jefes paramilitares que iban a ser extraditados, pues era posible que esa verdad se esfumara. Por fortuna, el gobierno de Estados Unidos puso todo su empeño en que los extraditados entregaran sus versiones tanto a Justicia y Paz como a los procesos de la parapolítica que tramitaba la Corte, en su Sala Penal. Los resultados son evidentes.

Complementa el senador uribista sus mensajes acusatorios con el siguiente: “Aquí recordando cosas. Como la repulsa de los presidentes de Corte Ibáñez, arrubla (sic) & Cía a la extradición de Macaco, Mancuso y otros”. ¿Hubo alguna decisión judicial en que se repudiara la extradición de los paramilitares?

Nunca. Eso es totalmente irreal.

¿Cuál fue la posición de la Corte y sus pronunciamientos cuando se iba a autorizar la extradición de los jefes del paramilitarismo?

La Corte Suprema condicionó la extradición de esas personas a que dijeran la verdad y repararan a sus víctimas en Colombia. El presidente de la República, de todos modos, tenía la última palabra, y en sus manos estaba la decisión de extraditarlos o no.

La mención de alias “Macaco” por parte del congresista Gaviria me llama la atención, porque el exministro de ese mismo gobierno, Diego Palacio, que acaba de quedar en libertad luego de pagar condena por comprar el voto de Yidis Medina para la reelección presidencial, afirmó en entrevista de esta semana que Yidis se dejó condenar aceptando falsedades porque recibió dinero de ese mismo paramilitar. ¿Por qué cree que aparece el narco “Macaco” en dos circunstancias tan disímiles?

Se trata, por supuesto, de dos situaciones diferentes, pero la lógica indica que es a esa persona cuyo alias es Macaco a la que se le debe preguntar si es verdad cada caso en que lo mencionan. Pero, además, la suya es una buena pregunta: ¿cuál será la razón para resaltar a alias Macaco en situaciones diferentes? ¿Sabe? No me lo había preguntado.

Estos ataques del uribismo a la Corte Suprema con la que se enfrentó ese gobierno, ¿los preocupan como grupo? Y ¿qué harían?

Desde luego que preocupan, y mucho. En un ambiente de polarización como el actual, cualquier cosa puede suceder. Mire usted lo que ha pasado en los últimos días, cuando se ha tratado de coartar la libertad de expresión de unos periodistas. ¿No le parece preocupante? Frente a esa situación, el único mecanismo que tenemos es el de acudir a la justicia.

Pero, con todo respeto, no me contestó: ¿van a tomar alguna acción internacional de grupo los exmagistrados de la Corte Suprema como colectivo?

Ha habido algunas manifestaciones del grupo, sobre todo de expresidentes de la corporación, pero, en concreto, frente a casos de corrupción como el del cartel de la toga. Aclaro que no se ha pensado en una acción internacional, porque estamos seguros de que los mecanismos internos funcionan cabalmente.

Frente a la actual Corte, ya ve usted la penosa conducta del magistrado Malo y la del exmagistrado Bustos: ambos tratando de burlar la justicia… La corporación va a terminar peor parada de lo que ya está.

Es absolutamente cierto. La Corte tiene la obligación de propiciar los mecanismos para que las decisiones se tomen lo más pronto posible, independientemente de la persona de que se trate. En juego no está el prestigio de los investigados, sino el de la titularidad de la corporación.

Súmele el retraso en procesos de tan hondo significado como el pendiente de condena o absolución del exgobernador Luis Alfredo Ramos, al que parecen estarle haciéndole el quite.

Le doy una respuesta académica y no de casos concretos: la justicia no puede tener altibajos o excepciones en la aplicación de la ley. Mientras se implementan los mecanismos nuevos previstos recientemente, hay que aplicar los anteriores que todavía conservan vigencia.

El candidato Iván Duque ha propuesto cerrar las cortes actuales, cambiar 100 % la cúpula de magistrados y crear una única supercorte. ¿Qué opina de esta idea?

La pregunta es de tal dimensión que podría hacerse un conversatorio: la reforma a la justicia es necesaria, pero una reforma de verdad, repensando la forma de impartir justicia y el acceso a la misma como un derecho. Si el Congreso no ha podido hacer la reforma, se debe insistir en que la haga. Y la “arquitectura” judicial sería la siguiente pregunta: con equilibrio de poder, independencia y autonomía como sus pilares. Surgen después muchas otras preguntas: ¿cuántas cortes? ¿Es pertinente el control constitucional, incluida la tutela, en órgano independiente? ¿Los controles fiscales, disciplinarios y acusatorios se deben conservar en la forma actual? Esas son inquietudes que se responden como consecuencia del desarrollo de los criterios iniciales, pero que no son causa por sí mismas de una reforma.

Con los antecedentes históricos del uribismo, ¿cree que esta agrupación política tiene credibilidad para adelantar una reforma a la justicia que implique eliminación de los altos tribunales?

Me limito a decir lo siguiente: espero que la reforma sea institucional y no pasional.

El eventual próximo gobierno, si llega el partido que lidera las encuestas y cuyo jefe y algunos de sus familiares tienen procesos pendientes en la Corte Suprema y en otras instancias judiciales, ¿cuenta con legitimidad para reformar la justicia?

Se debe proteger el equilibrio de poderes con independencia de las personas que estén siendo investigadas. Si no fuere así, la reforma no tendría ninguna legitimidad.

Denuncia de otro expresidente de la Corte Suprema

El expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, también denunció penalmente por injuria y calumnia al senador del uribismo José Obdulio Gaviria por sus afirmaciones en redes sociales contra él y contra su colega Augusto Ibáñez que hicieron parte de esa corporación hace una década. Consultado por los motivos que habrían llevado al congresista a mencionarlos, de nuevo, tanto tiempo después de los acontecimientos que generaron tensión entre los altos tribunales y la administración Uribe, Arrubla contestó:

“Con un marcado oportunismo, el parlamentario Gaviria intenta aprovecharse de la crisis creada por el escándalo del ‘cartel de la toga’ para meter en el mismo costal los casos de personas que fueron condenadas por la Corte Suprema de entonces, por los hechos delictivos conocidos como la yidispolitica, la parapolítica y Agroingreso Seguro y a quienes el gobierno del momento tenía interés en defender. Tales procesos no tienen ninguna relación con los que fueron contaminados por el ‘cartel de la toga’ que, al parecer, surge a partir del 2012, año en que nosotros nos retiramos. Mi denuncia contra Gaviria es, tal como la del doctor Ibáñez, por sus mensajes calumniosos en medios digitales, agravados porque los repitió en una cadena de radio de alta sintonía.

“No hay impedimentos para juzgar al senador querellado”

Los magistrados actuales de la Sala Penal, ¿pueden adelantar los casos interpuestos por usted y el doctor Arrubla? ¿Tendrán la voluntad de hacerlo en momentos en que el partido al que pertenece el senador Gaviria gana en las encuestas electorales?

Como lo ordena la Constitución, la corte es competente para conocer de las conductas punibles cometidas por los congresistas. Desde luego, espero que se cumpla, cabalmente, la función de hacerlo por parte de los magistrados actuales y no tengo ninguna duda al respecto. Afirmo categóricamente que la corte no tiene en cuenta, en sus determinaciones y decisiones, el avatar político. Así ocurre en todas las democracias.

¿No cree que algunos se podrían declarar impedidos en caso de que los hubieran conocido a ustedes o hubieran tenido cargos en la corte que ustedes integraron?

No creo. La Corte Suprema se ciñe a sus funciones y  a sus deberes constitucionales, como he dicho varias veces.  Y si los cumplen, no pueden existir impedimentos en ellos ni tampoco nadie los puede recusar porque los hechos que nos endilga la persona querellada, son anteriores al ingreso de los miembros de la actual Sala Penal.