Presidenta de la JEP: “Los vinculados han tenido conducta intachable”

Pese a que la JEP es una realidad constitucional, hay muchos poderes tratando de anularla ¿Teme por el futuro de la Jurisdicción Especial y cree que existe la posibilidad de que sea eliminada o vaciada de competencias?

La JEP es, hoy, una realidad irreversible, una realidad jurídica, política y ética cuyo marco normativo está completo y ha sido avalado por la Corte Constitucional, lo que nos permite funcionar y actuar de manera plena. Esa realidad se da en una sociedad fragmentada y dividida por más de medio siglo de un conflicto armado que dejó a cerca de diez millones de víctimas. Esto supone que en algunos sectores primen la desconfianza, el miedo, la incertidumbre y la lógica de la guerra al interpretar un modelo de justicia que busca la verdad plena y le apuesta a la reconciliación sin impunidad. Tal vez por eso algunos grupos arremeten no solo contra la JEP sino contra todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. No obstante, estoy segura de que las víctimas y gran parte de la sociedad no permitirán que se elimine la Jurisdicción, se le quiten sus competencias o la esterilicen por otras vías.

En este momento crucial, ¿qué pasaría con el juzgamiento de los crímenes cometidos en la guerra si se eliminan o cercenan las competencias de la JEP por decisión política, como parece que se intentará en la actual legislatura?

En el marco del Acuerdo final y las normas constitucionales y legales que lo han desarrollado, no creo que eso vaya a pasar, dado el avance del proceso de implementación y los compromisos asumidos por el Estado colombiano frente a crímenes internacionales que no admiten impunidad. El respaldo creciente y sólido de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional (Consejo de Seguridad, Unión Europea y países como Alemania, Gran Bretaña, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza) también constituye un serio compromiso que estoy segura de que no permitirá retrocesos. Pretender torpedear o anular el actual proceso comprometería la responsabilidad internacional del país.

Por sus actitudes y mensajes, pareciera que ciertos sectores políticos temen más que se descubra la verdad de la guerra que la ausencia de justicia punitiva, otra exigencia que hacen los contradictores de la JEP. ¿Comparte esta impresión?

La historia muestra que, en las fases iniciales de posconflicto, muchos temen que la verdad les abra paso a dolorosas historias en las que cumplieron un rol, a sanciones que no se habían contemplado y a retaliaciones; mientras tanto, las víctimas le temen a una verdad que las revictimice. Lo importante es que el país encuentre en esa verdad el alivio necesario para superar, sin olvidar, lo qué pasó; para saber por qué pasó y quién o quiénes lo determinaron. Solo así podremos doblar la página de la guerra.

Hablando de la verdad, hay un ejemplo reciente: la asistencia del general Montoya a una audiencia esta semana. Su comparecencia constituyó casi una ofensa para las víctimas, porque él negó cualquier relación con falsos positivos. Si se comprueba que él miente u oculta parte de la verdad, ¿cuáles consecuencias enfrentaría?

Como entenderá, no puedo referirme a casos concretos. Pero, en términos generales, le puedo decir que quien se postule e ingrese a la JEP y no aporte verdad, no contribuya a la reparación ni a la construcción de garantías de no repetición, comparecerá en la sede adversarial del tribunal que corresponda, que administrará justicia retributiva (la que imparte castigos como privación de libertad).

En las audiencias realizadas se han encontrado víctimas y victimarios. ¿Cómo se perciben esas experiencias de confrontación, por ejemplo, entre presuntos violadores sexuales de la antigua guerrilla y víctimas, o entre militares implicados en falsos positivos y las madres de los asesinados?

Pues le cuento que no han sido escenarios de confrontación. Por el contrario, han sido espacios de mutuo reconocimiento como seres humanos, en donde cada uno ha tenido oportunidad para presentar sus argumentos. Eso hace parte del ambiente que está propiciando la JEP, respetando la centralidad de las víctimas, las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica de los comparecientes.

Además de los sectores políticos a los que aludo, al fiscal general tampoco le gusta la JEP, como consta en sus declaraciones de prensa y pronunciamientos ante el Congreso. La primera confrontación directa de él con ustedes se produjo por la competencia en el caso de extradición de Santrich. ¿Qué piensa de ese debate?

En un Estado de Derecho, funcionarios e instituciones tienen definidas sus competencias y tareas, las cuales se deben cumplir de manera estricta, oportuna y sin extralimitaciones. El señor fiscal llevó iniciativas al Congreso que consideró necesarias para ajustar el modelo. Algunas prosperaron y otras no. Luego la Corte Constitucional las revisó. Y nosotros acatamos y aplicamos la decisión del órgano jurisdiccional de cierre. En otras ocasiones, el señor fiscal ha impulsado figuras como el conflicto de competencias. Eso sucede en las democracias. Lo importante es que cuando una autoridad pública actúe, lo haga de manera rigurosa y prudente, en el marco estricto de sus competencias y, siempre, para favorecer el interés general. Quienes cumplimos funciones judiciales debemos aportar a la convivencia armónica y a la paz del país. Eso es lo que hacemos en la JEP.

Y en cuanto a la competencia en el caso extradición de Santrich, ¿qué responde?

Cuando la Corte Constitucional dirimió el conflicto de competencias impulsado por el señor fiscal sobre la garantía de no extradición, consagrada en el Acto Legislativo que creó la JEP, dejó claro que debemos aplicar, en su integridad, el artículo 19 transitorio de esa norma constitucional; esto es, que al examinar la solicitud de extradición de un compareciente de las Farc se debe establecer si la presunta conducta por la que es requerida la persona se produjo antes o después del 1° de diciembre de 2016 y que para hacerlo, obviamente, como cualquier juez, debe practicar pruebas. Al examinar la ley estatutaria, según el comunicado, la Corte ratificó esa decisión.

La diferencia importante con el fiscal era, precisamente, si la JEP estaba autorizada a practicar pruebas. Eso quedó claro con el pronunciamiento de la Corte. Ahora usted menciona, discretamente, el deber de actuar “de manera rigurosa y prudente” además de “aportar a la convivencia armónica”. ¿El fiscal se ajusta a esa línea o no?

Creo que todos los servidores públicos tenemos una obligación que trasciende lo jurídico: es una responsabilidad ética y moral con las víctimas, la sociedad y las futuras generaciones.

Críptica respuesta. Entonces, y en últimas, ¿de qué dependerá que la extradición de Santrich se autorice o niegue y qué impacto tendrá esa decisión en la credibilidad de la JEP frente a los otros actores de la guerra que firmaron unas condiciones con el Estado y que, eventualmente, podrían ser sometidos a extradiciones no pactadas en el Acuerdo?

Debo manifestar, de nuevo, que no me es posible pronunciarme sobre casos concretos. No obstante, en general, y como anoté antes, la competencia de la JEP se acota en la determinación de la fecha de comisión de la presunta conducta que origina la solicitud de extradición. Pero, en síntesis, a la JEP le corresponde establecer si aplica o no la garantía de no extradición.

Sin embargo y con todo respeto, no es posible blindar a nadie de las consecuencias de un supuesto montaje judicial, si ese fuere el caso, como lo alegan los abogados de las antiguas Farc…

Los actores de la guerra que dieron el paso a la reintegración y la paz e incursionaron en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, concretamente en la JEP, que cumplan sus obligaciones y compromisos, pueden tener la certeza de que aplicaremos, de manera estricta, los mandatos que nos dan la Constitución y la ley, honrando los compromisos que emanan del Acuerdo final.

Me da pena insistirle pero me parece que hay poderes externos superiores a la voluntad de la JEP: en concreto, la presión diplomática abierta e interna de Estados Unidos y el apoyo local a la política norteamericana por parte de la Fiscalía General en cuanto a extradiciones…

En esa misma dimensión, le insisto en nuestra confianza en las instituciones colombianas y en nuestra disposición a acudir, cuando sea necesario, a las herramientas que nos da la Constitución si se producen actuaciones que afecten el funcionamiento del sistema o si se pretende obstruir el cumplimiento de su mandato. Esto aplica, también, frente a autoridades extranjeras que, eventualmente, se inmiscuyan en el desarrollo de nuestras tareas. Por eso, hace unos meses y de manera comedida aunque clara le pedimos al embajador de Estados Unidos el debido respeto a nuestra autonomía.

Esta semana debió ser difícil para usted por la intempestiva rueda de prensa del fiscal Martínez Neira en que anunció interrogatorios para tres funcionarios de la JEP por ser “inescrupulosos” y por “estar preparando falsedades y fraudes procesales”. ¿Le cayó como baldado de agua fría esa imputación pública tan grave para la credibilidad del sistema?

El proceso de implementación de la Jurisdicción avanza de manera satisfactoria. Es estimulante ver cómo toma forma y se desarrolla el modelo. Cada audiencia que se realiza, cada víctima que se incorpora, cada decisión que se adopta, le muestra al país que es posible el camino a la verdad reparadora que servirá de base a los propósitos de no impunidad y reconciliación. Por esto, noticias como esa son difíciles para nosotros porque minan la credibilidad que, esmeradamente, construimos paso a paso. Y, desde luego, impactan negativamente el proceso. Las autoridades, no obstante, debemos dejar que la Fiscalía cumpla sus deberes sin interferencias, seguros de que lo hará respetando las garantías constitucionales de los llamados y conscientes de la necesidad urgente que tienen las víctimas y el país de que la situación se resuelva pronto.

¿Usted fue enterada de esa noticia por el fiscal o lo supo en la rueda de prensa que él dio? Uno supone que entre las cabezas de jurisdicciones distintas y del mismo nivel hay protocolos de respeto y consideración….

El señor fiscal general, amablemente, se comunicó por teléfono conmigo media hora antes de su rueda de prensa.

No me parece tan respetuoso: media hora antes lo puede saber, incluso, la prensa ¿No era deseable que lo hiciera antes y sobre todo que le dijera cuán comprometida quedaba la JEP siendo, como es usted, presidenta de la Jurisdicción?

Él consideró que ese era el momento, y respeto su decisión.

¿En qué grado cree que se afecta la reputación y autoridad moral de la JEP?

Construimos día a día la reputación y autoridad moral de la JEP. Todos y cada uno de sus servidores estamos comprometidos en ese propósito y, por eso, asumimos las investigaciones de la Fiscalía con el respeto que les debemos a las autoridades competentes para realizarlas, seguros de que lo harán acatando estrictamente el ordenamiento jurídico y las garantías procesales. El comportamiento de las personas vinculadas a la investigación ha sido, hasta ahora, intachable y comprometido. Si la Fiscalía prueba la existencia de irregularidades, tendrá que aplicar la ley. Si no, deberá restituir el buen nombre de ellas, que, a su vez, compromete el buen nombre de la institución.

Dos de los llamados por la Fiscalía son contratistas. La tercera es de alto rango: la directora administrativa de la Jurisdicción, Martha Lucía Zamora. ¿Tiene dudas de ella o la respalda?

Ella es una reconocida profesional del derecho con una amplia trayectoria en el servicio público. También ha prestado un valioso servicio a la jurisdicción desde el área administrativa, aportando al proceso de implementación, de manera decidida y certera.

A usted, personalmente y como presidenta de la JEP, ¿cómo la afectó esa situación?

Estoy próxima a cumplir un año como presidenta de la Jurisdicción y, como tal, he tenido que afrontar momentos y situaciones difíciles que he superado con el apoyo de mis colegas y de todos los servidores de la JEP. No obstante, si hago un balance y verifico los avances y metas cumplidas, como lo hago a diario, estos son más y me muestran que es posible hacer realidad los objetivos de justicia restaurativa (reconocimiento de responsabilidad y verdad en lugar de castigos) que le corresponden a la JEP.

Con sinceridad, ¿no se siente un poco decepcionada por la falta de apoyo institucional y de voluntad política de poderosos sectores del Estado hacia la JEP?

Me siento animada y estimulada por las reiteradas manifestaciones y muestras de apoyo de las víctimas, de la gente y especialmente de los jóvenes y las mujeres. Y también del reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional que cree en nosotros.

No puedo dejar de referirme a la sentencia en que la Corte Constitucional declara la exequibilidad de la JEP y ante la cual el fiscal general también ha encontrado objeciones, aun cuando no se conoce el texto total. De lo que se sabe de la misma, ¿cuáles expectativas tiene?

La decisión de la Corte sobre la ley estatutaria es producto de un riguroso, detallado y exhaustivo examen de constitucionalidad. Responde, como ha sido tradición en esa corporación, a un estricto ejercicio democrático que salvaguarda nuestro ordenamiento superior. Nos brinda certeza jurídica y tranquilidad, por cuanto nos entrega una herramienta sólida que nos servirá para cumplir nuestras funciones, garantizando a las víctimas, a los comparecientes y a la sociedad seguridad jurídica y debido proceso. Hay ya un comunicado oficial de prensa que indica clara e inequívocamente en qué sentido la Corte ha tomado su decisión.

Márquez y compañía: se reportan o pierden beneficios

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les dio 10 días a 31 exjefes de la guerrilla para que se reporten y expliquen el cumplimiento de sus compromisos ¿Tiene que ver esta orden con la desaparición de los espacios territoriales, de Iván Márquez, el “paisa” y otros?

La Sala de Verdad y Responsabilidad vinculó a excombatientes de las Farc con el delito de secuestro. Esas personas asumieron unos compromisos cuyo cumplimiento deben acreditar, entre otros, actividades que tienen que realizar en los Espacios Territoriales. Teniendo en cuenta los informes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Sala decidió llamarlas a que reiteren su voluntad de sometimiento, reporten las labores de reintegración que han desarrollado y las acciones orientadas a la ubicación de restos humanos de secuestrados, tarea que aceptaron  ejecutar. Al efecto, deben presentar en el término señalado, reportes individuales. De no hacerlo, estarían irrespetando el régimen de condicionalidad, lo que les acarrearía el inicio de incidentes de incumplimiento con consecuencias jurídicas, incluida la posibilidad de pérdida de beneficios.

Para que quede claro: ¿este llamado de advertencia compromete a Márquez y a los otros cuya ubicación se desconoce?

Sí.

Generales del Estado y Secretariado de las Farc, ante la JEP

¿Cuánto hace que se inició la JEP y cuántos actores del conflicto han comparecido?

Las competencias judiciales de la JEP se activaron el 15 de marzo, especialmente las que corresponden a las salas no ‘adversariales’. La fase de juzgamiento no ha comenzado pues, antes, se requiere que se construyan los macro-casos, dado que nuestro objetivo es el de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En esta primera fase, los comparecientes deben ofrecer verdad plena, reparación y garantías de no repetición. Si no cumplen, pasarán a la respectiva sección del Tribunal para la Paz, para ser procesados. A la fecha, hay alrededor de 9.410 exguerrilleros postulados; 1.914 miembros de la fuerza pública, 33 entre agentes del Estado y terceros, y 7 por protesta social.

¿Quién es o quiénes son los comparecientes de mayor rango?

A la fecha se han acogido 25 militares de alto rango, entre ellos 5 generales y 20 coroneles. Y de las Farc, todos los integrantes del antiguo Secretariado. De hecho, los primeros casos asumidos por la Sala de Reconocimiento de Verdad son los relacionados con secuestros y falsos positivos, con lo que cumplimos con el principio de simetría y simultaneidad: el primero compromete a las Farc y el segundo, a agentes del Estado.

Pese a que la JEP es una realidad constitucional, hay muchos poderes tratando de anularla ¿Teme por el futuro de la Jurisdicción Especial y cree que existe la posibilidad de que sea eliminada o vaciada de competencias?

La JEP es, hoy, una realidad irreversible, una realidad jurídica, política y ética cuyo marco normativo está completo y ha sido avalado por la Corte Constitucional, lo que nos permite funcionar y actuar de manera plena. Esa realidad se da en una sociedad fragmentada y dividida por más de medio siglo de un conflicto armado que dejó a cerca de diez millones de víctimas. Esto supone que en algunos sectores primen la desconfianza, el miedo, la incertidumbre y la lógica de la guerra al interpretar un modelo de justicia que busca la verdad plena y le apuesta a la reconciliación sin impunidad. Tal vez por eso algunos grupos arremeten no solo contra la JEP sino contra todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. No obstante, estoy segura de que las víctimas y gran parte de la sociedad no permitirán que se elimine la Jurisdicción, se le quiten sus competencias o la esterilicen por otras vías.

En este momento crucial, ¿qué pasaría con el juzgamiento de los crímenes cometidos en la guerra si se eliminan o cercenan las competencias de la JEP por decisión política, como parece que se intentará en la actual legislatura?

En el marco del Acuerdo final y las normas constitucionales y legales que lo han desarrollado, no creo que eso vaya a pasar, dado el avance del proceso de implementación y los compromisos asumidos por el Estado colombiano frente a crímenes internacionales que no admiten impunidad. El respaldo creciente y sólido de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional (Consejo de Seguridad, Unión Europea y países como Alemania, Gran Bretaña, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza) también constituye un serio compromiso que estoy segura de que no permitirá retrocesos. Pretender torpedear o anular el actual proceso comprometería la responsabilidad internacional del país.

Por sus actitudes y mensajes, pareciera que ciertos sectores políticos temen más que se descubra la verdad de la guerra que la ausencia de justicia punitiva, otra exigencia que hacen los contradictores de la JEP. ¿Comparte esta impresión?

La historia muestra que, en las fases iniciales de posconflicto, muchos temen que la verdad les abra paso a dolorosas historias en las que cumplieron un rol, a sanciones que no se habían contemplado y a retaliaciones; mientras tanto, las víctimas le temen a una verdad que las revictimice. Lo importante es que el país encuentre en esa verdad el alivio necesario para superar, sin olvidar, lo qué pasó; para saber por qué pasó y quién o quiénes lo determinaron. Solo así podremos doblar la página de la guerra.

Hablando de la verdad, hay un ejemplo reciente: la asistencia del general Montoya a una audiencia esta semana. Su comparecencia constituyó casi una ofensa para las víctimas, porque él negó cualquier relación con falsos positivos. Si se comprueba que él miente u oculta parte de la verdad, ¿cuáles consecuencias enfrentaría?

Como entenderá, no puedo referirme a casos concretos. Pero, en términos generales, le puedo decir que quien se postule e ingrese a la JEP y no aporte verdad, no contribuya a la reparación ni a la construcción de garantías de no repetición, comparecerá en la sede adversarial del tribunal que corresponda, que administrará justicia retributiva (la que imparte castigos como privación de libertad).

En las audiencias realizadas se han encontrado víctimas y victimarios. ¿Cómo se perciben esas experiencias de confrontación, por ejemplo, entre presuntos violadores sexuales de la antigua guerrilla y víctimas, o entre militares implicados en falsos positivos y las madres de los asesinados?

Pues le cuento que no han sido escenarios de confrontación. Por el contrario, han sido espacios de mutuo reconocimiento como seres humanos, en donde cada uno ha tenido oportunidad para presentar sus argumentos. Eso hace parte del ambiente que está propiciando la JEP, respetando la centralidad de las víctimas, las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica de los comparecientes.

Además de los sectores políticos a los que aludo, al fiscal general tampoco le gusta la JEP, como consta en sus declaraciones de prensa y pronunciamientos ante el Congreso. La primera confrontación directa de él con ustedes se produjo por la competencia en el caso de extradición de Santrich. ¿Qué piensa de ese debate?

En un Estado de Derecho, funcionarios e instituciones tienen definidas sus competencias y tareas, las cuales se deben cumplir de manera estricta, oportuna y sin extralimitaciones. El señor fiscal llevó iniciativas al Congreso que consideró necesarias para ajustar el modelo. Algunas prosperaron y otras no. Luego la Corte Constitucional las revisó. Y nosotros acatamos y aplicamos la decisión del órgano jurisdiccional de cierre. En otras ocasiones, el señor fiscal ha impulsado figuras como el conflicto de competencias. Eso sucede en las democracias. Lo importante es que cuando una autoridad pública actúe, lo haga de manera rigurosa y prudente, en el marco estricto de sus competencias y, siempre, para favorecer el interés general. Quienes cumplimos funciones judiciales debemos aportar a la convivencia armónica y a la paz del país. Eso es lo que hacemos en la JEP.

Y en cuanto a la competencia en el caso extradición de Santrich, ¿qué responde?

Cuando la Corte Constitucional dirimió el conflicto de competencias impulsado por el señor fiscal sobre la garantía de no extradición, consagrada en el Acto Legislativo que creó la JEP, dejó claro que debemos aplicar, en su integridad, el artículo 19 transitorio de esa norma constitucional; esto es, que al examinar la solicitud de extradición de un compareciente de las Farc se debe establecer si la presunta conducta por la que es requerida la persona se produjo antes o después del 1° de diciembre de 2016 y que para hacerlo, obviamente, como cualquier juez, debe practicar pruebas. Al examinar la ley estatutaria, según el comunicado, la Corte ratificó esa decisión.

La diferencia importante con el fiscal era, precisamente, si la JEP estaba autorizada a practicar pruebas. Eso quedó claro con el pronunciamiento de la Corte. Ahora usted menciona, discretamente, el deber de actuar “de manera rigurosa y prudente” además de “aportar a la convivencia armónica”. ¿El fiscal se ajusta a esa línea o no?

Creo que todos los servidores públicos tenemos una obligación que trasciende lo jurídico: es una responsabilidad ética y moral con las víctimas, la sociedad y las futuras generaciones.

Críptica respuesta. Entonces, y en últimas, ¿de qué dependerá que la extradición de Santrich se autorice o niegue y qué impacto tendrá esa decisión en la credibilidad de la JEP frente a los otros actores de la guerra que firmaron unas condiciones con el Estado y que, eventualmente, podrían ser sometidos a extradiciones no pactadas en el Acuerdo?

Debo manifestar, de nuevo, que no me es posible pronunciarme sobre casos concretos. No obstante, en general, y como anoté antes, la competencia de la JEP se acota en la determinación de la fecha de comisión de la presunta conducta que origina la solicitud de extradición. Pero, en síntesis, a la JEP le corresponde establecer si aplica o no la garantía de no extradición.

Sin embargo y con todo respeto, no es posible blindar a nadie de las consecuencias de un supuesto montaje judicial, si ese fuere el caso, como lo alegan los abogados de las antiguas Farc…

Los actores de la guerra que dieron el paso a la reintegración y la paz e incursionaron en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, concretamente en la JEP, que cumplan sus obligaciones y compromisos, pueden tener la certeza de que aplicaremos, de manera estricta, los mandatos que nos dan la Constitución y la ley, honrando los compromisos que emanan del Acuerdo final.

Me da pena insistirle pero me parece que hay poderes externos superiores a la voluntad de la JEP: en concreto, la presión diplomática abierta e interna de Estados Unidos y el apoyo local a la política norteamericana por parte de la Fiscalía General en cuanto a extradiciones…

En esa misma dimensión, le insisto en nuestra confianza en las instituciones colombianas y en nuestra disposición a acudir, cuando sea necesario, a las herramientas que nos da la Constitución si se producen actuaciones que afecten el funcionamiento del sistema o si se pretende obstruir el cumplimiento de su mandato. Esto aplica, también, frente a autoridades extranjeras que, eventualmente, se inmiscuyan en el desarrollo de nuestras tareas. Por eso, hace unos meses y de manera comedida aunque clara le pedimos al embajador de Estados Unidos el debido respeto a nuestra autonomía.

Esta semana debió ser difícil para usted por la intempestiva rueda de prensa del fiscal Martínez Neira en que anunció interrogatorios para tres funcionarios de la JEP por ser “inescrupulosos” y por “estar preparando falsedades y fraudes procesales”. ¿Le cayó como baldado de agua fría esa imputación pública tan grave para la credibilidad del sistema?

El proceso de implementación de la Jurisdicción avanza de manera satisfactoria. Es estimulante ver cómo toma forma y se desarrolla el modelo. Cada audiencia que se realiza, cada víctima que se incorpora, cada decisión que se adopta, le muestra al país que es posible el camino a la verdad reparadora que servirá de base a los propósitos de no impunidad y reconciliación. Por esto, noticias como esa son difíciles para nosotros porque minan la credibilidad que, esmeradamente, construimos paso a paso. Y, desde luego, impactan negativamente el proceso. Las autoridades, no obstante, debemos dejar que la Fiscalía cumpla sus deberes sin interferencias, seguros de que lo hará respetando las garantías constitucionales de los llamados y conscientes de la necesidad urgente que tienen las víctimas y el país de que la situación se resuelva pronto.

¿Usted fue enterada de esa noticia por el fiscal o lo supo en la rueda de prensa que él dio? Uno supone que entre las cabezas de jurisdicciones distintas y del mismo nivel hay protocolos de respeto y consideración….

El señor fiscal general, amablemente, se comunicó por teléfono conmigo media hora antes de su rueda de prensa.

No me parece tan respetuoso: media hora antes lo puede saber, incluso, la prensa ¿No era deseable que lo hiciera antes y sobre todo que le dijera cuán comprometida quedaba la JEP siendo, como es usted, presidenta de la Jurisdicción?

Él consideró que ese era el momento, y respeto su decisión.

¿En qué grado cree que se afecta la reputación y autoridad moral de la JEP?

Construimos día a día la reputación y autoridad moral de la JEP. Todos y cada uno de sus servidores estamos comprometidos en ese propósito y, por eso, asumimos las investigaciones de la Fiscalía con el respeto que les debemos a las autoridades competentes para realizarlas, seguros de que lo harán acatando estrictamente el ordenamiento jurídico y las garantías procesales. El comportamiento de las personas vinculadas a la investigación ha sido, hasta ahora, intachable y comprometido. Si la Fiscalía prueba la existencia de irregularidades, tendrá que aplicar la ley. Si no, deberá restituir el buen nombre de ellas, que, a su vez, compromete el buen nombre de la institución.

Dos de los llamados por la Fiscalía son contratistas. La tercera es de alto rango: la directora administrativa de la Jurisdicción, Martha Lucía Zamora. ¿Tiene dudas de ella o la respalda?

Ella es una reconocida profesional del derecho con una amplia trayectoria en el servicio público. También ha prestado un valioso servicio a la jurisdicción desde el área administrativa, aportando al proceso de implementación, de manera decidida y certera.

A usted, personalmente y como presidenta de la JEP, ¿cómo la afectó esa situación?

Estoy próxima a cumplir un año como presidenta de la Jurisdicción y, como tal, he tenido que afrontar momentos y situaciones difíciles que he superado con el apoyo de mis colegas y de todos los servidores de la JEP. No obstante, si hago un balance y verifico los avances y metas cumplidas, como lo hago a diario, estos son más y me muestran que es posible hacer realidad los objetivos de justicia restaurativa (reconocimiento de responsabilidad y verdad en lugar de castigos) que le corresponden a la JEP.

Con sinceridad, ¿no se siente un poco decepcionada por la falta de apoyo institucional y de voluntad política de poderosos sectores del Estado hacia la JEP?

Me siento animada y estimulada por las reiteradas manifestaciones y muestras de apoyo de las víctimas, de la gente y especialmente de los jóvenes y las mujeres. Y también del reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional que cree en nosotros.

No puedo dejar de referirme a la sentencia en que la Corte Constitucional declara la exequibilidad de la JEP y ante la cual el fiscal general también ha encontrado objeciones, aun cuando no se conoce el texto total. De lo que se sabe de la misma, ¿cuáles expectativas tiene?

La decisión de la Corte sobre la ley estatutaria es producto de un riguroso, detallado y exhaustivo examen de constitucionalidad. Responde, como ha sido tradición en esa corporación, a un estricto ejercicio democrático que salvaguarda nuestro ordenamiento superior. Nos brinda certeza jurídica y tranquilidad, por cuanto nos entrega una herramienta sólida que nos servirá para cumplir nuestras funciones, garantizando a las víctimas, a los comparecientes y a la sociedad seguridad jurídica y debido proceso. Hay ya un comunicado oficial de prensa que indica clara e inequívocamente en qué sentido la Corte ha tomado su decisión.

Márquez y compañía: se reportan o pierden beneficios

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les dio 10 días a 31 exjefes de la guerrilla para que se reporten y expliquen el cumplimiento de sus compromisos ¿Tiene que ver esta orden con la desaparición de los espacios territoriales, de Iván Márquez, el “paisa” y otros?

La Sala de Verdad y Responsabilidad vinculó a excombatientes de las Farc con el delito de secuestro. Esas personas asumieron unos compromisos cuyo cumplimiento deben acreditar, entre otros, actividades que tienen que realizar en los Espacios Territoriales. Teniendo en cuenta los informes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Sala decidió llamarlas a que reiteren su voluntad de sometimiento, reporten las labores de reintegración que han desarrollado y las acciones orientadas a la ubicación de restos humanos de secuestrados, tarea que aceptaron  ejecutar. Al efecto, deben presentar en el término señalado, reportes individuales. De no hacerlo, estarían irrespetando el régimen de condicionalidad, lo que les acarrearía el inicio de incidentes de incumplimiento con consecuencias jurídicas, incluida la posibilidad de pérdida de beneficios.

Para que quede claro: ¿este llamado de advertencia compromete a Márquez y a los otros cuya ubicación se desconoce?

Sí.

Generales del Estado y Secretariado de las Farc, ante la JEP

¿Cuánto hace que se inició la JEP y cuántos actores del conflicto han comparecido?

Las competencias judiciales de la JEP se activaron el 15 de marzo, especialmente las que corresponden a las salas no ‘adversariales’. La fase de juzgamiento no ha comenzado pues, antes, se requiere que se construyan los macro-casos, dado que nuestro objetivo es el de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En esta primera fase, los comparecientes deben ofrecer verdad plena, reparación y garantías de no repetición. Si no cumplen, pasarán a la respectiva sección del Tribunal para la Paz, para ser procesados. A la fecha, hay alrededor de 9.410 exguerrilleros postulados; 1.914 miembros de la fuerza pública, 33 entre agentes del Estado y terceros, y 7 por protesta social.

¿Quién es o quiénes son los comparecientes de mayor rango?

A la fecha se han acogido 25 militares de alto rango, entre ellos 5 generales y 20 coroneles. Y de las Farc, todos los integrantes del antiguo Secretariado. De hecho, los primeros casos asumidos por la Sala de Reconocimiento de Verdad son los relacionados con secuestros y falsos positivos, con lo que cumplimos con el principio de simetría y simultaneidad: el primero compromete a las Farc y el segundo, a agentes del Estado.